Pánico a los okupas en un barrio de pisos protegidos: "Nos amenazan de muerte"

Montse Lozano ya no sabe lo que es salir de su portal y no tener miedo. Los escasos veinte metros que separan la calle de su bloque de viviendas de protección oficial se traducen en un auténtico infierno para esta madre: si tiene suerte, solo escuchará insultos. Si la cosa se tuerce, es mejor meterse corriendo en casa. Vive amenazada de muerte por un matrimonio okupa que un buen día reventó la puerta de un piso vacío. Los hijos de este matrimonio hacen lo propio con los hijos de Montse, a quienes acosan, insultan y pegan cada vez que los cazan entrando o saliendo del bloque. Montse ya ni se acuerda de las veces que la policía ha tenido que escoltar a los niños hasta la escuela.

“Mis hijos no pueden salir solos a la calle. En cuanto ven a alguno, o ellos o sus niños salen corriendo para asustarles”, explica Montse en el salón de su casa. “Una vez le dieron varios puñetazos al mediano cuando volvía de comprar el pan", relata angustiada.

Todo empezó cuando llegó al barrio hace cinco años, después de que la Junta de Castilla-La Mancha le concediera un piso de protección oficial para ella y sus cuatro hijos en el barrio de La Granja, al oeste de Ciudad Real, una barriada construida con fondos públicos hace 30 años. Nada más instalarse, una vecina de etnia gitana del bloque de enfrente le exigió que pagara un atasco de sus tuberías, a pesar de que la avería comenzó mucho antes de que ella llegara y ni siquiera comparten el mismo portal. “Le dije que si tenía que arreglar algo, que hablara con su presidenta. ‘Puta’ fue lo más bonito que me llamó”, recuerda. “La última vez que intenté hablar con ella yo estaba embarazada de ocho meses y tuvieron que sujetarla para que no me pegara. Nos tiene amenazados de muerte. Ellos han visto que soy una mujer 'paya' que vive sola con sus hijos y la han tomado conmigo. Quieren que me vaya para seguir haciendo lo que les da la gana en los bloques".

Montse lleva diez denuncias y cuatro juicios ganados. Pero le ha servido de poco: después de cumplir con las sentencias –orden de alejamiento verbal y multa- el matrimonio volvió a la carga. "La policía me dice que denuncie y yo lo hago pero, ¿de qué me sirve ganar si luego la Junta, que es la dueña de los pisos, no hace nada? Yo he hecho todo lo que está en mi mano", se lamenta.

La desazón de Montse es un sentimiento que se multiplica en las 600 viviendas de protección oficial (VPO) que componen la zona más antigua de La Granja. De los tres edificios públicos en la barriada, dos de ellos viven atemorizados por los okupas, que suelen tener relación de parentesco entre ellos. La asociación de vecinos ha confirmado una decena de viviendas públicas ocupadas más otras tantas de las que no tiene datos, y no comprende que la Junta de Castilla-La Mancha no haya hecho nada al respecto. Cada día, la inseguridad traspasa los hogares y muy pocos se atreven a hacer vida en las calles. Los niños, los que menos. Niño que sale con chucherías o con juguetes a la calle, niño que regresa llorando a casa con las manos vacías.

El problema viene de hace unos 10 años, cuando empezaron a llegar varias familias okupas, la mayor parte de etnia gitana y emparentadas entre ellas. Vieron que la Junta no lanzaba órdenes de desahucio y se adueñaron rápidamente del barrio. Desde entonces, las peleas, la música a altas horas y los botellones han sido la orden del día. “El problema no es que sean okupas, ni que sean gitanos. Yo comparto bloque con una familia okupa y hay gitanos con los que nos llevamos bien", explica Montse mientras mira recelosa hacia el portal de al lado y baja la voz. "El problema es que algunos te hagan la vida imposible. Yo he llegado a despedirme de mis hijos varias veces. Cualquier día me hacen algo. A veces se ponen a hacer guardia para acosarme en el rellano de mi casa".

Yo he llegado a despedirme de mis hijos varias veces. Cualquier día me hacen algo

Estos vecinos angustiados, todos familias humildes que compraron o alquilaron a la Junta estas viviendas protegidas y pagan sus recibos cada mes, ni siquiera se atreven a reunirse a la vista de cualquiera. La lucha se libra en una página de Facebook creada por Montse hace menos de dos semanas, cuando se hartó de que la amenazaran de muerte cada día y acosaran a sus hijos. La página ha sido un catalizador para sacar a la luz el miedo con el que viven los vecinos: más de 80 personas han compartido historias con la inseguridad como hilo conductor. Fiestas hasta altas horas de la madrugada, amenazas con navajas y hasta grandes hogueras que tienen lugar en el poblado chabolista aledaño de San Martín de Porres, del que, dicen los vecinos, proceden casi todos los okupas de La Granja.

"En el barrio es comer y dormir, porque tampoco se puede hacer nada más”, se queja Joaquín, uno de los vecinos. “A veces prenden fuego a los rastrojos para llamar la atención, otras son hogueras que hacen para quemar cables y chatarra, sobre todo en verano, y nunca se detiene a nadie". Los repartidores de comida ni siquiera se atreven a entrar en La Granja. Piden a los vecinos que salgan a la glorieta o a la iglesia a recogerla porque saben que si aparcan les destrozan la moto o les roban la comida. Desde el ayuntamiento niegan la mayor. Aseguran que atienden las denuncias de La Granja igual que las del resto de Ciudad Real y que el único problema es de convivencia entre un puñado de vecinos.

Un tiroteo frente a la guardería

Durante el día, el barrio está casi desértico: no hay nadie sentado en las plazas y los columpios solo se mueven si el aire los empuja. Al lado, en el recinto ferial, se celebra la Feria Nacional del Vino. "Si no fuera por eso que está ahora, ya estarían ahí con sus furgonetas montando el pollo", dice un vecino apuntando hacia el descampado del pabellón. Alrededor solo se oye a los niños que vuelven del colegio frente al que, a principios de mayo, alguien pegó dos tiros al aire en un enfrentamiento entre dos vehículos.

Teresa recuerda que no se enteró del tiroteo hasta que lo oyó en las noticias, a pesar de tener a su nieto de acogida en la guardería de al lado. Más tarde supo que los tiros ocurrieron durante el recreo de los pequeños, a pocos metros de la escuela infantil. Sucedió el 14 de mayo. En los descansillos se rumorea que fue un enfrentamiento entre los Torres y los Amadores, dos de las familias que habitan en el barrio y que viven enfrentadas. En 2016, ya había ocurrido algo similar, con el resultado de un camionero herido en el estómago por una bala extraviada. En los últimos años ha habido tres tiroteos en estas calles.

"Mi nieto ni se enteró de lo que pasaba porque es muy pequeño", explica Teresa. "Pero sabemos que en el barrio se mueven armas y que, aunque la Policía se las requise, en pocos días vuelven a tenerlas".

Mi asistenta me reconoció que el problema es que la mayoría de las VPOs están okupadas

Ese día, María (nombre ficticio) también escuchó los tiros desde su vivienda. Esta joven madre de 21 años llegó al barrio en octubre de 2018 y después del tiroteo está deseando irse. Estaba viviendo en el centro, pero al quedarse embarazada perdió su trabajo y se vio obligada a pedir ayuda a una asociación que le ubicó en una vivienda de la barriada, donde ahora vive con otra madre y tiene el alquiler completamente cubierto.

"En mi ventana siempre hay una familia que pone música a todo volumen hasta las tres de la mañana", cuenta. "Al día siguiente la acera está llena de latas de cerveza y restos de porros". Le preocupa lo que puede pasar cuando su hija empiece a caminar y le entre curiosidad por tocar todo. Los vecinos que ven movimientos sospechosos cada día confirman que en el barrio también hay trapicheo.

A María le ocurre lo que a los demás. Quiere irse pero no puede. Primero por su situación económica. Segundo, porque la lista de espera para acceder a una VPO es cada vez más larga a causa del incremento de las okupaciones. Hay casos en los que la espera supera los cinco años. La propia asistente social que se encarga del caso de María se lo reconoció: "Me dijo que el problema que hay en este barrio es que la mayoría de las VPO están okupadas ilegalmente y que así es imposible seguir dándolas".

Según los últimos datos de la Consejería de Fomento, en 2017 el número de demandantes de vivienda pública en alquiler había aumentado en un 30% en dos años. Esto significa que los castellano-manchegos en busca de una VPO habían pasado de 9.000 a más de 12.600. Ciudad Real es, precisamente, la que más solicitudes acumula: 3.670 personas con bajos recursos que entran a formar parte de la amplia lista de espera.

La Asociación de Vecinos de La Granja ha intentado hacer su propio censo de viviendas públicas okupadas y de momento tiene diez como cifra oficial. "Estamos seguros de que hay muchas más, el problema es que no dejan de entrar y salir y así es imposible saberlo", explica Carmen Robledo, secretaria de la organización. "Ya hemos propuesto que se haga un seguimiento de los pisos para comprar quién vive y quién aparece en el contrato".

Carmen explica que la asociación se formó hace 14 años, precisamente, porque "teníamos miedo de que La Granja se convirtiera en San Martín de Porres, que es lo que está pasando". San Martín de Porres es una barriada chabolista separada de La Granja por el descampado donde a veces se hacen las hogueras. Los vecinos tienen constancia de que algunas familias provienen de este barrio, que lleva varios años exigiendo una solución y pidiendo viviendas dignas, llegando incluso a acampar frente al Ayuntamiento de Ciudad Real.

Nadie va al Centro Social porque ellos se han convertido en sus dueños

En la última reunión de la asociación con varios representantes de la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento, las vecinas recibieron la promesa de un registro de viviendas para identificar a los okupas y empezar los trámites de desalojo. Carmen no se fía. "Nos dicen que sí y luego nadie hace nada más que pasarse el balón entre ellos", se queja. "La Junta dice que no tiene nada que hacer y el ayuntamiento dice que la Junta tiene que denunciar apara hacer algo. ¿Nos dicen todo esto para que nos callemos o qué?".

Desde el ayuntamiento, Matilde Hinojosa, concejala de Bienestar Social asegura que es la Junta la que tiene que atajar las okupaciones. Pero puntualiza que el consistorio está trabajando en el desarrollo comunitario con el fin de que los vecinos se conozcan entre ellos y baje la tensión. "Se está generalizando el tema con las familias gitanas y me preocupa que se frivolice", dice la concejala. "Estamos desarrollando actividades y eventos que puedan mejorar la convivencia y eviten meter a todo el mundo en el mismo saco".

Los vecinos no acaban de ver que esta sea la solución más efectiva. Así lo afirma la secretaria de la asociación : "Aquí también hay familias rumanas, hispanas y moras y no hemos tenido problema con ninguno de ellos. En el centro social hay talleres, sí, pero nadie va porque las familias gitanas lo han hecho de su propiedad y tienen hasta al personal atemorizado".

Un quiosco, cinco cámaras

A las espera de una acción contundente sobre estas viviendas públicas okupadas, cada vecino se las arregla como puede. Algunos intentan malvender su piso, otros se van y mandan a alguien a dormir a la vivienda para que no se lo ocupen. Algunas familias, como la de Montse, llevan a sus hijos a colegios fuera de La Granja, a pesar de tener uno a pocos metros. Los comercios desaparecen poco a poco -ya han cerrado dos supermercados- y La Granja va quedando cada vez más aislada, sin servicios y con un estigma horrible en todo Ciudad Real.

En este clima de abandono, el quiosco de Rosi -la suministradora oficial de chucherías del barrio- es uno de los pocos negocios que sobreviven. Su colorido local plagado de bolsas, refrescos y pasteles de todo tipo podría ser idéntico a cualquier local de España salvo por una pequeña diferencia: está vigilado día y noche por cinco cámaras de seguridad.

Cuando se le pregunta por el barrio, no puede evitar que se le escape una pequeña risa de desesperación. Los inquilinos que previamente tenían el negocio abandonaron el barco después de sufrir un tiroteo y fue ella la que tuvo que hacerse cargo de la tienda. "Puede que pases una semana bien pero que llegue un día y alguien te monte un pollo. No solo gitanos, también payos", asegura. "Yo ya solo estoy tranquila si tengo todo vigilado con las cámaras y la alarma".

Yo ya solo estoy tranquila si tengo todo vigilado con las cámaras y la alarma

Rosi deja de hablar o reduce su tono de voz cada vez que entra alguien por la puerta. Es la reacción de cualquier vecino de La Granja: quejarse en bajo por si las paredes oyen. La tendera ha perdido ya la cuenta de las veces que han intentado timarle con las vueltas o robarle en un momento de despiste.

Ha llegado a verse obligada a enfrentarse a situaciones especialmente violentas, como cuando una mujer saltó el mostrador para amenazarle o cuando un cliente tiró los estantes de gominola por no tener una barra de pan lista a tiempo. "Yo me decía siempre: 'Rosi, si has estado en una ganadería de vacas bravas y no te han hecho nada, ¿qué te va a hacer esta gente, que son personas?", reflexiona. "Pero a medida que pasa la edad una se hace más miedosa".

La situación límite de La Granja ya está sobre la mesa de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha. Casto Sánchez, el director provincial, lleva varias semanas de reuniones con la asociación de vecinos. Reconoce que hay varias viviendas okupadas e insiste en que siempre han estado trabajando con esta problemática "porque somos los propietarios de los pisos y es nuestra responsabilidad". Sin embargo, puntualiza que "es un problema a nivel nacional que se replica tanto en Ciudad Real como en cualquier otra ciudad española".

Los procesos burocráticos y los tiempos en la Justicia son los factores que, según el director, lo complican todo cuando se trata de la okupación de una vivienda pública. Primero debe llegar el aviso de los vecinos para que Fomento se ponga a trabajar para descubrir si la persona que figura como titular es la que está en la vivienda, una intervención que requiere de la actuación de la policía. "No es fácil porque no abren la puerta o porque se da el caso de que esa persona esté allí con permiso del titular", justfica. Ese mismo titular debe renunciar a la vivienda para que comience la petición del desalojo.

Al enredo burocrático se suma la obligación de ponerse en contacto con instituciones de intervención sociocomunitaria si hay menores de por medio. "Detrás de la familia que está okupando también hay una familia que necesita un techo", alega el director provincial de Fomento, quien confirma que los vecinos que tienen amenazada de muerte a Montse se encuentran desde hace unos días bajo procedimiento de desalojo.

El estigma de un barrio okupado

En el amplio salón de Sagrario, antes de que caiga el sol, hay una reunión improvisada. Sus tres vecinas, a las que conoce desde que llegó a los pisos hace treinta años, han sido testigos del cambio que ha sufrido La Granja. "Qué bien estábamos cuando estábamos nosotras solas, ¿verdad?", le dice una a otra. "No había ni farolas y no teníamos miedo a volver a oscuras de trabajar. A ver ahora quién se atreve".

Aunque todas ellas viven en el 'bloque de la resistencia' -no hay casos de okupación en sus rellanos-, eso no les ha ahorrado algún susto. Las tres vecinas de Sagrario, que prefieren mantenerse anónimas, han escuchado a alguien aporrear sus puertas por la noche. Otro vecino tiene un boquete en la puerta de su portal por una pedrada. "Si les apetece, se vienen a las doce de la noche y empiezan a destrozar cosas: la mitad de los pisos de los otros bloques están sin puertas", asegura una de ellas.

Muchos vecinos han acabado de pagar su piso en estos últimos cinco años. Ahora algunos se plantean irse, sin tener muy claro si podrán hacerlo. Vender a buen precio es imposible, y venir de La Granja es una carga que todo el mundo ve. "A la hora de buscar trabajo o piso, decir que se viene de La Granja implica cierta inseguridad", lamenta Sagrario. "Nos duele mucho porque la fama de un 20% está tapando al otro 80% que es gente normal, humilde y trabajadora".

Temen que en algún momento se llegue a regularizar la situación de estos okupas de viviendas públicas, como ya ocurrió en el caso de Madrid. "Me parece muy bien que metan a familias gitanas, pero una familia se trae luego a los sobrinos, a los nietos y a los primos", dice otra vecina. "Y luego no pagan nada: ni piso, ni luz, ni agua". Otra vecina advierte: "O empiezan a actuar ya o acabamos mal. Tenemos vecinos cazadores que ya han dicho que tienen ganas de traerse la escopeta para el barrio".