El Gobierno defiende su plan: el objetivo es proteger la salud y el Estado de derecho
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NUEVO PROTOCOLO PUBLICADO EN EL BOE

El Gobierno defiende su plan: el objetivo es proteger la salud y el Estado de derecho

El plan genera dudas al introducir conceptos como "monitorización y vigilancia" o "gestión política de la respuesta". Pero, ¿cuáles son las razones que esgrimen desde el Gobierno?

Foto: Manifestación negacionista contra el uso de mascarilla celebrada el pasado mes de agosto en Madrid. (EFE)
Manifestación negacionista contra el uso de mascarilla celebrada el pasado mes de agosto en Madrid. (EFE)

La polémica en torno al plan contra la desinformación lanzado por el Gobierno, todavía por materializar pero que ha puesto su primera piedra con la publicación de una orden ministerial en el BOE, no ha parado de crecer en las últimas horas. La oposición conservadora ha reaccionado con preocupación, alegando los riesgos que supuestamente entrañaría para la libertad de expresión o el derecho a la información, coincidiendo desde PP y Vox en tildarlo como un intento 'orwellliano' de crear un 'Ministerio de la Verdad'. La Secretaría de Estado de Comunicación ha salido al paso tratando de concretar su alcance, negando las acusaciones de censura y defendiendo que "en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones".

El caso es que el procedimiento publicado en el BOE genera dudas al introducir conceptos como "monitorización y vigilancia", "gestión política de la respuesta a una crisis", "adopción de medidas en el caso de atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación" o "Campaña de Comunicación Estratégica". Pero, "¿cuáles son las razones que esgrimen en el Ejecutivo?".

[Acceda aquí al 'Procedimiento de actuación contra la desinformación']

Desde Moncloa defienden que su objetivo se centra principalmente en "protocolizar y optimizar" los mecanismos de lucha contra la desinformación que ya venían realizándose. Esto es, mejorar la coordinación, establecer protocolos claros y definir las distintas funciones asignadas a cada departamento. ¿Con qué fin? Según las mismas fuentes, se trata de contrarrestar grandes amenazas contra el Estado de derecho, el Sistema Nacional de Salud, la seguridad ciudadana, los intereses económicos del país o la injerencia extranjera en procesos electorales a través de procesos de desinformación. El procedimiento publicado este jueves hace referencia expresa a campañas de desinformación atribuibles a terceros países y a contenidos falsos que puedan "causar un perjuicio público". Se pone también el foco en los "fines lucrativos" de dichas desinformaciones.

Foto: El Director del Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo. (EFE)

Se niega que se trate de actuar contra "mentiras políticas" o contra medios de información. Al contrario, dicen que es su estrategia se servirían, como recoge el procedimiento, de "los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas". Y se añade, "la libertad de expresión y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación, entre otros, son el fundamento de la resiliencia de nuestras sociedades frente a los desafíos".

¿Qué entiende el Gobierno, por tanto, con desinformación o contra qué y quién pretende actuar? Principalmente, su función sería dar cobertura comunicativa a los servicios de inteligencia. Esto es, las amenazas las decretarían las fuerzas de seguridad o servicios de seguridad, se trataría de delitos, y la función del plan contra la desinformación sería contrarrestar con campañas públicas sus efectos en la opinión pública. Un ejemplo: una campaña de desinformación a través de Whatsapp que manipulase los estudios de una vacuna contra el covid-19 aprobada por los organismos europeos para intentar hacer creer a la población que ponérsela sería pernicioso para su salud.

Otro ejemplo, en este caso basado en experiencias reales de procesos electorales en España: otra cadena de Whatsapp informando que hay papeletas de propaganda electoral que tienen mal la fecha de elecciones por lo que serían votos nulos. ¿Se trata de actuar contra los medios de comunicación? La respuesta es tajante desde el Gobierno: 'No'. Se trataría, más bien, según deslizan a través de ejemplos, de contrarrestar informaciones principalmente distribuidas a través de redes sociales o canales de mensajería móvil.

¿Por qué interviene entonces en este proceso la Secretaría de Estado de Comunicación? Según explican sus responsables, no se trata tanto de intervenir, sino de dar soporte a otras agencias que ya persiguen este tipo de delitos o amenazas para, por ejemplo, decidir qué ministerio debe emprender una determinada campaña comunicativa y en qué términos. Siguiendo con el ejemplo de las vacunas contra el coronavirus, la intención sería coordinar al Ministerio de Sanidad y al de Ciencia y colaborar en el diseño de una campaña informativa para animar a la población a ponerse la vacuna demostrando sus beneficios y señalando las falsedades expuestas por los negacionistas.

Foto: Sede de la Comisión Europea en Bruselas. (Reuters)

"La Secretaría de Estado de Comunicación es la responsable de la coordinación de la política informativa del Gobierno y de la elaboración de los criterios para su determinación, así como del impulso y de la coordinación de la política de comunicación institucional del Estado, por otro lado, es la responsable de la gestión de la comunicación en situaciones de crisis y punto único de contacto con la Unión Europea en el ámbito de la lucha contra la desinformación", según se indica en el procedimiento. Con todo, se añaden entre sus funciones la "decisión sobre su elevación o la realización de una campaña de comunicación pública en función de la naturaleza de la campaña de desinformación" y, en segundo lugar, la "información al nivel político-estratégico".

En cualquier caso, desde este departamento no se realizarían funciones sobre monitorización y vigilancia, ni tampoco activación de alertas, según fuentes cercanas a la SEC, aunque el texto del BOE, en su primer anexo, no lo deja claro. En definitiva, se trata de establecer protocolos y optimizar la lucha contra la desinformación que viene desarrollándose desde hace años, pero que se ha intensificado con la generalización de las redes sociales y las campañas cada vez más sofisticadas de desinformación masiva.

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