Alberto Rodríguez fuerza un 'cara a cara' con los policías a los que presuntamente agredió

A pocos días del inicio del juicio en su contra en el Supremo, el secretario de Organización y diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha conseguido que el tribunal que le juzgará acepte su petición de que los policías a los que presuntamente agredió en una protesta hace siete años acudan físicamente a la vista oral, que se celebrará a partir del próximo día 21 de septiembre. Su defensa ha recurrido con éxito la decisión inicial de realizar la testifical de los agentes de forma telemática. Así, Rodríguez compartirá sala con los policías. Esta declaración será fundamental para demostrar su inocencia o culpabilidad, informan fuentes jurídicas.

La presencia de los agentes garantizará el derecho de defensa y la exhibición directa de fotografías o vídeos de descargo. El diputado de Podemos se enfrenta a una petición de pena de seis meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 180 euros por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones; así como una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente pateó durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014.

De este modo, los tres policías que actuaron para sofocar la protesta se desplazarán a la sede del alto tribunal en la plaza de las Salesas de Madrid. El juicio estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, mientras que la ponencia ha correspondido al magistrado de la Segunda Miguel Colmenero.

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EFE

Los hechos por los que se le juzga se remontan al 25 de enero de 2014. Con motivo de una manifestación contra el entonces ministro José Ignacio Wert, el hoy parlamentario presuntamente propinó una patada a un agente. La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de este municipio.

Wert acudió a La Laguna a inaugurar la catedral y Rodríguez participó en la protesta contra el acto. En la concentración, se incautaron bolsas con piedras y dos periodistas tuvieron que ser atendidos por botellazos, además de siete agentes que resultaron heridos por los supuestos ataques de "grupos antisistema o violentos". "Sobre las 11, el grupo grita consignas como 'este vallado lo vamos a tirar'. 'Perros'. 'Hijos de puta'. 'Quitaos de en medio y dejad a Wert en nuestras manos' (...) con gran agresividad gestual", dice uno de los atestados policiales. En otro, se reproduce cómo varias personas se dirigieron contra el obispo Bernardo Álvarez, increpándole con frases como: "Eres un hijo de puta", "ojalá te hubiese abortado tu madre", "te vamos a matar", "vamos a quemar tu casa". Todo, mientras lanzaban "latas de refresco y naranjas".

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La concentración acabó con detenciones, siete partes de heridas a los agentes y objetos incautados: una bolsa con piedras de distinto tamaño, el palo partido de una pancarta y cadenas de metal. Los informes sostienen que también se aprehendieron macetas y un monopatín que se estaba empleando para golpear a los policías. En cuanto a Rodríguez, el atestado sostiene que le propinó a un policía "una fuerte patada que le causa lesiones en la rodilla izquierda". El ahora diputado no fue detenido en ese momento, pero "es reconocido sin ningún género de dudas, toda vez que el mismo es habitual en todo tipo de manifestaciones, altercados y agresiones a las fuerzas públicas".

La Fiscalía le atribuye, por lo tanto, un delito previsto y penado en los artículos 550.1 y 2 del Código Penal en la regulación dada a tal precepto por la reforma de 2015, por ser más favorable, y un delito leve de lesiones recogido en el artículo 147.2, y se pide también que asuma las costas procesales. La defensa, por su parte, asegura que la supuesta agresión no se ha acreditado. Durante su declaración ante el instructor, Antonio del Moral, negó los hechos y argumentó que el procedimiento supone una "criminalización de la protesta social".