La oposición impulsará una contrarreforma a la 'ley Celaá' esquivando las medidas "más lesivas"

Los partidos de la oposición ya se han puesto manos a la obra para intentar revertir las medidas más controvertidas de la LOMLOE, la nueva legislación sobre la educación conocida como la 'ley Celaá'. Tanto PP como Vox y Ciudadanos han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional para recurrir esta normativa e, incluso, los populares han asegurado que no van a aplicar las medidas "más lesivas" en las comunidades donde gobiernan (Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León).

La oposición ya mostró el pasado jueves su rechazo en el Congreso al considerar que la nueva normativa vulnera derechos fundamentales de los españoles. En cualquier caso, fue aprobada por mayoría absoluta al conseguir 177 votos favorables (PSOE, UP, ERC, PNV y Más País) y ahora queda a la espera de obtener el visto bueno del Senado. Si la Cámara Alta no se opone ni enmienda la nueva norma, esta quedaría lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Aun así, el presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a insistir este domingo en que su partido hará "todo lo posible para legislar y evitar los estragos" que, en su opinión, ocasionará la nueva normativa. Además, durante la manifestación convocada en Madrid para protestar contra la 'ley Celaá', ha adelantado que la derogará si los populares llegan al Gobierno, porque considera que "es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa".

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El alegato del líder de los populares se ha basado en la necesidad de asegurar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, pero también en reivindicar el español como la lengua vehicular del Estado y en la defensa de la educación concertada y la educación especial. "Señor Sánchez, escuche a estas familias, libertad para todas ellas y respeto para España", ha remarcado el líder de los populares en referencia a los manifestantes que han acudido a las manifestaciones organizadas en más de 50 ciudades.

El mensaje de Casado ha sido adoptado por otros miembros de su partido. La vicesecretaria nacional de Organización del PP, Ana Beltrán, también ha asegurado que no van a aplicar "las medidas más lesivas" en las comunidades en las que gobiernen. En su opinión, la ley "cercena la libertad de los padres para elegir donde quieren educar a sus hijos, una ley que da un golpe mortal a la educación concertada, a la diferenciada y a la educación especial".

Madrid es una de las cinco autonomías donde los populares gobiernan. Y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado que va a "presentar una ley para brindar la libertad de elección en las familias". Además, ha denunciado que la nueva normativa "nace sin consenso" y ha criticado que el PSOE prometiese un pacto de Estado y "solo haya tenido en cuenta a sus socios de Bildu e independentistas", manteniendo el discurso que todo el PP está expresando desde que la formación 'abertazle' apoyado los Presupuestos Generales del Estado.

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Galicia es otra de las comunidades con mando popular. Allí, varios miembros del PP, como el diputado por Lugo en el Congreso, Jaime de Olano, o el vicepresidente de la Cámara gallega, Diego Calvo, han asistido con sus vehículos a las marchas convocadas por la Plataforma Más Plurales. En Pontevedra, la vicesecretaria de Política Social do PP, Ana Pastor, y los diputados Pilar Rojo, María Ramallo y Javier Bas mantuvieron un encuentro con representantes de la concertada, a los que han trasladado el apoyo de los populares a sus reivindicaciones. "La libertad no es un privilegio, es un derecho y los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, sin que otros decidan por ellos", han señalado en un comunicado al término de la reunión.

No obstante, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha recordado en una entrevista a El Confidencial que se trata de "una ley orgánica de obligado cumplimiento", por lo que si el PP se muestra insumiso a la ley, "son palabras mayores". Tampoco se ha mostrado preocupada por el recurso ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, también ha recalcado que "las leyes orgánicas, como la ley de educación aprobada por mayoría absoluta, no se puede cuestionar su aplicación en ninguna comunidad autónoma". Además, ha criticado a Casado por su "deriva" e "irresponsabilidad absoluta" tras anunciar que recurrirá ante el Constitucional y ha rechazado que sea cierto "ese concepto que introduce la derecha de que no hay libertad en el sistema educativo".

Vox también acudirá a la justicia

Vox también acudirá a la justicia, como ha recordado este domingo su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Durante la manifestación de Madrid, ha alegado que derogar esta ley es necesario para poder "educar a los españoles en igualdad y libertad", siguiendo la estrategia del PP. "Los españoles se merecen una educación con libertad" y "no se merecen ese ataque a la educación especial", ha denunciado. A las protestas han acudido una docena de diputados nacionales y autonómicos de Vox, entre los que destacan Rocío Monasterio o José María Figaredo.

Por parte de Ciudadanos, la vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva Nacional, Begoña Villacís, ha remarcado que "el PSOE no puede permitirse suplantar a los padres" en lo que concierne a la educación de sus hijos y ha insistido en que "es un debate sobre la libertad". "Como madre sigo queriendo decidir cuál es la mejor educación para mis hijas", ha añadido.

Miles de manifestantes que también se oponen a la normativa han salido a las 11:00 horas con sus vehículos a las calles de más de 50 ciudades, con Madrid como punto neurálgico de las protestas al inundar el Paseo de la Castellana con más de 5.000 coches, según los datos de la Delegación de Gobierno. No se han producido manifestaciones en Cataluña, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana, ni en las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria.