Bruselas analiza ya el plan de Moncloa contra la desinformación

El Gobierno aprobó este jueves una nueva orden ministerial para la puesta en marcha de un plan de acción contra la desinformación, señalando, entre otras razones, que cumple así con una comunicación de la Comisión Europea sobre desinformación de 2018. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha señalado también en la mañana de este viernes a aquella comunicación como justificación.

En la Comisión Europea todavía no han tenido tiempo de mirar en detalle la orden ministerial, pero un portavoz del Ejecutivo comunitario ha explicado que van a poner la lupa sobre ella: "Lo estamos estudiando".

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Efectivamente, en 2018 la Comisión lanzó una comunicación, pero no es de obligatorio cumplimiento, sino que es la antesala de un 'Plan de Acción de Democracia' que la vicepresidenta Vera Jourová presentará durante los próximos meses, antes de que finalice el año. De ser finalmente aprobado, sí que incluirá una serie de obligaciones para los Estados miembros.

En la orden publicada por el BOE el 'punto de partida' es un plan que todavía no está completo, porque Jourová tiene previsto presentarlo durante los próximos dos meses. Es decir, toma como punto de partida la comunicación de 2018, no obligatoria.

La Comisión Europea se toma muy en serio la desinformación y considera bueno que los Estados miembros actúen en consecuencia, incluso si siguen una comunicación cuyo valor es orientativo, un aperitivo de la propuesta legislativa final. Sin embargo, es demasiado pronto para dar una opinión clara sobre lo publicado por el BOE este jueves: nadie en el Ejecutivo comunitario quiere mojarse sobre si el plan español va o no en la buena dirección.

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De hecho, la comunicación de 2018 se centra fundamentalmente en los procesos electorales y, de forma más concreta, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, mientras que la orden publicada este jueves por el Ejecutivo parte del contexto de la pandemia del coronavirus, aunque deja un campo de actuación muy abierto. En aquel documento sí es cierto que la Comisión y la por entonces Alta Representante de la Unión para Exteriores y Política de Seguridad, la italiana Federica Mogherini, "piden a los Estados miembros que cooperen para llevar a cabo las acciones establecidas en el presente Plan de Acción".

Pero es que las acciones que se recogen, casi siempre dirigidas a las elecciones europeas de 2019, no coinciden con las ideas recogidas en la orden ministerial. Por ejemplo, la acción octava señala que "los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, deben apoyar la creación de equipos de verificadores de datos e investigadores independientes multidisciplinares con un conocimiento específico de los entornos de información locales con objeto de detectar y exponer las campañas de desinformación entre las diferentes redes sociales y los medios digitales".

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"Somos conscientes de que el Gobierno español aprobó una Orden Ministerial que actualiza el sistema nacional existente para prevenir, detectar y dar respuesta a las campañas de desinformación", ha señalado otro portavoz de la Comisión Europea. "Entendemos que la orden se ha promulgado sobre la base del estado de emergencia. Como saben, la Comisión está supervisando la aplicación de las medidas de emergencia por parte de todos los Estados miembros durante la pandemia", ha añadido.

Pero lo cierto es que el Gobierno español ya ha tenido recientemente un roce con la Comisión Europea por la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que el Ejecutivo comunitario ya lanzó varios mensajes señalando la necesidad de proteger la independencia judicial, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, pidió más información al Gobierno.

La oposición y los juristas se revuelven

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido este viernes en que recurrirá a Europa para frenar el comité contra la desinformación que prevén liderar el jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Sus críticas inciden en la posición que ha planteado el eurodiputado Esteban González Pons, para quien es "mentira" que el plan de acción de la UE, de 2018, aún no aprobado, pueda servir de base.

El Partido Popular quiere implicar al Congreso en el seguimiento de la iniciativa y, por ello, su grupo parlamentario ha pedido las comparecencias de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del propio Redondo.

En Vox la indignación es aún mayor. Su líder, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de querer dirigir lo que digan periodistas, comunicadores y ciudadanos en general. "Pretenden penalizar las críticas al Gobierno a la acción de socialistas y comunistas convirtiéndolas en delito de odio para tratar de amordazar a la oposición", afirmó este viernes.

La iniciativa ha sido acogida con recelo desde el mundo jurídico, que se ha volcado en críticas. Una gran mayoría de expertos consultados avisa del peligro de que el comité sea empleado como un órgano censor, duda de su constitucionalidad y defiende que el texto publicado en el BOE fomenta la inseguridad jurídica.

Desde el formato escogido hasta el contenido impreciso de la orden ministerial, los juristas advierten que la ambigüedad de la redacción deja abiertas cuestiones esenciales. No se detalla, por ejemplo, cuales serán las distintas respuestas o sanciones ante lo que el Gobierno considere "campañas que pueden tener impacto en la Seguridad Nacional". "¿Dónde están las garantías y la supervisión judicial?", se pregunta Borja Adsuara, profesor especialista en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. Adsuara avisa no sólo del riesgo que supone esta herramienta para la libertad de expresión y de información, sino también del uso que puedan hacer de ella no únicamente el actual Ejecutivo, también los futuros.

El plan de Moncloa ha sido acogido con recelo por diversos expertos, que creen que la orden fomenta la inseguridad jurídica

Por su parte, la jueza Natalia Velilla, miembro de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, pone el foco también en la indeterminación de la norma publicada. Señala que se desconoce su rango normativo. "Se atribuye a esta comisión competencias que afectarían a derechos fundamentales" y, sin embargo, se regula su funcionamiento a través de una orden y no una ley orgánica como sería necesario, indica.

"Es una norma peligrosa que está dejando en manos de una entidad ejecutiva establecer qué contenidos tienen que tener los contenidos difundidos en redes sociales. Su redacción es muy inquietante cuando menos", asegura.