Una guerra entre Policía y Guardia Civil pone en peligro las operaciones Frontex en España

Una guerra soterrada entre los especialistas en extranjería de la Policía Nacional y sus homólogos en la Guardia Civil ha puesto en peligro las operaciones que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tiene en España. La semana pasada, un cruce de correos electrónicos "incendiarios" —según las fuentes consultadas— entre las tres instituciones y el propio Ministerio del Interior puso en duda la renovación de la operación Canarias, la última que ha puesto en marcha Frontex en el país y que viene a reforzar la lucha contra la inmigración irregular en las islas. Era la misión más próxima, pues en ese momento estaba en pleno intercambio de documentación para ser actualizada, pero la tensa situación no solo afectaba a esta actuación, sino a todas las que operan en el país bajo la marca Frontex.

Durante varios días todas estas misiones estuvieron en 'stand by' por este motivo. Frontex dio un ultimátum al Gobierno hasta que el Ministerio del Interior arreglara el problema institucional, que básicamente tenía relación con los recelos competenciales de ambos cuerpos de seguridad. La Policía Nacional es la competente en materia de extranjería, asilo, extradición y refugio, en función de la Ley 2/86 de fuerzas de seguridad, de ahí que inicialmente sea la que ejerce en la práctica como delegación de la agencia europea. Sus altos mandos, de hecho, defendían este extremo. La Guardia Civil, por su parte, trataba de meter cuchara en este terreno y argumentaba que también tenía derecho a participar en la tarta de Frontex. Alegaba este último cuerpo que la Benemérita está ya en misiones internacionales, que tiene competencia en aduanas y que ya ha colaborado en materia de inmigración.

De momento, las operaciones que lleva a cabo Frontex son puntuales, pero en poco tiempo se convertirán en continuas. El desarrollo de la agencia europea tendrá un enorme crecimiento y conllevará la entrada de cientos de agentes de todo el continente en Frontex, también oficiales y altos mandos, gran parte de ellos españoles, que pasarán a ser funcionarios de la Unión Europea y dejarán de lado su condición de empleados públicos de su país de origen. De ahí el fuerte interés de la Guardia Civil por entrar en esta agencia. El denominado European Border and Coast Guard será el primer cuerpo de seguridad uniformado comunitario y a él podrán acceder corporaciones de todos los países de la Unión Europea.

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EFE

En los últimos meses, agentes del benemérito instituto armado han colaborado en el traslado de pateras que localizaban en alta mar en la zona de Canarias en virtud de sus competencias en aguas nacionales hasta los diferentes puertos de las islas. La Guardia Civil se encarga de vigilar el contrabando y el narcotráfico y en el desarrollo de esta actividad podía toparse con cayucos y embarcaciones repletas de inmigrantes. De ahí que se haya prestado a acompañarlas hasta las costas españolas. Una vez en el puerto, la Policía Nacional se ha encargado de gestionar la entrada de estos extranjeros, su registro, toma de documentación, etc.

La decisión del organismo de mantener en situación de suspenso temporal la continuidad de las misiones provocó que algo más de una veintena de policías que llegaron la semana pasada a Canarias para hacer el relevo a sus compañeros allí destinados y poner en marcha una nueva operación de Frontex tuvieran que cruzarse de brazos por orden de la superioridad hasta que se solucionara el contratiempo. Las islas son en estos momentos el principal foco de atención de la Unión Europea en asuntos de inmigración. En 2020, entraron a través de este territorio más de 23.000 inmigrantes, lo que supuso un incremento superior al 700% respecto al año anterior, una cifra que en términos valorativos se tradujo en la mayor crisis de la última década, extremo que conllevó el acuerdo entre Frontex y España para renovar la mencionada operación Canarias.

Desde el Ministerio del Interior explicaron la semana pasada que el problema era simplemente de índole administrativa. En concreto, detallaron, se refería a apenas "una palabra" que está en discusión en el marco del mencionado plan operativo, que tiene una extensión de 80 páginas. Son simples "flecos", aseguraron desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que preveía que el programa estuviera aprobado "en tiempo y forma". Frontex, añadieron desde el Ministerio, ha puesto pegas también a otros países en el mismo sentido. Esta versión, sin embargo, fue posteriormente corregida por Interior, que admitió la controversia generada entre ambos cuerpos y el "malestar" que esta ha generado en Frontex. El plan fue aprobado finalmente, pero no sin la mencionada polémica.

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Otras fuentes, de hecho, confirman que el motivo de que Frontex haya tomado esta decisión radica en el citado desencuentro que experimentan los responsables de la Policía Nacional competentes para desarrollar asuntos de extranjería y sus homólogos de la Guardia Civil. La disputa provocó, explican, un verdadero conflicto diplomático a nivel internacional que arrojó una imagen nada positiva para el ministro del Interior, que es visto ante la Unión Europea como alguien que no puede poner orden en "su gallinero". A última hora del pasado viernes fue cuando el problema se dio por solucionado por parte de Frontex, que zanjó todo con una nota de prensa en la que anunciaba la continuidad del programa.

La agencia explicó en el mencionado comunicado que había acordado con las autoridades españolas la renovación por un año de sus misiones contra la inmigración ilegal. Actualmente, Frontex mantiene 257 agentes —muchos de ellos de la Policía Nacional— en la denominada operación Indalo, que vigila la inmigración en el Estrecho y en el Mar de Alborán, y a 26 más en Canarias. A estas dos actuaciones se suma la que puntualmente realiza la Policía Nacional en colaboración con Frontex en el denominado Paso del Estrecho que tiene lugar durante la época estival.