El contrato de arrendamiento desmiente a Interior: la vivienda no es un piso turístico

La vivienda en la que varios agentes de la Policía Nacional irrumpieron sin orden judicial para desalojar una fiesta ilegal no es un piso turístico. Así lo demuestra el contrato de arrendamiento al que ha tenido acceso El Confidencial. El acuerdo se firmó el 22 de enero de 2021 y termina el 1 de febrero de 2022. El inquilino y firmante del contrato es un ciudadano de Países Bajos, que también fue detenido la noche del 21 de marzo pasado en la operación policial.

Tal y como estipula el contrato, el arrendatario firmó el contrato con el interés de utilizar el inmueble como una vivienda habitual de uso personal. Además, la segunda cláusula del acuerdo señala que el piso "se destina exclusivamente a vivienda del arrendatario y para la permanente ocupación de él".

"Si entrare a convivir con el arrendatario una tercera persona ajena del ámbito familiar directo en primer grado, lo deberá comunicar por escrito a la propiedad, y, en caso de no aceptación por parte de este, supondrá la extinción del contrato", se añade. La renta inicial pactada, según el texto, es de 1.650 durante el primer año de vigencia del contrato.

Según el atestado policial, los agentes observaron "a simple vista que se trataba de un piso turístico de los que habitualmente se alquilan por jóvenes para celebración de fiestas en su interior y por los que precisamente se dictó la orden de 14 de febrero de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por la que se facultaba a los cuerpos de policía local como servicios de inspección turística con la finalidad de evitar y perseguir el desarrollo de las actividades y los alojamientos para fines no contemplados en la normativa que pudieran contribuir a propagar la infección causada por el SARS-CoV-2".

La Justicia avaló a la Policía

El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, en funciones de guardia, avaló el pasado 21 de marzo la entrada de los tres policías en el piso madrileño. Así se pronunció a través de un auto al que ha tenido acceso este medio, emitido después de que los agentes detuvieran a las personas que habían opuesto resistencia a la intervención policial que había tenido lugar la noche anterior, cuando los funcionarios se personaron en el inmueble para desalojar la fiesta ilegal que había organizada y derribaron la puerta con un ariete.

Entre los nueve detenidos, uno de ellos, interpuso un 'habeas corpus' que motivó la respuesta del juzgado, que archivó el procedimiento iniciado por la recurrente y declaró la detención ajustada a derecho. Concretamente, el órgano judicial estipuló que todos los participantes de la fiesta sabían que eran agentes de la Policía Nacional, porque así se habían identificado, y eran conscientes igualmente de que los agentes estaban allí porque los que estaban dentro del piso celebraban una reunión prohibida por la legislación vigente.

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La visita del pasado 21 de marzo al piso no era la primera que hacía la Policía Nacional. El día anterior y varias jornadas antes, agentes del mismo instituto armado se personaron en el inmueble tras recibir sendos avisos de los vecinos, que se quejaban del ruido que provenía de la vivienda, que les impedía conciliar el sueño. En ambas ocasiones, sin embargo, los funcionarios se marcharon sin haber conseguido siquiera identificar a los moradores del apartamento del que provenía la música. Así lo explican fuentes policiales, que aseguran por lo tanto que el día 21 era ya la tercera visita que hacían agentes del cuerpo al mismo domicilio, que según relataron los funcionarios autores del atestado corresponde a un piso turístico.

Además de las tres visitas que llevaron a cabo diferentes grupos de patrulleros de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, también agentes de la Policía Municipal de Madrid se personaron en la instalación con motivo de las denuncias que los vecinos estaban haciendo a propósito del ruido que generaba la reunión prohibida y las consiguientes molestias que provocaba sobre el resto de moradores del edificio. Los funcionarios del cuerpo policial dependiente del Ayuntamiento de Madrid tampoco pudieron identificar a los inquilinos del inmueble, como confirman fuentes de este último organismo.

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Los agentes que llegaron a la vivienda el pasado 21 de marzo conocían ya los intentos infructuosos de sus compañeros por identificar a los moradores de la vivienda. Sin embargo, optaron por insistir más que sus antecesores. Las fuentes consultadas aseguran que los funcionarios estuvieron durante más de 40 minutos tratando de convencer a los residentes en el piso de que salieran para ser identificados, como exigía la normativa. Sin embargo, la extensa charla que tuvieron a uno y otro lado de la cerrada puerta no sirvió para nada. Los inquilinos se aferraron a las cuatro paredes de la vivienda e incluso echaron la llave cuando los policías trataron de acceder por el método del resbalón con el fin de impedir la entrada de los agentes. La situación provocó que los policías decidieran sacar el ariete para entrar a la fuerza en la casa.