La "petición de socorro" de Ceuta a Sánchez: quejas sobre Marruecos y el "caos" migratorio

El alcalde-presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, ha enviado un escrito a Moncloa en el que expone al presidente Pedro Sánchez la situación de "precariedad" que enfrenta la zona.

"Desde el pasado verano, las autoridades marroquíes vienen tomando decisiones que perjudican, de manera grave, al comercio ceutí, nuestro principal yacimiento de actividad productiva y de empleo", expone, por lo que pide al Ejecutivo central un plan de actuación que incluya "medidas de apoyo a la actividad económica, consensuado con la representación empresarial y los sindicatos", así como "dotar a la frontera de Europa en África de infraestructuras y medios" que permitan hacer frente al "caos crónico" que sufre el límite divisorio.

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"Se ha incrementado la llegada de inmigrantes marroquíes y argelinos, hasta superar, con creces, el límite de lo soportable", añade Vivas. El incremento en la llegada de 'menas' (menores extranjeros no acompañados) —expone— ha provocado una situación de "verdadera emergencia", que la administración es incapaz de resolver.

"En apenas cuatro meses ha aumentado en un 70% la estancia en el Centro de Realojo Temporal, lo que ha derivado en hacinamiento, colapso e incapacidad para acogerles", lo que provoca "que varios cientos de ellos malvivan en la calle, en unas condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad", añade.

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La crítica situación se ve agravada, explica Vivas, por "la también crónica precariedad en infraestructuras y medios; sobre todo, humanos", así como por las "acuciantes" necesidades en educación, seguridad y sanidad.

Todas estas condiciones ponen, según el presidente ceutí, "en riesgo la supervivencia de la ciudad" y, de no actuar, dejarán a la zona "al borde del abismo". Para evitarlo, pide a Pedro Sánchez "más medios en la frontera" y comunicaciones más ágiles con la Península. A su vez, también solicita una mejora del Régimen Fiscal Especial, que aplica tanto a Ceuta como a Melilla una serie de bonificaciones y deducciones sobre los rendimientos obtenidos por ambas, así como elimina el IVA en las dos localidades.

El Parlamento marroquí ha aprobado una normativa que pretende ampliar su zona exclusiva, lo que colisiona con aguas canarias

Con este escrito, fechado ayer, 23 de enero, el alcalde, que lleva dos décadas al frente de la gestión de la ciudad, reitera unas peticiones al Gobierno central que lleva expresando durante las últimas semanas.

Días atrás, Carlos Rontomé, consejero de Educación y portavoz del ayuntamiento ceutí, también había alertado sobre "los gestos de hostilidad del país vecino [Marruecos] desde el cierre de la aduana comercial de Melilla en 2018, a los que ha seguido el corte unilateral del comercio transfronterizo, las prohibiciones y restricciones al turismo de compras y ocio (...), las instrucciones para que sus funcionarios no nos visiten, que se nos califique como 'ciudades ocupadas' y, ahora, el conflicto de las aguas territoriales"; en alusión a la aprobación, por parte del Parlamento del país africano, de varias normativas que delimitan y amplían su zona de explotación exclusiva, lo que puede afectar a las aguas próximas al archipiélago canario, bajo jurisdicción española.

Adiós al contrabando

El pasado diciembre, las autoridades marroquíes decretaron el fin del contrabando —el llamado 'porteo'— a través de la frontera ceutí, hasta entonces tolerado; lo cual sentenciaba definitivamente una actividad que, meses atrás, ya estaba viéndose limitada mediante vetos al transporte de determinados productos y clausura de áreas fronterizas.

Un año y medio antes, Rabat había adoptado una decisión similar con respecto a Melilla, lo que puso fin a uno de los motores de ambas ciudades del norte de África; únicos lugares del mundo donde también se cotiza el 'dírham', la moneda de Marruecos.

El popular Guillermo Martínez Arcas, mientras ejercía como consejero de Hacienda en Ceuta, calculó el impacto económico que generaban las exportaciones de su ciudad al país vecino. Según sus cifras, ascendían a unos 700 millones de euros cada año. O lo que es lo mismo: el equivalente de las ventas españolas de vino y aceite a Estados Unidos.