Alcalde y concejales de Chinchón, en guerra por la casa de un fondo americano

El Gobierno municipal de la localidad madrileña de Chinchón, una de las más turísticas de la región, vive estos días una guerra interna en la que se mezclan política, familia, urbanismo y hasta peleas personales. La decisión del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Montero, esta semana de traspasar la competencia de la escuela de música del pueblo al área de Educación ha sido la gota que ha colmado el vaso de la edil de Turismo, Estefanía Ariza, que ha estallado ante el presidente de la corporación, Francisco Javier Martínez Mayor, al que ha culpado de no hacer nada ante la "campaña de acoso" que todo el equipo ha montado contra ella para dejarla de lado y arrebatarle sus responsabilidades.

El conflicto, de hecho, no es más que la punta del iceberg de un asunto de mayor envergadura que ha provocado que los mencionados protagonistas y otras concejalas vivan en tensión continua desde hace meses. El problema de fondo radica en que la familia de Ariza ha presentado varios escritos ante el ayuntamiento para reclamar que este haga efectiva la orden de demolición de la vivienda anexa a su casa, una orden que ya firmó el equipo de gobierno el 2 de febrero de 2016, hace más de cuatro años, pero que no termina de ejecutar. "Decretamos la ruina física inminente (...) de la totalidad de la edificación y resolvemos proceder a su demolición", sentenció la resolución aprobada ese día por el anterior equipo de gobierno, que también presidía el actual alcalde.

La resolución se apoyaba en un informe previo de los arquitectos municipales que exigía el derribo de la finca. Estos últimos detallaban los daños que el inmueble en ruinas estaba ocasionando a la vivienda de la madre de la concejala. "Grietas y fisuras en todas las estancias", puertas que no cerraban porque los marcos se habían descolocado, desprendimiento de suelos y alicatados o corrimiento de tierras en el sótano eran algunos de los puntos de la descripción de los técnicos, que pedían abordar reformas "con carácter urgente" y designar a un especialista para que hiciera el seguimiento.

El ayuntamiento asumía en su resolución incluso el coste de "la posible ejecución subsidiaria de la demolición" en caso de que los dueños de la finca no se hicieran cargo. Además, conminaba a los técnicos a "acordonar la zona" con el fin de que "los desplomes no produjeran daños en las personas o las cosas". Ninguno de los dos extremos, sin embargo, se ha producido desde que la resolución fue aprobada. El pasado 16 de febrero, de hecho, cuatro años después, Ariza —la citada concejala de Turismo e hija de la vecina afectada por la vivienda abandonada— volvió a reclamar la demolición. El mal estado del inmueble en ruinas, denunció, provocaba la aparición de humedades, roedores y rajas gigantes en las paredes de la casa de su madre. Era la enésima vez que los Ariza pedían al ayuntamiento que cumpliera con su deber, y así lo recordó el citado 16 de febrero la propia concejala, que detalló uno a uno los escritos previos que había presentado la familia con la misma intención de que fuera ejecutada la resolución municipal y que recordó que ninguno de ellos había sido siquiera contestado por el consistorio.

Según los arquitectos, el inmueble en ruinas pertenece a la mercantil Coral Homes, participada hoy en un 80% por el fondo americano Lone Star y en un 20% por CaixaBank. Hace dos años, sin embargo, el 100% era de CaixaBank, que según el informe técnico en ningún momento respondió a los requerimientos. El Confidencial se puso ayer en contacto con CaixaBank, que no quiso responder al considerar que actualmente es un accionista minoritario.

Los propios técnicos municipales admitieron en el mencionado informe que dio pie a la resolución municipal de demolición que les costó mucho averiguar qué empresa estaba detrás de la propiedad de la finca. En el documento, de hecho, afirmaron que "el titular del inmueble, ya sea una mercantil con domicilio conocido o un ente indeterminado diluido por una compleja trama, debe hacer frente a la conservación". "Por ello, esta Administración no debe cesar en el firme empeño de localizar a los etéreos titulares", agregaron los arquitectos.

Según asegura el alcalde de Chinchón a El Confidencial, se trata de "un tema muy técnico" que está en manos de los asesores legales y técnicos. "Los propietarios ya están localizados, las actuaciones seguirán, pero al ritmo que marquen los especialistas", afirma Martínez Mayor, que renovó el cargo el pasado mayo. La dueña confirma este extremo. "Desde que Coral Homes tiene conocimiento del estado de este inmueble, se están llevando a cabo las acciones previstas y precisas en coordinación con las autoridades locales para la mejor gestión del mismo", aseguran fuentes de la compañía.

Responsabilidad municipal

La concejala se basa en el informe del arquitecto municipal del pasado 22 de noviembre, que daba 15 días a los dueños para presentar proyecto de demolición y recordaba que, además de Coral Homes, ya había sido notificada la orden de derribo a otras mercantiles vinculadas, como la propia CaixaBank o las sociedades Tandem 4, Building Center, Servihabitat Servicios Inmobiliarios o Emais Servicios Integrales. "En previsión de que, al igual que en anteriores ocasiones, no sean atendidos los requerimientos señalados en el punto anterior, procederá la ejecución subsidiaria de la demolición por parte de este ayuntamiento", acordaba el arquitecto municipal, que incluso estimaba el coste de las obras en 52.339,14 euros.

El alcalde, por su parte, declinó hacer declaraciones sobre el conflicto político que la reclamación familiar ha generado en el equipo de gobierno. "Eso es cosa de los concejales, no me voy a manifestar", aseguró Martínez Mayor, que se limitó a confesar que "hay cosas que tratar". El presidente de la corporación se refería a dos tensas conversaciones que han tenido lugar estos últimos días en la sede del consistorio. En ellas, varios concejales han trasladado a Ariza el "malestar" que están provocando en el equipo municipal las denuncias que ha estado interponiendo la madre de la edil de Turismo. "Si mi familia insistía en reclamar sus derechos, yo tendría que dimitir", relata a El Confidencial Ariza en referencia a lo que le han trasladado sus compañeros de filas estos días. "Eso es una coacción", define la edil, que se dio de baja el pasado 19 de febrero por estrés, justo después de que tuviera lugar la primera de las dos conversaciones mencionadas.

En ella, que duró cuatro horas, Ariza revela que echó en cara a sus interlocutores que el consistorio no hubiera respondido a ningún escrito y que varias concejalas le recriminaron que existía un conflicto y que ella tenía que quitarse del medio. "Si mi marido denuncia, yo por ética tendría que salir", aseguró una de las ediles en la segunda conversación mencionada, que a diferencia de la primera apenas se alargó más allá de 10 minutos. "Si decides continuar, el alcalde tendrá que informarte de lo que harás a partir de ahora", le amenazó la misma concejala a cuenta de ese traspaso de competencias de la citada escuela de música, según revela un documento sonoro al que ha tenido acceso El Confidencial. "Tu situación personal nos genera malestar, tienes que entender que la gente esté dolida", le recriminó otro de los presentes.