En caso de que se declare firme

La otra condena a los Franco por el pazo de Meirás: al menos 50.000 euros en costas

La cuantía del proceso queda fijada en la sentencia en 714.168,33 euros y la cantidad aumentará por el IVA, el procurador y otros gastos adicionales no incluidos

Foto: Fachada del pazo de Meirás. (EFE)
Fachada del pazo de Meirás. (EFE)

La resolución del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que ha dado la razón al Estado en su demanda contra los Franco para la devolución del pazo de Meirás, tendrá una segunda consecuencia para la familia en el caso de que los recursos a instancias superiores, que ya ha anunciado su abogado Luis Felipe Utrera, confirmen la decisión de la magistrada Marta Canales. Además de no recibir indemnización alguna por los gastos que los herederos del dictador aseguran haber destinado a su rehabilitación, la sentencia establece su condena en costas y la cantidad final por estas será de un mínimo de 50.000 euros.

Las llamadas costas son los gastos en los que se incurre en un procedimiento judicial y dependen del valor oficial estimado del bien. En el caso del pazo, la cuantía del proceso queda fijada en la sentencia en 714.168,33 euros. El cálculo del coste se lleva a cabo en aplicación de un cuadro de criterios cuyo porcentaje, respecto a la cuantía, disminuye a medida que aumenta la cantidad. Los 50.000 euros de este litigio es el mínimo, ya que no incluyen el 21% del IVA de los honorarios del abogado, el coste del procurador ni otros gastos como tasas, fotocopias u honorarios de peritos, que también pueden reclamarse.

Así comenzó el juicio por el Pazo de Meirás. (EFE)
Así comenzó el juicio por el Pazo de Meirás. (EFE)

No obstante, las costas solo se tasarán cuando el fallo sea firme y, para ello, quedan aún muchos meses por delante. Los seis familiares de Francisco Franco y la sociedad limitada enfrentados al Estado ya han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial. En caso de que la decisión de esta sea confirmatoria, acudirán al Supremo. El abogado que representa a la familia se plantea agotar todas las instancias e incluso acudir al Tribunal Constitucional, una vez agotada la vía penal. La propia Abogacía del Estado en Galicia ya ha advertido de que, pese a la decisión en primera instancia, el pazo tardará en recuperarse. Los Franco podrán continuar haciendo uso del espacio mientras se tramitan los recursos y no tendrán que plantearse el desembolso suplementario de las costas.

La sentencia declara nula la donación que efectuó en 1938 a Francisco Franco Bahamonde una Junta constituida para comprar y regalar la casa solariega al Caudillo. Considera que este 'regalo' no se le efectuó a él de forma personal sino que se le entregó en calidad de jefe del Estado. Tampoco admite que la compraventa posterior a la donación fuera real. Fue, en su opinión, una "ficción" o simulación montada con el único objeto de poner la propiedad a su nombre.

Los Franco podrán continuar haciendo uso del espacio mientras se tramitan los recursos y no tendrán que pagar las costas

La jueza rebate también en su sentencia los argumentos de la familia sobre los gastos incurridos mientras fueron titular del inmueble. Para la familia es "injusto" que no se considere su derecho a recuperar el dinero que destinaron a rehabilitar el pazo. Para Canales, este argumento no concuerda con el hecho de que el Estado asumiera los gastos de la residencia estival de los Franco que se consideraba, por tanto, tan oficial como podía ser el Palacio de El Pardo.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, conocida este miércoles, culmina 15 años de lucha que le han valido varias denuncias de la familia Franco por supuestas injurias, aunque Babío se remonta más atrás, a finales de los setenta, para contextualizar la batalla por la recuperación. Fue entonces cuando comenzó la exigencia de que los Franco devolvieran el pazo, una propiedad adquirida durante la Guerra Civil con donaciones forzosas de vecinos y trabajadores para ser regalada al dictador. Aunque, efectivamente, hubiera que esperar hasta mediados de la pasada década para ir sumando efectivos cruciales como la Diputación de A Coruña, los ayuntamientos coruñés y de Sada, el Parlamento de Galicia y el Gobierno de España, siempre con el acicate de los movimientos de recuperación de la memoria histórica.

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