SE PIDEN MÁS INSPECTORES SANITARIOS

Facua presenta 15 medidas para prevenir nuevas crisis como la de la listeria

La organización de consumidores lamenta que ni Gobierno ni Junta de Andalucía se reunan con ellos para analizar los errores cometidos alrededor de las últimas alertas alimentarias

Foto: Facua rechaza la gestión de la crisis alimentaria por parte de la Junta de Andalucía
Facua rechaza la gestión de la crisis alimentaria por parte de la Junta de Andalucía
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Facua-Consumidores en Acción ha presentado este lunes un total de 15 medidas para prevenir un nuevo caso de producto alimenticio contaminado, como el caso de la empresa Magrudis, productora de la carne mechada 'La Mechá' infectada con 'Listeria monocytogenes'. Entre otras cosas, se exige la contratación de más inspectores sanitarios y la modificación de las actuales normativas estatales, autonómicas y municipales.

En un comunicado, Facua expone que se trata de reivindicaciones que "deben acometerse de manera urgente, dadas las importantes carencias que tiene la legislación", que pueden desembocar en crisis de tanta gravedad como la de Magrudis, la cual "podría haberse evitado si la normativa y los protocolos de control no tuviesen tantos agujeros" como los que ha identificado.

Desde la organización de consumidores se reclama consenso a las distintas fuerzas políticas para emprender reformas y lamenta en este sentido que, pese a las dimensiones del caso Magrudis, tanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "no hayan aceptado sus peticiones de reunión para analizar los errores que se han cometido en torno a esta alerta alimentaria" y sus reivindicaciones para prevenir casos similares en el futuro.

Medidas para prevenir crisis

La primera de las medidas de Facua es que las empresas alimentarias cuenten con un seguro de responsabilidad civil de cuantía proporcional a su volumen de negocio, cuya existencia y renovación anual será supervisada por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma donde tengan su sede social.

En segundo lugar, se creará un fondo de garantía mediante el que las empresas alimentarias tendrán que aportar al Ministerio de Sanidad una cantidad dimensionada sobre la base de su volumen de ventas para cubrir indemnizaciones en los casos en que se sobrepasen las cuantías establecidas en los seguros de responsabilidad civil.

Fachada de la fábrica Magrudis, en el Polígono sevillano de El Pino (EFE/José Manuel Vidal)
Fachada de la fábrica Magrudis, en el Polígono sevillano de El Pino (EFE/José Manuel Vidal)

A esta le sigue que las asociaciones de consumidores representativas y los ayuntamientos serán incorporados a la red de alerta alimentaria "para garantizar que reciban la información al mismo tiempo que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad", de manera que puedan contribuir a dar a conocer los casos.

La cuarta expone que todas las empresas dedicadas a la fabricación o importación de alimentos informarán a través de sus páginas web de las alertas alimentarias que sean decretadas sobre sus productos, una medida similar a la quinta, que establece que los establecimientos minoristas y hosteleros tendrán que informar mediante cartelería de las alertas decretadas sobre alimentos que hayan servido al público desde el momento en que tengan conocimiento de las mismas.

En sexto lugar, Facua pide más inspectores sanitarios, al exigir que las administraciones competentes en materia sanitaria y de protección al consumidor "dimensionarán sus cuerpos de inspectores sobre la base del número de empresas existentes en sus territorios para garantizar la suficiente capacidad de control".

Facua pide que las administraciones dimensionen sus cuerpos de inspectores sobre la base del número de empresas existentes en sus territorios

Seguidamente, los organismos competentes de los ayuntamientos informarán con carácter inmediato a las autoridades sanitarias de las solicitudes de licencias de actividad o la presentación de declaraciones responsables por parte de empresas alimentarias para que verifiquen si cuentan con los debidos registros sanitarios y las incorporen a sus protocolos de inspección.

A esta medida le sigue que las autoridades sanitarias informarán a los organismos competentes de los ayuntamientos de las solicitudes de registros sanitarios que formulen las empresas alimentarias para verificar si cuentan con las preceptivas licencias de actividad o, de no ser éstas necesarias por sus características, han presentado las debidas declaraciones responsables.

En noveno lugar, las administraciones sanitarias y agroalimentarias cruzarán sus datos con carácter periódico para verificar si las empresas alimentarias de las que tengan conocimiento están dadas de alta en sus respectivos registros y comprobar la veracidad de los datos incluidos en los mismos.

Tomas de muestras y transparencia

Asimismo, se regularán los plazos en los que las autoridades sanitarias deberán inspeccionar a las empresas alimentarias en función de los niveles de riesgo de su actividad, los cuáles serán de obligado cumplimiento. Facua añade que "la inobservancia de dichos plazos podrá dar lugar a responsabilidad de la administración por mal funcionamiento de los servicios de control oficial".

Un envase vacío de la carne mechada de la marca La Mechá (EFE/David Arjona)
Un envase vacío de la carne mechada de la marca La Mechá (EFE/David Arjona)

La decimoprimera medida se centra en los laboratorios, al establecer que aquellos a los que las empresas alimentarias encarguen analíticas tendrán la obligación legal de comunicar con carácter inmediato a la autoridad sanitaria competente los resultados positivos en cualquier riesgo biológico.

A esta le sigue la exigencia de que el número de tomas de muestras de alimentos que tendrán que efectuar para su análisis las autoridades sanitarias cada año se redimensionarán sobre la base del número de fabricantes, mayoristas, establecimientos minoristas y de hostelería existentes en sus respectivos territorios.

La organización de consumidores no entiende que ni el Gobierno ni la Junta se hayan sentado con ellos para revisar esta batería de medidas

La siguiente norma pide que las autoridades sanitarias, agroalimentarias y de protección al consumidor publicarán en sus páginas web todas sus resoluciones sancionadoras.

Las dos últimas exigen que el registro sanitario contenga información sobre la categoría de la empresa en función del riesgo y sobre las inspecciones y controles realizados, con sus fechas, resultados y medidas adoptadas; y que se revisen los protocolos de control epidemiológico y su aplicación para garantizar la seguridad alimentaria.

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