El Gobierno prohíbe los despidos en los centros de ancianos tras hallar cadáveres

El hallazgo por parte del Ejército de cadáveres de residentes junto a ancianos desasistidos en centros de la Tercera Edad ha provocado una reacción inmediata reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes. El Ministerio de Sanidad ha publicado una orden en la que se establecen medidas complementarias de cara a la crisis sanitaria y, entre otros puntos, prohíbe los despidos de personal en las residencias, además de incrementar la obligación de información. Incrementa, además, el control de los centros privados.

El texto especifica que el rápido avance de la enfermedad y la especial vulnerabilidad de las personas mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de centros residenciales sociales con internamiento ante la infección Covid-19 hace necesario disponer de recursos para la atención de los mismos y obliga a adoptar "nuevas medidas dirigidas a reducir el riesgo de contagio y garantizar la posibilidad de utilización de todos los recursos disponibles para la atención social y sanitaria de estos colectivos".

Por ello, el Ejecutivo obliga a que todos ellos, tanto los de titularidad pública como privada, mantengan su actividad, "no pudiendo adoptar medida alguna que, en relación con la situación de emergencia que conlleve el cierre, reducción o suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que la autoridad competente de la comunidad autónoma determine, por las circunstancias concurrentes, que el mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible". El incumplimiento supondrá la imposición de sanciones.

Información veraz

Además, requiere que el titular de los centros garantice "la puesta a disposición de la información veraz y ajustada al sistema de información vigente". Deberá detallar las características físicas del centro, personal y residentes o pacientes del mismo. Indica, también, que los centros de servicios sociales de carácter residencial de titularidad privada tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales.

La autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, podrá intervenir los centros residenciales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones. Entre otras actuaciones podrá ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio y establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales. En los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes contagiados, podrá designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros.

Los centros quedan así sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. En residencias especialmente vulnerables, las autoridades competentes valorarán la situación, y auxiliarán la misma de forma coordinada activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su territorio, dice la orden.

El Ejército alertó este lunes de que, en su intervención en hasta 73 residencias de ancianos, había detectado situaciones alarmantes. En algunas de ellas, los cuerpos de ancianos fallecidos no habían sido retirados y permanecían en sus camas junto a otros residentes. La Fiscalía General del Estado ha ordenado la apertura de diligencias de investigación para comprobar si existen responsabilidades penales.