Tres meses de silencio: Moncloa y Sanidad 'pasan' de contestar por transparencia

Han sido los dos epicentros de la gestión de la pandemia del coronavirus y al mismo tiempo las unidades administrativas que menos explicaciones —por no decir ninguna— han ofrecido a los ciudadanos a través del Portal de Transparencia. La Secretaría General de Presidencia del Gobierno, dirigida por Félix Bolaños, y la Dirección General de Salud Pública, encabezada por Pilar Aparicio y de la que depende el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), no han contestado a ninguna de la 16 solicitudes de acceso a la información presentadas por El Confidencial sobre la gestión del covid-19 relativas a informes, actas de reuniones y la identidad de los expertos sanitarios que asesoraron al Gobierno durante la primavera. Este silencio administrativo también lo están sufriendo otras personas que han solicitado esta misma información dado su interés público y que el Gobierno ha ocultado desde un primer momento.

La aprobación del estado de alarma el 14 de marzo motivó a su vez la suspensión de los plazos judiciales y administrativos. Estos últimos afectaron a la aplicación de la Ley de Transparencia, según la cual cualquier ciudadano puede reclamar acceso a información pública al Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones provinciales y cualquier empresa pública. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta el 1 de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez contestó muy pocas solicitudes pese a que en los primeros cuatro meses del año recibieron más de 3.000 solicitudes de información, la mayor cifra desde que entrara en vigor la Ley de Transparencia.

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Durante el estado de alarma y los momentos más críticos de la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo central ocultó la composición de los comités de expertos, así como sus informes y recomendaciones, lo que motivó a un buen número de ciudadanos a solicitar esta información. Sin embargo, estas solicitudes permanecieron bloqueadas hasta el 1 de junio, fecha en la que se levantó la suspensión de los plazos administrativos. A partir de esta fecha, el Gobierno disponía de un mes de plazo para contestar estas solicitudes, que se amplió durante otro mes más por "el volumen de solicitudes dirigidas". Es decir, tanto Presidencia como Salud Pública tenían que haber contestado todas estas peticiones antes del 31 de julio.

Pero a día de hoy, ni la Moncloa ni el centro directivo gestionado por Pilar Aparicio han contestado a ninguna de las 16 solicitudes dirigidas por El Confidencial a estas unidades. Este silencio administrativo implica ‘de facto’ la negativa de Presidencia y Salud Pública a contestar estas solicitudes, tal y como establece el artículo 20.4 de la Ley de Transparencia: "Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada". Algunos ciudadanos ya han mostrado por redes sociales su enfado por el silencio administrativo del Gobierno, que aún puede ser impugnado ante el Consejo de Transparencia.

Un 44% de solicitudes, sin responder

Tanto el Ministerio de Presidencia como el de Sanidad se han caracterizado por hacer caso omiso de las peticiones de información recibidas durante el estado de alarma. Según datos obtenidos por 'Maldita', el departamento dirigido por Salvador Illa no ha respondido al 43% (106 de 249) de las peticiones presentadas a través de la Ley de Transparencia entre el 14 de marzo y el 31 de mayo. En el caso de Presidencia del Gobierno, este porcentaje se eleva hasta el 47% (37 de 78). La información revelada ayer por 'Maldita' no especifica los centros directivos (secretarías o direcciones generales) que menos contestan de cada ministerio. En total, el Gobierno central recibió 1.417 peticiones durante esos dos meses y medio, de las que 181 (el 12,8%) aún estaban sin responder a 17 de agosto, 106 de ellas dirigidas a Sanidad.

Estos datos contrastan con otros ministerios que sí han respondido a todas las solicitudes de acceso a la información recibidas durante la suspensión de plazos administrativos, como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pese a que en un primer momento rechazó revelar el nombre de los expertos para la desescalada por "protección de datos personales", el departamento dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera oficializó posteriormente 15 miembros de este grupo, si bien rechazó facilitar los informes elaborados por este comité. Esta negativa motivó que el Partido Popular haya pedido la comparecencia de la vicepresidenta cuarta ante el Congreso de los Diputados.