Fuera policía, no detenciones, sí Batasuna... Los compromisos que ZP asumió con ETA

Las actas que la banda terrorista ETA redactó de los encuentros que sus representantes mantuvieron con enviados del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero narran todo lo que los de una y otra parte conversaron durante maratonianas jornadas que se alargaban hasta la noche los días previos a que la organización armada declarara el alto el fuego. En una de estas citas estuvo presente el propio Zapatero y un grupo de cinco mediadores. Tuvo lugar en mayo de 2005, y el máximo dirigente gubernamental se comprometió a llevar a cabo una serie de puntos a cambio de que la banda decretara un alto el fuego.

"La disminución palpable de la presencia policial (controles, etc.) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale" era uno de los compromisos que adquirió Gorburu, nombre en clave con el que en el marco de la negociación se conocía a Zapatero. "Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.)", matizaba el compromiso gubernamental, que también tenía una derivada política.

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En concreto, el presidente del Gobierno anunció que estaba dispuesto a "aceptar de facto que Batasuna y otras organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política". Batasuna había sido ilegalizada dos años antes en España, aunque no en Francia. Aun así, sus miembros pasaron a denominarse popularmente como izquierda abertzale tanto en los medios como en las tribunas políticas, una normalización que Zapatero pretendía devolver a momentos previos a la ilegalización a través del mencionado compromiso.

Por último, el jefe del Ejecutivo se comprometió a "no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas" salvo en los casos excepcionales descrito en el primer punto; es decir, en los supuestos de atracos, homicidios y otros delitos flagrantes. Según las actas, ETA y el Gobierno acordaron un plazo de entre siete y diez días para implementar este compromiso, dado que el Ejecutivo tenía que dar las órdenes necesarias por los cauces adecuados con el fin de llegar a los mandos que tuvieran la competencia y pudieran evitar arrestos.

"La suspensión definitiva de su accionar armado dependerá del comportamiento que tengan España y Francia ante el proceso democrático de Euskal Herria", dejaba claro ETA por su parte en las mismas conversaciones, una afirmación que dio origen, según reflejan las actas, a "largas horas" de debate entre las dos posiciones que tenían la finalidad de alcanzar un acuerdo sobre la redacción del comunicado que pondría fin a las armas. "Es jodido para nosotros", decían desde el Gobierno. "No plantea siquiera el término indefinido en cuanto al alto el fuego", añadían. "AVT y PP tienen el camino fácil para entrar a saco", reflexionaban desde la misma parte.

"No habla de independencia, cierto, pero no es novedoso y no da margen; no aparece el término permanente, que es lo que esperábamos", añadían los representantes gubernamentales, que temían también que la comunicación tal y como la planteaba la banda se interpretara como que ETA "va a tutelar el proceso político". "Y eso no puede ser de ninguna manera", valoraban calculadores desde el Ejecutivo, que propuso añadir los calificativos "general y permanente" al alto el fuego así como la frase "si el proceso democrático abierto se desarrolla sin interferencias antidemocráticas, ETA manifiesta su decisión de poner fin definitivo a la lucha armada".

Ni impuesto revolucionario ni explosivos

Mientras la banda redactaba el comunicado, el Gobierno propuso dejar de lado cualquier tipo de atentado contra personas, viviendas, símbolos o sedes, suspender acosos sociales o políticos a ciudadanos tales como "amenazas de muerte, cartas o pancartas". Zapatero reclamó "no pedir el impuesto revolucionario ni comprar armas o explosivos; no realizar atracos ni secuestros ni reclutar nuevos miembros; no hacer seguimientos ni entrenamientos", extremos que se comprometió a aceptar la banda terrorista, que pidió únicamente limitar su actuación a llevar a cabo "actividades necesarias para el mantenimiento de la organización".

Durante las conversaciones, ETA y Gobierno acordaron mantener todo lo que ahí se hablaba en secreto. "Ninguna de las partes publicará ningún documento en el proceso", establecieron. Desde la banda admitieron que "las filtraciones" podían darse más en su terreno y que "eso traería dificultades al Gobierno", al que restaría "capacidad de movimiento". "Si se extendieran los rumores, no diríamos nada; en cambio, si se publicaran datos concretos, reconoceríamos los contactos", advirtió el grupo de representantes de la banda, que admite contactos con el Gobierno a través de las mencionadas reuniones e incluso por otras vías.

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En concreto, la delegación etarra confiesa que al menos en dos ocasiones ha hablado por teléfono con Zapatero. "Para realizar contrastes", explican los delegados de la banda terrorista en las mencionadas actas. Los interlocutores, "por seguridad, hablan en forma de supuestos", añaden. Utilizan "expresiones como bien, mal o similares" para evitar ser entendidos por posibles interceptores de las comunicaciones.

Durante los encuentros, Zapatero admite también que el conflicto entre ETA y el Estado no es un enfrentamiento entre verdugos y víctimas, sino un asunto "político". "El carácter de la concepción del proceso es político, estamos de acuerdo, y el problema no está ahí, sino en cómo se plasma eso en papel", asegura Gorburu, según ponen de manifiesto las actas, en respuesta a la petición de la banda de "que quede claro que en Euskal Herria existe un conflicto y que debe tener una solución política a través de un proceso político". Asimismo, el presidente del Gobierno, da valor a los encuentros. "Debemos ser conscientes del paso que ha dado estando en Europa, que en la transición nunca se ha hecho nada así, que tenemos que trabajar juntos, porque será por el bien de todos", considera Zapatero.