La Abogacía del Estado, en la encrucijada: tendrá que valorar el indulto a los presos

El Gobierno se enfrentará a la tentación de posicionarse sobre los indultos de los presos del 'procés' a través de la Abogacía del Estado antes que tener que decidir en Consejo de Ministros. Según confirman fuentes jurídicas, los servicios jurídicos estatales tendrán que informar al Tribunal Supremo sobre si procede o no conceder un indulto para los políticos catalanes condenados que busca ERC, que apoya sin ambages Podemos y que compromete al Ejecutivo, que ha logrado el aval de los de Esquerra a los Presupuestos y ha garantizado, de ese modo, su continuidad.

En el último tramo del juicio del 'procés', la Abogacía del Estado se reafirmó en la acusación por sedición combinada con malversación para la cúpula política del 'procés'. Reclamó 12 años de cárcel para el 'exvicepresident' Oriol Junqueras, 10 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y ocho para los representantes de las asociaciones soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Es más, su papel en la causa como agraviada por el daño económico que provocó a las arcas el dinero destinado al referéndum se vio refrendado en la sentencia.

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La resolución del Tribunal Supremo sobre el 'procés' consideró —como defendía la abogada Rosa María Seoane— que hubo sedición pero no rebelión. Incluyó incluso un guiño directo a su labor a lo largo del procedimiento. Al tratar las costas, el tribunal que presidía Manuel Marchena aseguraba: "En cuanto al contenido, las costas de la acusación particular [Abogacía del Estado] han de ser incluidas en la condena en la proporción indicada. Su intervención en el proceso, lejos de ser perturbadora, ha sido correcta, coadyuvando al ejercicio de la acción penal, guardando además la condena homogeneidad con sus pretensiones".

Ahora, en mitad de la tormenta política y las presiones que sin duda provocará el apoyo de ERC y JxCAT a las cuentas estatales, la misma Abogacía tendrá que posicionarse durante la tramitación de los indultos para Oriol Junqueras y el resto de condenados. El trámite en cuestión se abrió el pasado diciembre y se encuentra aún en un estado inicial. Además de recabar la postura de la Fiscalía, el Tribunal Supremo considera que se debe solicitar el criterio de esta parte, si bien no el de la acusación popular, que ejerció el partido político Vox.

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La Ley del Indulto así lo determina, apuntan las fuentes consultadas. La norma de 1870 establece en su artículo 25 que el tribunal sentenciador debe constar en su informe la postura de "la parte ofendida", en este caso la Abogacía, que cifró en casi dos millones de euros la cantidad desviada para ser destinada al 1-O. El tribunal consideró acreditado que la malversación supera ampliamente los 250.000 euros, la cifra a partir de la que se considera que el tipo penal es agravado. La cantidad concreta no se ha determinado aún, y será del Tribunal de Cuentas, como ya sucedió con el Govern de Artur Mas respecto al 9-N, quien determine esa responsabilidad civil por la malversación.

Informes contrarios

Con la inclusión en el trámite de este nuevo informe, serán tres posturas las que tenga sobre la mesa el Consejo de Ministros para decidir el indulto. La Fiscalía tiene también que presentar su propio informe. El Gobierno asume que se encontrará con un rechazo al indulto tanto del Ministerio Fiscal como del propio tribunal sentenciador. Queda así la opción de que la Abogacía sea la única que se muestre favorable, al menos a una gracia parcial. Ese 'capote' le vendría muy bien al Ejecutivo, consciente de que su decisión será objeto de duras críticas en el terreno político.

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El indulto es siempre de carácter excepcional y consiste en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme. Requiere, para su tramitación, de la elaboración de un informe del tribunal sentenciador que no tiene carácter vinculante para el Gobierno, que puede hacer lo que considere.

No obstante, y aunque la prerrogativa de concederlo es del Ejecutivo, el Tribunal Supremo se encargaría de revisarlo si se interpusiera un recurso en contra, que el PP ya ha anunciado que presentará. La posibilidad de revisión por parte de la Justicia se remonta al año 2000. Por entonces, la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, reconoció por primera vez su capacidad para controlar esta medida de gracia y desde entonces ha ido desarrollando doctrina al respecto.