Cs se aferra a los PGE pese a los desaires del Gobierno y la polémica lingüística

Ni la eliminación del castellano como lengua vehicular en la nueva ley educativa —conocida como 'ley Celaá'— ni el evidente guiño que supone para ERC harán que Ciudadanos se retire de la negociación de los Presupuestos Generales. PSOE y Podemos votaron a favor de la polémica enmienda presentada con ese fin en el Congreso, que suprime literalmente el término de 'lengua vehicular' para el castellano. Tanto PP como Ciudadanos recurrirán ante el Tribunal Constitucional, pero el partido naranja seguirá hablando con el Gobierno para pactar las cuentas públicas de 2021.

Fuentes de la cúpula de Inés Arrimadas desligan las conversaciones presupuestarias de la polémica lingüística desatada con la reforma. “No vamos a dejar de denunciar el atropello que quieren hacer, pero eso no va a impedir que sigamos intentando sacar adelante los mejores Presupuestos en una situación de emergencia nacional”, insisten. Ayer mismo, se produjo el primer encuentro público entre el equipo negociador naranja y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Ciudadanos puso encima de la mesa dos propuestas clave para su continuidad en la negociación. Destinar mayor cantidad de recursos a la Sanidad pública (especialmente a la Atención Primaria, así como el impulso de la tarjeta sanitaria única y el expediente clínico único) y un paquete de ayudas directas (a fondo perdido) para autónomos y pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores. Según fuentes conocedoras de la reunión, la respuesta del Gobierno fue positiva y pidió a Ciudadanos desarrollar con más detalles las propuestas en un documento. De hecho, consideran que también el representante de Unidas Podemos vio con buenos ojos las iniciativas.

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Paloma Esteban

En ningún caso, el partido naranja abordó la polémica surgida a través de la enmienda que ayer se votó en la ponencia sobre el proyecto de ley de reforma educativa. En el partido naranja, reconocen “el escaso margen para presionar” con esta cuestión en la negociación presupuestaria y gana fuerza la tesis que manejan personas muy cercanas a Arrimadas de no “caer en el juego de ERC y otros socios del Gobierno”, que confían en que Ciudadanos se levante de la mesa cuanto antes. De hecho, el partido naranja es consciente del interés que Podemos tiene en ese sentido, igual que los republicanos catalanes. “No vamos a caer en eso”, insisten. En realidad, los republicanos catalanes sacaron pecho en cuanto las enmiendas se votaron y pudieron confirmar la aceptación del Gobierno de una de sus exigencias: que el castellano no figure como lengua vehicular en la enseñanza.

Eso sí, en Ciudadanos aseguran que recurrirán la 'ley Celaá' ante el TC, pero también en el Defensor del Pueblo, la Alta Inspección Educativa y en Europa. La portavoz de Cs en materia educativa, Marta Martín, aseguró a este diario “que cada uno de los artículos” de la nueva ley “es un destrozo para la comunidad educativa” y lamentó “el daño tan enorme que se hace a los estudiantes”. Ciudadanos no tiene dudas de que se trata de una reforma inconstitucional.

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Agencias

También la eurodiputada del grupo naranja Maite Pagazaurtundúa ha pasado a la acción denunciando “el abuso y la aberración” del Gobierno de coalición en una pregunta dirigida a la Comisión Europea en la que busca que aclare si tendrá en cuenta la polémica enmienda en el próximo informe que elabore sobre el cumplimiento del Estado de derecho en España. “Puede provocar la discriminación de los alumnos de lengua materna española, lo que es inconstitucional de forma flagrante”, dijo, poniendo el acento en el artículo 3 de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. “La existencia de lenguas cooficiales nunca puede ir en detrimento de los derechos de los ciudadanos”, zanjó la europarlamentaria.

En realidad, Ciudadanos también choca con el PP, al que reprocha “haber hecho lo mismo que el PSOE durante sus años de mayoría absoluta” dejando que se “violara” un derecho fundamental de forma sistemática. El partido naranja insiste en que “no les temblará la mano” para denunciar los “atropellos” del Ejecutivo, pero efectivamente mantienen la negociación de las cuentas.

Los populares, por su parte, fueron los primeros en anunciar su recurso ante el TC si la reforma llega hasta el final. El texto de la ponencia deberá debatirse en la comisión de Educación y, después, en el Congreso y el Senado para su aprobación definitiva. Pablo Casado se reunió este jueves con asociaciones de padres, sindicatos y titulares de centros concertados, y dejó claro que su formación defenderá la libertad de los padres para decidir sobre el modelo educativo de sus hijos.

La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, recordó también que los fondos europeos están condicionados al cumplimiento del Estado de derecho, denunciando “otro capítulo” del ataque a la separación de poderes, ahora a través de la 'ley Celaá'. “No vamos a permitir que este Gobierno ideologizado nos imponga un único modelo educativo. El modelo del PP es el contrario, abierto, plural y que nos haga libres”, zanjó, acusando al Ejecutivo de “entregar” la Educación a cambio de los votos de ERC para apoyar los Presupuestos “y que Sánchez siga como presidente en la Moncloa”.