Sindicato de Inquilinas: "Calviño podría ser ministra del PP y no se notaría la diferencia"

Jaime Palomera, investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el coportavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, aunque se define como "uno más". Desde esta plataforma se ha mantenido una interlocución constante con la vicepresidencia segunda para empujar la regulación de los alquileres, hasta el punto de que el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para impulsarla en la nueva ley de vivienda recoge que esta ley se elaborará "contando con los sindicatos de inquilinas". Para ello, continúa el acuerdo, "se van a conformar diferentes grupos de trabajo para propiciar un debate que permita la elaboración del texto legislativo, que en cualquier caso desarrollará y respetará el acuerdo de coalición".

Este particular sindicato ya participó en la elaboración de la ley catalana de alquileres y ahora pretende dejar su impronta en la futura ley estatal. Asegura que esta "va a ser dura porque dentro del Gobierno hay ministros próximos a las élites económicas que están haciendo de los alquileres un activo financiero" y que Joan Clos, ministro de Industria con Rodríguez Zapatero y exalcalde de Barcelona por el PSC, "tiene una influencia directa" sobre los socialistas a través de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) que preside.

PREGUNTA. ¿Cómo surge sindicato y la reividicación de regular los alquileres?

RESPUESTA. "En los últimos años, miles de familias se han plantado frente a las subidas abusivas. La ley de arrendamiento permite que se tenga que elegir entre irse de casa o asumir subidas de hasta el 100%. Fondos como Goldman Sachs, Blackstone o Cerberus están subiendo los precios y asfixiando a los inquilinos. De ahí se ha planteado la necesidad de cambiar la legislación al tiempo que se ha promovido desobediencia civil en la que se exige una negociación y llegar a un acuerdo en lugar de abandonar la casa por subidas inasumibles. En este proceso se han logrado muchas pequeñas victorias y traslada al mercado de alquileres el concepto de negociación colectiva, con el inquilino y el sindicato a un lado de la mesa y el arrendador o agencia inmobiliaria al otro. Todo esto se quiere llevar al terreno legislativo, algo parecido a los convenios sectoriales. El primer hito fueron algunas medidas introducidas en la ley de alquileres, como que los honorarios de las inmobiliarias no los pagase el inquilino o facilidades para recuperar la fianza".

P. Han participado en el desarrollo de la ley catalana de alquileres. ¿Ese es su modelo a nivel estatal? ¿Qué expectativas tienen?

R. "Hay avances porque se ha dejado atrás la indefinición en la que se sentía cómodo el Gobierno. Por un lado, se han comprometido a aprobar la nueva ley en un plazo de tres meses y llevarla al Congreso en cuatro. También es importante que han asumido que no se trata solo de frenar las subidas abusivas, sino también de bajar los precios, a lo que se resistían en un principio. Pero la batalla va a ser dura porque dentro del Gobierno hay ministros próximos a las élites económicas que están haciendo de los alquileres un activo financiero. Hablo de fondo, empresas y algunos bancos que dependen de mantener los alquileres a precios altos. Ahora buscan fundamentalmente que no caigan y dentro del Gobierno nos encontramos con un sector que veía la ley como una oportunidad para congelar precios. Eso sería irracional".

"Hay que trasladar al mercado de alquileres el concepto de negociación colectiva"

P. ¿Es el momento de regular en un contexto de crisis económica por la pandemia? El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, defendía aplazar esta medida hasta que el mercado se volviese a estabilizar.

R. "Es un error plantear la regulación de alquileres desde una óptica puramente economicista. La regulación debe dar seguridad a los inquilinos. Este es el principio rector de las regulaciones. Y a pesar de que en algunas zonas los precios están bajando, la realidad es que sigue habiendo inquilinos que reciben un burofax en plena pandemia con la amenaza de subidas abusivas. Si el mercado se autorregulase, los precios deberían haber bajado en picado porque hay un aumento histórico de la oferta, fruto de que muchas viviendas de uso turístico, y una caída de la demanda en grandes ciudades por alquileres de estudiantes o trabajadores que pasan temporadas. Por no hablar de la pérdida de poder adquisitivo del inquilino. Si el mercado de alquileres se comportase como otros mercados, los precios se habrían desmoronado. Además, la vivienda es un bien de primera necesidad y si tuviéramos que cumplir con lo que marca la ONU, de no destinar al alquiler más de un tercio de los ingresos, los precios deberían bajar una media del 40%".

P. Antes se refería a los frenos desde un sector del Gobierno. ¿Se refiere a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien según diversas informaciones tuvo un pulso con Pablo Iglesias para evitar el control de alquileres?

R. "No es ningún secreto que la ministra de Asuntos Económicos responde a presiones del entorno del Ibex. También que podría ser una ministra del PP y no se notaría mucho la diferencia por lo que defiende. Pero la responsabilidad de lo que se haga será de todo el Gobierno y lo que hay de fondo es que están presionando y jugando un papel fundamental lobistas como Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler) impulsada por las grandes inmobiliarias con Joan Clos al frente. Como exministro tiene mucha influencia y contactos en el ámbito del PSOE. A ello se suman las presiones de FIABCI, que actúa como una patronal inmobiliaria".

"Dentro del Gobierno nos encontramos con un sector que veía la ley como una oportunidad para congelar precios"

P. El compromiso es que la dos partes están sentadas en la mesa: "Está ley se elaborará sobre la base de la necesaria concertación y cooperación con las CCAA y Ayuntamientos y con el consenso y diálogo con los agentes sociales, sindicatos y los agentes del sector, contando entre ellos con los sindicatos de inquilinas".

R. "Desde el Gobierno nos han reconocido presiones desde estos lobbies, e insisto en que Joan Clos tiene una influencia directa".

P. El Gobierno se plantea que la regulación no afecte a los pequeños propietarios, con el argumento de que lo quitarían del mercado.

R. "El Gobierno parte de la idea de que los propietarios que tienen una o dos viviendas en alquiler son quienes prefieren contratos más cortos y quienes quieren subir más los precios. La evidencia que tenemos a diario es que, en general, los pequeños propietarios son quienes no van a dejar de alquiler una vivienda por el hecho de que no puedan seguir subiendo los precios. Más aún después de las subidas a niveles históricos que se han producido. Y el argumento de que los quitarían del mercado no es cierto porque si dependen de ese ingreso van a seguir alquilando aunque con una menor rentabilidad. Los pequeños propietarios además son los que menos problemas tienen que hacer contratos indefinidos, renovados automáticamente a no ser que se necesite como vivienda propia o para un familiar o que el inquilino incumpla con sus obligaciones, como se hace en Austria o Alemania. Nuestro modelo es que los contratos se vayan renovando en base a las necesidades de las dos partes".

"Si el mercado se autorregulase, los precios deberían haber caído en picado porque hay un aumento histórico de la oferta y descenso de demanda en grandes ciudades"

P. ¿Les parece un buen referente el índice de precios de alquileres elaborado por el ministerio de Transportes?

R. "El problema que le vemos es que solo reflejan los precios de mercado, sin incluir variables sociales. Lo que hacen es refrendar precios hinchados desvinculándolos de los ingresos de la ciudadanía. Los jóvenes ya destinarían más del 100% de su salario al alquiler, por lo que tienen que compartir o vivir con sus padres, y la media se sitúa en el 40%. Son máximos históricos y el índice de precios es un reflejo. Se deberían tener en cuenta variables como los ingresos, el índice de paro en una determinada zona, etc. Para que no se destine más del 30% de los ingresos a la vivienda. La propuesta que estamos negociando con el Gobierno es que se tenga en cuenta también el precio del anterior contrato del alquiler, para que no supere el precio del nuevo. Así se desincentiva también la expulsión de familias de sus casas para poder subir el precio".

P. La ley estatal pretende dar cobertura a la catalana, sobre la que pesan dudas de inconstitucionalidad- ¿Han tratado esto con el Gobierno?

R. "En la catalana se pretende blindar por ley la regulación y que se extienda a otros lugares. Entendemos que la estatal no debería desarrollarse en perjuicio de la catalana, que se base en derecho civil propio, al regularse ya alquileres para zonas agrarias y que no se había utilizado antes para zonas urbanas. Se ha argumentado para su inconstitucionalidad que la catalana viola la libertad de pactos, regulada a nivel estatal, pero se ancla en la función social de la vivienda blindada constitucionalmente. Nosotros aspiramos a que la ley estatal incluya una disposición adicional para que no vaya en perjuicio de la catalana. Es un mecanismo que nos dicen que se puede implementar".

"Los pequeños propietarios son quienes no van a dejar de alquiler una vivienda por el hecho de que no puedan seguir subiendo los precios"

P. En el tiempo que lleva en marcha la ley se ha puesto en duda su efectividad.

R. "Todos los anuncios y contratos que ahora no cumplen la ley son denunciables, y además es obligación de la administración sancionar. Independientemente de que alguien lleve la ley al Tribunal Constitucional, todos los contratos que se firmen ahora quedará regidos por la regulación. Dicho esto, son muchas las inmobiliarias que ya están asumiendo que tienen que firmar los nuevos contratos bajo esta ley. Pero sucede igual que pasó con Airbnb, hasta que no haya una sanción ejemplar el sector no se lo va a tomar en serio. Parece lamentable, pero es así. Otro problema es que algunos propietarios gestionan sus inmuebles con inmobiliarias piratas y son ellos quienes luego se exponen a pagar una multa".

P. Se ha alertado también sobre el hecho de que la regulación al final generará un mercado negro.

R. "No hay evidencia, si no miremos a Europa donde está regulado el mercado, como Francia o Dinamarca, ya desde el año 79, y no hay mercado negro. En cambio, la paradoja es que lo que genera mercado negro es la desregulación. Algunos estudios calculan que el mercado negro del alquiler llega al 40%, ya sea por el alquiler fraudulento de pisos enteros o de habitaciones. La desregulación hace que se dispare el número de personas que realquilan habitaciones para poder pagar su alquiler. Esto es lo que dispara el mercado negro y es curioso que no se hable de ello".

"Lo que genera mercado negro es la desregulación. Dispara el número de personas que realquilan habitaciones para poder pagar su alquiler"

P. ¿Se está debatiendo sobre mecanismos respecto a los desahucios en las negociaciones para la nueva ley?

R. "Es un tema que hemos puesto sobre la mesa para que se paralicen los desahucios de familias sin alternativa habitacional. Se siguen ejecutando porque a pesar de que el escudo social creado por la pandemia los paralizaba, la realidad es que ahora se están produciendo lanzamientos programados antes de la pandemia. Además, si no puedes pagar y hay una demanda por impago, esos desahucios se producirán más allá del marco temporal del escudo social. Los que no se puedan programar durante el estado de alarma tendrá lugar justo después. Tanto la regulación de alquileres como las moratorias de los desahucios son importantes para dar seguridad a las personas para que puedan vivir con dignidad. El problema de la vivienda es de tal profundidad que requiere de medidas estructurales, tanto de corto como de medio y largo alcance. La regulación del precio de los alquileres ni es la panacea ni es el apocalipsis".

P. ¿Qué otras medidas?

R. "Sin regulación, la tendencia del mercado es generar vivienda de lujo para segmentos de la sociedad cada vez más minoritarios. En Cataluña, por ejemplo, se está impulsando una ley para obligar a agentes privados y promotores a destinar un porcentaje a vivienda protegida. En Euskadi ya existe. De esta manera se evita el modelo Aznar y se evitan pelotazos como los de Ayuso, acercándonos más a modelos como el de Austria. Se trata de protección a perpetuidad, que impide que esta vivienda sea privatizada. Es un cambio de paradigma en las políticas de vivienda protegida. Un cambio de modelo de negocio para que sea viable para el promotor, pero que evite que el acceso a la vivienda sea un privilegio".