Descubren 60 desalobradoras en Murcia en una operación con 68 investigados

La Guardia Civil ha destapado una trama delictiva dedicada al uso de desalobradoras en la comarca del Campo de Cartagena. La operación ‘Chancuatro’, encaminada a detectar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor, ha hecho que se investigue a 68 personas por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Tal y como informa la Benemérita en un comunicado, los agentes han llevado a cabo 52 inspecciones en fincas agrícolas, en algunas de las cuales han sido localizadas y precintadas un total de 60 plantas desalobradoras y 42 pozos irregulares.

La investigación se inició tras culminar las operaciones ‘Chandos’ (iniciada en 2019 con 63 personas investigadas por delitos medioambientales) y ‘Chantres’ (desarrollada en 2020 y que culminó con la investigación de 23 personas), y ante la sospecha de que estas actividades delictivas pudieran continuar.

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Los agentes obtuvieron abundante documentación, entre la que se encuentra la intervenida a una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos con sede en la comarca del Campo de Cartagena (Murcia). Esto permitió centrar la investigación en numerosas fincas agrícolas sospechosas de albergar desalobradoras y pozos de extracción ilegal de agua.

Maquinaria escondida bajo tierra

Cuando se analizaron todos los indicios, la Guardia Civil puso en marcha el pasado mes de febrero un amplio dispositivo policial, dirigido por el SEPRONA y en el que participaron técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura. Se llevó a cabo la inspección de 52 fincas agrícolas, localizando 60 plantas desalobradoras y 42 pozos de captación de aguas con diferentes irregularidades, por lo que se procedió a identificar a sus propietarios.

Algunas de las desalobradoras se encontraban instaladas en zulos construidos en el subsuelo y camuflados, de tal manera que pudieran pasar desapercibidas ante cualquier inspección. Otras se encontraban escondidas en remolques, que facilitaban su transporte hasta cualquier punto de las fincas de forma ágil. Además, algunos de los pozos de extracción de agua habían sido dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, otros carecían del citado contador y varios carecían de la correspondiente autorización administrativa que acredita su legalidad.

Los agentes han comprobado que se trataba de un entramado delictivo orquestado por una mercantil (tres de cuyos responsables son parte de las 68 personas investigadas). Esta empresa ofrecía sus servicios a empresarios agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena. Ofertaban desalobradoras y productos para eliminar la salinidad del agua, y así brindar a los agricultores una forma eficaz de obtener suministro para los cultivos mediante la captación de agua de los acuíferos de la zona.

La maquinaria ha sido precintada y se han obtenido muestras de agua para su análisis

Para llevarlo a cabo, les instalaban la maquinaria, generalmente soterrada para evitar su localización, y se encargaban del servicio de mantenimiento y suministro de los productos necesarios para que el agua captada de los acuíferos fuese filtrada y desprovista de salinidad. Una vez depurada, el rechazo (con un alto porcentaje en sal y productos químicos) era inyectado en pozos ilegales y también vertida a través de ramblas o salmueroductos que desembocan en el Mar Menor.

Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, recogido en el vigente Código Penal, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales aumentan las cifras anteriores pudiendo castigarse las conductas con una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para su profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.