El pastor que dijo no a la caja B y casi lo matan por denunciar la corrupción rural

Sentado en un despacho, junto a un alto cargo del Partido Popular en la provincia de Zamora, Rafael Lobato tomó una decisión que cambiaría su vida. Dijo que no contaran con él para alimentar la caja B de su partido. Ocurrió en el año 2004. Lobato acababa de ser elegido alcalde de Peque, un pequeño pueblo en el corazón de Sanabria-Carballeda. Su superior le estaba invitando a formar parte de la camarilla de alcaldes que recauda dinero mediante la firma de presupuestos de obra inflados o directamente ficticios. El alto cargo, una persona ya fallecida, quedó sorprendido. No estaba acostumbrado a que un alcalde le dijera que no, y menos aún un simple pastor de ovejas de un pueblo perdido de 100 habitantes. No le volvieron a sugerir que se sumara al juego, pero en ese momento se convirtió en un apestado. En las siguientes elecciones, en 2007, el alcalde ni siquiera figuró en las listas. Fue en ese momento, tras dejar la política y volcarse de nuevo en su explotación ganadera, cuando su vida se convirtió en un infierno.

Me daban las obras y se certificaban con mi firma, claro. Ya luego harían ellos los chanchullos como les pareciese

"Me invitaban a hacer lo siguiente: me daban obras y se certificaban con mi firma, claro. Ya luego harían ellos los chanchullos como les pareciese. Si yo me prestaba, vendrían más obras al pueblo y los vecinos contentos. Yo les dije que a ver qué ganaba yo con poner mi firma, que eso era ilegal, y me respondieron que quien ganaba era el pueblo. Les dije rotundamente que no. Sé que muchos alcaldes han entrado al trapo durante muchos años, en realidad no conozco a ninguno que se haya negado", recuerda Lobato. ¿Le consta que esta práctica se haya sostenido en el tiempo, una vez la caja B del Partido Popular fue destapada y judicializada y el tesorero Luis Bárcenas puesto en prisión? "No puedo afirmarlo, pero en muchos pueblos durante años se han hecho obras presupuestadas por la Junta en las que se han usado máquinas de la Diputación, que son gratuitas. Es decir, que el gasto ha sido muy inferior al presupuestado. Hay un señor que dijo que en todas las provincias había una caja B. No hay que ser muy inteligente para sacar conclusiones".

Lejos de amilanarse, Lobato siguió crispando a sus superiores cuando era alcalde: impugnó una selección de personal para la mancomunidad de Sanabria-Carballeda por irregularidades en el proceso y dinamitó otras acciones menores de su partido, que durante tantos años ha gobernado ayuntamientos, diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y León a su antojo, un triple anillo de poder que el Partido Popular mantiene en su mayor parte a día de hoy.

Lobato tampoco dudó en agitar el avispero a nivel local y pronto levantó literalmente en armas al grupo social más poderoso, el de los cazadores. "La sociedad de cazadores estaba comercializando para su beneficio las tierras comunales del pueblo. Unas 1.800 hectáreas del total de 3.800 hectáreas que tiene el coto de caza. Ese coto, en aquellos años, tenía un valor de 100.000 euros y el dinero se lo quedaban cuatro o cinco. Era injusto, la mitad de ese dinero tenía que ser para el ayuntamiento, así que intenté segregar esas tierras, que además son las mejores, para hacer otro coto". El exalcalde todavía recuerda el día en que en el bar de Peque un cazador le dijo: "Hoy la escopeta tiene seguro, una bala marcha y puede matar a una persona por menos de nada". Finalmente, fue incapaz de segregar las tierras comunales del coto antes de finalizar su mandato por innumerables trabas legales. Lo único que logró es quedar señalado y aislado.

"Yo lo que quería es hacer las cosas bien, que mi pueblo dejase de ser el cortijo de unos pocos donde todo se hace de cualquier manera", recuerda Lobato. Una licencia que en la España profunda puede ser todo un sacrilegio capaz de costarte la vida. No es una exageración. En octubre de 2016, dos personas abordaron a Lobato en el monte y le dieron una paliza brutal que le generó un coágulo en el cerebro ("me podría haber matado") y varios días de hospitalización. La agresión fue a cargo de un empresario y su hijo, a quienes Lobato ya tenía identificados porque amagaron con atropellarle unos meses antes. Tirado en el monte y malherido, bajó como pudo al pueblo a pedir ayuda.

Quería es hacer las cosas bien, que mi pueblo dejase de ser el cortijo de unos pocos

Para entender ese desenlace, primero hay que comprender cómo comenzó la pesadilla que le persigue hasta el día de hoy y a la cual está empezando a ver la luz. Tras una montaña de procesos judiciales que le han costado los ahorros y la salud, en especial una fuerte depresión que ha durado años, los jueces empiezan a darle la razón. Si consigue su último objetivo, demostrar que la gran mayoría de secretarios municipales rurales son interinos cuyo nombramiento ha expirado y que por lo tanto todo lo que firmen no tiene validez legal, el terremoto en las administraciones puede ser enorme.

Objetivo: hundir al rebelde

"¿Que por qué me persiguen si hace diez años que no soy alcalde de Peque? Pues porque sé muchas cosas que pasan aquí. Y porque me la tienen jurada, supongo", resopla el exalcalde mientras lleva en un carretón una oveja recién fallecida campo abajo. Lobato es un hombre calmado que habla con voz pausada. Es introvertido y no malgasta una sola palabra. Lo único que pide desde hace diez años es que el ayuntamiento o la diputación de Zamora habilite el camino de entrada y salida a su explotación, que fue misteriosamente cortado en 2007, poco después de tomar posesión el nuevo equipo de gobierno de Peque, sus antiguos compañeros del PP. Se trata del camino de Chanos, una vía vecinal que consta en los mapas desde el año 1909. Solo hay que mejorar 600 metros de extensión. Sin ella, el negocio de Lobato queda tocado de muerte, pero el ayuntamiento se niega en redondo a habilitarle un acceso. A cuenta de este camino, que parece (y es) un asunto ridículo, Lobato lleva una década empantanado en una guerra judicial inaudita.

El asunto se resume en algo tan surrealista como esto. Lobato tiene más de 700 cabezas de ovino y hasta hace unos meses era el único empresario del lugar, más allá de los dos bares del pueblo. En agosto de 2007, a poco de dejar la alcaldía, se encontró una mañana con que alguien le había cortado la entrada "por mandato de los vecinos". Con el camino cortado, el camión de recogida de cadáveres de animales no podía acceder a su explotación y los cuerpos se amontonaban. La fiscalía de medioambiente, jaleada por el ayuntamiento, lo denunció por negligencia y por entrañar un peligro para la salud pública. La entonces alcaldesa, Pilar Otero, le dio 48 horas para retirar las ovejas si no quería sufrir represalias, entre ellas la clausura de su negocio.

"Muy bien, pues los saco a otra finca mía y que los recoja allí el camión", dijo resignado Lobato. Pero eso también es ilegal, ya que solamente una empresa certificada puede manipular cadáveres de ganadería. La fiscalía volvió a arremeter contra él. Le habían metido en un callejón sin salida y él, bravo como siempre, se defendió en los tribunales a pesar de no tener estudios de ningún tipo. Tras una dura guerra de denuncias y recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) le dio la razón: Lobato no era responsable de la ilegalidad con los cadáveres, y se tomó una decisión salomónica: el ganadero sacaría las ovejas a un cercado junto a la carretera y allí, dos veces por semana, el camión autorizado los recogería. "Es un disparate y sigue siendo ilegal, pero si hay un brote infeccioso o un problema de salud pública yo no soy responsable", cuenta.

Solo unos pocos vecinos le apoyan en privado. Los demás tienen miedo. ¿A qué? "Muy sencillo. Aquí el 90% de la gente tiene entre 80 y 90 años y son fáciles de manipular. La mayor parte han estado en el extranjero y necesitan que el ayuntamiento les firme cada año una fe de vida para poder cobrar la pensión de aquel país. Se juegan mucho con eso. Otros creen que tiro las ovejas a la carretera por fastidiar, es lo que les han dicho".

En 2015, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, solicitó información al ayuntamiento de Peque sobre los motivos para no arreglar ese camino. Lo hizo a petición de Francisco Molina, entonces diputado provincial por Izquierda Unida y único sostén político de Lobato. "Lo curioso de todo este embrollo es que el PP ha creado un problema de mil diablos, únicamente para proteger a su alcalde en Peque, que a su vez quiere proteger a cuatro vecinos que deberían ser expropiados para ampliar un camino que permite el acceso del camión homologado de la morgue hasta la explotación. Al resistir el ganadero las agresiones, está siendo atacado despiadadamente hasta el punto de entrar en una depresión con baja médica por acoso", escribió Molina.

Este periódico se acercó al ayuntamiento para preguntar a la actual alcaldesa, Teresa María Garrao, por todo este embrollo. Al oír el nombre de Rafael Lobato, la alcaldesa soltó un suspiro y le cambió el rostro. "Un momento", dijo, y se encerró en el despacho junto a la secretaria municipal. "No vamos a hacer ninguna declaración pública, es un asunto judicializado", respondió la alcaldesa al abrir de nuevo la puerta. ¿Alguna vez han valorado arreglar el camino vecinal, tal como pide Lobato para solucionar el asunto? Niega con la cabeza. La secretaria mira incómoda. "No vamos a hacer declaraciones".

El ayuntamiento reconoce que no se plantea arreglar el camino que está asfixiando económicamente a Lobato

El ayuntamiento de Peque anda escocido estos días porque el TSJCyL ha fallado una vez más en favor de Lobato, esta vez a cuenta de la doble tasa que se le estaba aplicando por el uso de pastos para sus ovejas. "En 2010 me aplicaron una tasa unipersonal de 1,50 euros por cabeza de ganado por el tránsito y uso de pastos. De esa no me quejé. Como no les parecía suficiente, luego me aplicaron una segunda tasa de 1,53 euros por cabeza. Era una duplicidad de la tasa y la recurrí. En este tiempo han retirado de mi cuenta 3.000 euros a la fuerza por ese concepto, ahora la lucha va a ser recuperarlos".

No es la primera vez que el consistorio aprieta las tuercas al único ganadero del pueblo. En 2008, como parte de la batería de medidas del nuevo gobierno municipal, se aprobó una tasa de 6 euros por cabeza de ganado, "la tasa más alta de España". Una vez más, el afectado tuvo que recurrir a la justicia y pelear todos los recursos interpuestos por el ayuntamiento. Y pagarlos de su bolsillo, claro. El TSJCyL le dio la razón y la declaró ilegal.

Secretarios interinos en el foco

Pero no todo han sido victorias para Lobato. En 2016, un juez tomó una decisión inaudita en España. Le declaró una incapacidad para personarse ante la administración de Justicia. Es decir, Lobato es una persona perfectamente cabal excepto para denunciar o interponer recursos contra la administración, en base al informe de un médico forense hecho en ausencia. El abogado que le denunció, quien a su vez es secretario municipal de un municipio cercano, pedía su incapacitación total por ser un peligro para la sociedad, lo que exigiría el cierre de su explotación. El ganadero aportó el informe de un psiquiatra independiente de Valladolid cuya conclusión es clara: "ausencia completa de trastorno psicótico”, "pensamiento completamente coherente y con buena estructuración" y si acaso "ansiedad somatizada" debido a esta cruzada personal.

"No conozco otro caso igual", admite la abogada Ángela de Miguel, socia fundadora de Negotia abogados. De Miguel ha llevado este último recurso del ganadero para invalidar la doble tasa sobre sus ovejas y reconoce que la situación que se vive en Peque es "muy peculiar". "Parece que se le está declarando incapaz de poner recursos contra la administración para que deje tranquilo al ayuntamiento, pero este ha instrumentalizado esa situación en su favor para actuar contra una persona indefensa. Es grave", resume la letrada.

Si bien esta última victoria es una alegría, la lucha definitiva del ganadero rebelde de Peque es dinamitar el sistema de cargos interinos que impera en cientos de pueblos desde hace décadas. La figura clave es el secretario municipal: una persona que ocupa el cargo de forma interina, que muchas veces ha sido puesta a dedo por los alcaldes o sus superiores jerárquicos en el partido político al que pertenece, y que con su firma da validez legal a todo lo que lo apruebe el pleno. La mayoría lleva lustros ocupando el puesto.

En este engranaje que presuntamente sostiene y blanquea el caciquismo en la España rural hay un fallo que Lobato y expertos en la materia como el abogado malagueño Wenceslao Alonso quieren explotar: un secretario interino es cesado por defecto al cabo de dos años de desempeñar su función, tras lo que hay que convocar concurso público para intentar cubrir esa plaza con un funcionario titular. Es decir, todo lo que un secretario firme pasado ese tiempo no tendría validez legal si no ha habido concurso. Lobato tiene este asunto atravesado porque si un tribunal falla en este sentido, los certificados y ordenanzas municipales que le asfixian económicamente serían papel mojado. Como la ordenanza, firmada por la secretaria municipal de Peque, interina en el cargo desde el año 2004, que afirma que el camino de Chanos se encuentra en perfecto estado.

"Los secretarios interinos suelen ser compartidos por varios ayuntamientos cercanos", explica Alonso, experto en derecho administrativo. "Llegan por libre designación y no por concurso público, y eso ya es la primera irregularidad. El ayuntamiento dice 'tengo vacante la plaza de secretario interventor y necesito uno', pero no convoca un concurso de méritos, sino que elige a dedo a una persona que mantiene el cargo durante años si nadie lo denuncia, y el ayuntamiento se ahorra convocar un concurso. Si eres interino firmas lo que te ponga por delante el alcalde, porque él es quien te ha elegido a ti y puede sacarte cuando quiera. Y todos piensan 'mientras nadie denuncie no pasa nada'. Es como si tú y yo robamos un jamón, que si no nos pillan…".

"No puede ser, debe ser intolerable, que quien tiene razón sea la víctima ante la pasividad del Estado, la autonomía y el ayuntamiento", expresó el ex diputado Molina en su blog personal, donde desgrana el sinsentido de lo que está padeciendo Lobato y copia las mociones que presentó ante la diputación de Zamora para que alguien arreglase ese camino. El pleno de la diputación, presidida entre 2003 y 2015 por el ex coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, nunca las aceptó.

Casualmente, en 2018 la diputación de Zamora invirtió un millón de euros en asfaltar varios caminos rurales de la comarca. De ellos, 251.000 euros se gastaron solamente en asfaltar el enlace entre Peque y Muelas de los Caballeros. La presidenta de la diputación, Mayte Martín Pozo, y la alcaldesa de Peque, Teresa María Garrao, celebraron la buena nueva dando un paseo por el municipio. Nadie reparó en que allí mismo, subiendo la loma, existe un camino accesible solo en todoterreno, olvidado por todos, que conduce a la explotación ganadera de Rafael Lobato.