PSOE y UP amplían su pacto de gobierno para frenar los desahucios por alquiler

El programa de Gobierno de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos se verá ampliado con un nuevo compromiso: establecer una prórroga a los desahucios por impago del alquiler. Así lo confirmaron fuentes de Moncloa a este diario, que avanzan que este nuevo compromiso programático se desarrollará en el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos. Este añadido al programa de Gobierno se trabajó durante los últimos días entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, según apuntan las mismas fuentes.

Iglesias también ha trabajado con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para que se amplíe el plazo de la moratoria de desahucios hipotecarios cuatro años y "para que más gente en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a ella", como las familias monoparentales con hijos a cargo. Estas medidas para evitar los lanzamientos se centrarán especialmente en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario.

El alquiler se ha afianzado como la primera causa de desahucio, hasta el punto de que se cerró el año con dos de cada tres lanzamientos por estas causas, según los últimos datos del Consejo General del ­Poder Judicial (CGPJ). Según el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el 67,5% de los desahucios fueron derivados del impago del alquiler. E, total, el número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2019 fue de 54.006, un 9,5% menos que un año ante. En esta línea, los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del seis por ciento, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 17,2 por ciento.

Ábalos ya prometió una iniciativa para permitir "el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas"

El acuerdo de gobierno firmado entre ambos partidos en diciembre incluía, entre otras medidas, la propuesta de establecer un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio "para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional". En esta línea se añadía que "se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad".

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El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunció el pasado mes de febrero que antes del verano se establecerán mecanismos para poder controlar el precio de los alquileres, medida que se ceñirá a las zonas más calientes. "Antes del verano traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas", trasladaba durante la apertura de la comisión del ramo en el Congreso. Antes de lanzar la iniciativa de control de precios, el Gobierno publicará el índice de precios de viviendas en alquiler, otra de las medidas estrella del Ejecutivo, ya que permitirá tener una radiografía real del mercado.

La Moncloa quiere trasladar el mensaje de que el choque durísimo entre los dos vicepresidentes, a raíz de la 'ley Montero', ha quedado atrás

Este índice sentará la base de la futura fijación de precios, ya que el instrumento de control de precios que Ábalos quiere aplicar se basará en este indicador, que el Estado determinará sobre los números que obtenga de las declaraciones de la renta. Pero serán los ayuntamientos y comunidades quienes tengan la potestad de intervenir en el precio, fijando un tope a partir del precio medio que arroje el citado índice.

El mensaje de la Moncloa incide en que Calvo e Iglesias "han trabajado mano a mano para que este nuevo punto se incorporase al acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos". Era la fórmula empleada para trasladar el mensaje de que el choque entre ambos, muy fuerte esta última semana a cuenta de la Ley de Libertad Sexual que salió del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ha quedado por ahora atrás. El Ejecutivo necesita proyectar la imagen de que está cohesionado, pese a las diferencias. De hecho, el pasado viernes, por sorpresa, se reunió la mesa permanente de seguimiento, dirigida por los portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Pablo Echenique, para enterrar las discrepancias y conjurarse de cara al futuro.

Opinión

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De la cita en la Moncloa salió el compromiso de las dos formaciones de parar las filtraciones a los medios y de convocar los órganos de coordinación de manera inmediata en cuanto surja cualquier diferencia, a fin de anticiparse a los problemas y evitar que se enquisten. Además, Sánchez e Iglesias mantienen una interlocución continua y tienen blindada su relación. Además, PSOE y Unidas Podemos deseaban lanzar un mensaje de unidad de cara a las movilizaciones del 8-M de ayer domingo. A la marcha central, la que recorrió las calles de Madrid, cada partido acudió por separado, detrás de su propia pancarta.

Calvo, en declaraciones a los medios, relató que el pasado jueves Iglesias le expresó su preocupación por el impacto de los desahucios entre quienes viven de alquiler. Ambos llegaron a un acuerdo "razonable" para incluir medidas contra este problema en el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes. También habrá una respuesta en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.