La Fiscalía, única llave para tumbar el tercer grado de los presos del 'procés'

La Fiscalía tiene en sus manos la única llave para oponerse al tercer grado concedido esta semana por la Generalitat a los presos del 'procés' cuando se cumplen nueve meses desde que fueran condenados por delitos de sedición y malversación. Hasta este jueves, todos los presos disfrutaban de un régimen de permisos ampliados gracias a la concesión de beneficios a través del artículo 100.2 de la Ley de régimen penitenciario. Las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas, que son las encargadas de revisar el grado de los reclusos cada dos meses, han propuesto que pasen al tercer grado anticipado, cuando aún no han cumplido las tres cuartas partes de sus condenas de entre 9 y 13 años.

La semilibertad no será inmediata porque tiene que ser ratificada por la Generalitat, por el servicio de reclasificación de Servicios Penitenciarios. Aunque el departamento del Govern tiene dos meses para hacerlo, se prevé que avale la decisión en los próximos días. A partir de ahí, solo el Ministerio Público, que dirige la exministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene la posibilidad de impugnar la semilibertad. Si los fiscales de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona no comparten la decisión, como sería de esperar a la vista de su postura hasta el momento, se abre un camino de recursos que lleva a un único lugar: el tribunal que los condenó por unanimidad el pasado octubre. En caso de que el asunto acabe en manos del TS los fiscales serán los únicos en presentar alegaciones aunque la decisión dependerá de la Sala que dirige Manuel Marchena. Al tratarse de una medida que afecta a la ejecución de la sentencia, ni la Abogacía del Estado ni el resto de partes —entre ellas el partido Vox, que ejerce la acusación popular— serán consultados. Tampoco las defensas.

TE PUEDE INTERESAR

La Generalitat concede el tercer grado a Junqueras y al resto de líderes del 'procés'

Marcos Lamelas. Barcelona

Fuentes de la Fiscalía General del Estado indican a El Confidencial que aunque la decisión no está aún tomada, "lo coherente" es que se actúe en este caso como en las anteriores ocasiones. Los tiempos de tramitación son difíciles de calcular. Fuentes fiscales los colocan, no obstante, a finales del próximo septiembre. El día 17 de ese mes, está previsto que el Supremo inicie el estudio de la inhabilitación de Quim Torra. Con la presidencia de Cataluña pendiendo de un hilo, todo apunta a elecciones autonómicas en octubre. Los recursos que puede presentar la Fiscalía se producirán en dos fases. En la primera, deben acudir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que corresponda a cada prisión. Si no se atiende su postura, apelación ante el Supremo.

Mientras todo esto sucede, no está claro si Oriol Junqueras y los demás podrán disfrutar del tercer grado. La decisión de la Generalitat es de tipo ejecutivo, por lo que no se suspende aunque se recurra, dicen unos. Otros discrepan y consideran que un recurso paralizaría la medida. Los encargados de informar serán los fiscales de vigilancia penitenciaria de Cataluña que ya se han opuesto en todos los casos a las salidas de la cárcel de los presos, considerando que responden a un "plan generalizado" para abrirles la puerta de la cárcel, en una interpretación a medida de la norma, forzada para que soslayen el cumplimiento.

Cosa distinta es cómo siente el movimiento de Esquerra. En el difícil equilibrio de pactos que necesita el Ejecutivo para gobernar, ERC continúa siendo una pieza fundamental a pesar de los apoyos puntuales prestados en la última etapa desde Ciudadanos. El partido de Junqueras ha exigido en numerosas ocasiones anteriores gestos o guiños sobre los presos y el tercer grado no será una excepción.

Para complicar más las cosas, la noticia anticipa un escenario caliente para los próximos meses y el encarcelamiento volverá al tablero nacional en el momento más propicio para las formaciones independentistas que ya se preparan para nuevas elecciones tras el verano. El movimiento efectuado puede parecer desconcertante. A efectos prácticos, supone colocar el régimen penitenciario que cumplen Oriol Junqueras y el resto de condenados en manos del Tribunal Supremo. Aunque la revisión por parte del tribunal que los condenó no parece lo más conveniente para ellos, en un momento en el que disfrutaban ya de permisos ampliados, logra colocar el debate acerca de su prisión sobre la mesa a las puertas de las urnas.

Los motivos de la Generalitat

Los motivos por los que la Generalitat se ha colocado voluntariamente en una situación en la que deja a la decisión del Supremo si los presos pueden o no disfrutar de la semilibertad son un misterio. Sin embargo, un par de hechos ayudan a comprender mejor la jugada. Hasta hace unas semanas, los permisos ampliados de los presos se quedaban en manos de jueces de Cataluña. Los recursos de la Fiscalía se dirigían, en última instancia, a la Audiencia Provincial. La norma indica que para revisar la flexibilización de las prisiones es este tribunal el competente, mientras que para las progresiones de grado, el encargado es el que dictó la sentencia.

Un juez de vigilancia penitenciaria de Lleida rompió la baraja en el caso de Forcadell, remitiendo la revisión del 100.2 al Tribunal Supremo

Pero un juez de vigilancia penitenciaria de Lleida rompió la baraja en el caso concreto de Carme Forcadell y decidió remitir la revisión del 100.2 de la expresidenta del Parlament al Supremo. A pesar de que les facilita salidas, este beneficio ampliado es menos favorable que el tercer grado. En una situación en la que el tema ya iba a ser conocido por el TS, se ha optado por situar a los condenados en el grado que más les beneficia.

La otra circunstancia es el horizonte electoral. Aunque el Supremo nunca se ha pronunciado sobre el cumplimiento de la condena que impuso, algunas de sus decisiones apoyan la idea de que no admitirá tratos de favor a los políticos catalanes frente a otros presos. En pleno estado de alarma advirtió, por ejemplo, de que exigiría responsabilidades a aquellos funcionarios que forzaran una salida de prisión de los condenados para que pasaran en sus domicilios las restricciones por la pandemia. La revisión revivirá el juicio, ya que se adoptará por parte del mismo tribunal y, si es contraria, ejercerá un efecto movilizador de cara a las urnas.