El PP se arma para blindar su autonomía fiscal de la "injerencia" de Moncloa y ERC

El PP continúa armándose para dar la batalla fiscal tras el acuerdo firmado entre el Gobierno de coalición y ERC en el marco de los Presupuestos Generales. Este jueves, los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y los portavoces del ramo en el resto de autonomías mantuvieron una reunión con el secretario general, Teodoro García Egea, y los vicesecretarios de Política Territorial y de Sectorial, Antonio González Terol y Elvira Rodríguez, respectivamente. El objetivo era fijar una postura común y tener preparado un plan para blindarse ante cualquier tendencia armonizadora que Moncloa pretenda imponer.

Una de las consignas de la dirección nacional pasó por reivindicar en todo momento la autonomía fiscal de las comunidades y abandonar el concepto de “armonización”, incluido “armonizar a la baja”, como han repetido algunos dirigentes territoriales en los últimos días para confrontar con la posición del Gobierno central. “No hay que hablar de armonizar a la baja, lo que hay que hacer es defender la autonomía y que cada Gobierno decida lo que hace. El PP tiene claro que su línea es bajar impuestos”, explican a este diario.

En realidad, el argumento lo había adelantado el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en una carta que envió hace unos días a la ministra María Jesús Montero. En la misiva, quien es uno de los hombres fuertes de Isabel Díaz Ayuso, advirtió de que la adopción de decisiones sobre los impuestos en su región supondría una “invasión desleal” en la autonomía fiscal que, además, “no tiene cabida en el orden constitucional”.

Aunque Madrid se ha convertido en el foco de la guerra fiscal —en realidad, fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien directamente anunció haber acordado con el Gobierno “acabar con el 'dumping' fiscal de Madrid”—, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han dado por aludidas y han entrado de lleno en el debate. El propio García Egea lo tildó ayer de una “intromisión e injerencia” del Ejecutivo a la que su formación responderá.

Los barones territoriales cerraron filas con la posición de Madrid casi al minuto. El andaluz, Juanma Moreno, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han sido muy vehementes en la defensa de sus políticas de menor presión fiscal. Solo el gallego Alberto Núñez Feijóo ha mantenido hasta ahora una postura algo distinta, hablando de establecer “horquillas de máximos y mínimos” como solución a la armonización fiscal.

En el encuentro de ayer de todos los responsables de Hacienda de las autonomías, se acordó llevar a ayuntamientos y parlamentos autonómicos una moción que pide “respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución y las leyes a las CCAA”.

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Aunque el PP ha dejado claro en muchas ocasiones que acudirá a todas las vías políticas y judiciales (incluido el Tribunal Constitucional) si el Gobierno avanzaba por la vía de la imposición para subir impuestos alterando la autonomía financiera de las comunidades, fuentes de la dirección popular insisten en que lo pactado con ERC no tiene ninguna posibilidad de prosperar, “es papel mojado”, “una enmienda política”, repiten, porque la pretensión es del todo “inconstitucional”.

En el PP, recuerdan que para llevar a cabo lo que anunció Rufián en el Congreso debería cambiarse el modelo de financiación actual de arriba abajo, empezando por la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación autonómica y se determina la cesión de las facultades normativas en los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, e igualmente las leyes que regulan la cesión de estos tributos de cada territorio.

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El consejero de la Comunidad de Madrid recalcaba otro de los argumentos clave para los populares, al reprochar al Gobierno querer impedir que su región “desarrolle la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños”, recordando que “las reglas del juego son idénticas para todas las comunidades” y cada una es la que, teniendo la misma capacidad normativa para regular los impuestos cedidos (pudiendo subirlos o bajarlos), decide qué hacer.

“Todas las comunidades pueden hacer lo mismo, pero cada una elige. Cada cuatro años, los partidos se presentan a unas elecciones con un programa en el que dicen lo que van a hacer, pero interferir en la autonomía fiscal no tiene cabida”, insisten desde la dirección popular.