El TC apoya penar con cárcel que se le desobedezca: "Se habría evitado el 'procés'"

Julio de 2017. El prólogo del 'procés' se convirtió en una sucesión de órdenes del Tribunal Constitucional dirigidas en su mayoría al Parlament de Cataluña que fueron desatendidas. Pese a los avisos dados desde el tribunal de garantías, la cámara autonómica presidida por entonces por Carme Forcadell continuó adelante con la aprobación de su plan de desconexión con España. Fueron las primeras líneas del referéndum. También de sus consecuencias. Tres años después, tanto Forcadell como el resto de políticos catalanes que jugaron uno u otro papel en aquel periodo han sido condenados a elevadas penas de prisión y cumplen condena.

La iniciativa adelantada esta semana por el Ministerio de Justicia pretende cortar de raíz que se reproduzca lo sucedido entonces. El ministro Juan Carlos Campo adelantó el proyecto en un desayuno organizado por la agencia Europa Press. Aseguró que la reforma del Código Penal —la misma que rebajará las penas para los delitos de sedición y rebelión— incluirá un refuerzo del tipo penal de desobediencia. La idea es la de castigar ese incumplimiento, que ahora se engloba en el genérico de desobediencia, con penas de prisión y no exclusivamente de multa o sanción. Magistrados del TC ven la medida con buenos ojos y creen que puede servir de contención para atajar el desarrollo de delitos mayores.

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Europa Press

En concreto, el ministro se refirió a una desprotección del tribunal. "Es una de las carencias que veo particularmente", ha admitido, al mismo tiempo que ha asegurado que el nuevo Código Penal reforzará el delito de desobediencia al tribunal de garantías, aunque no ha precisado cómo quedará contemplado en el texto dicho castigo. "Le dimos unos cometidos al Tribunal Constitucional, pero no hemos establecido cómo se castiga al que incumple lo que diga el tribunal", precisó el ministro.

Según explican fuentes del tribunal de garantías, una sanción penal más rigurosa, que vaya más allá de la simple inhabilitación hubiera servido hace tres años para disuadir de los comportamientos previos que acabaron en la celebración del referéndum del 1-O. Como la sanción de la desobediencia era exclusivamente la inhabilitación, no cabían entonces medidas cautelares contundentes, explican.

Eso suponía, añaden, que al señalar a los tribunales ordinarios que los principales actores del 'procés' estaban incurriendo en un delito de desobediencia, la deducción de testimonios no tenía suficiente efecto disuasorio. "Una sanción de la desobediencia más contundente habría permitido paralizar el 'procés' desde el principio", indican fuentes del TC consultadas y también se refieren a que esa herramienta hubiera vuelto innecesaria la aplicación del 155.

En combinación con la reforma de la sedición

La iniciativa apuntada por el ministro se combinaría con una rebaja sustancial de las penas aparejadas al delito de sedición. La idea inicial era la de lanzarla antes de final de año como gesto a ERC que ha sido fundamental para conseguir sacar adelante los Presupuestos y que acaba de recibir el revolcón de la decisión del Supremo que elimina las salidas extendidas de prisión de Oriol Junqueras y el resto de presos.

La reforma que previsiblemente se combinará con un indulto al menos parcial, no convence a Esquerra, desde la que se sigue apostando por una ley de Amnistía. Este martes el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, lanzó un aviso premonitorio. "No nos pararán con el Código Penal", dijo.