La jueza revoca el tercer grado que la Generalitat concedió a Oriol Pujol

La jueza de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió en marzo pasado al exdirigente de CDC Oriol Pujol a los casi dos meses de que ingresara en prisión para cumplir la pena de dos años y medio que se le impuso por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV, al considerar "a todas luces insuficiente el escaso tiempo de observación transcurrido" para que se tomase la decisión del tercer grado.

En un auto, que señala que la resolución es ejecutable y que se puede recurrir en un plazo de tres días, la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 de Cataluña estima el recurso de la Fiscalía contra la resolución de la Dirección de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat y revoca el tercer grado concedido el pasado 21 de marzo al único hijo del expresidente catalán Jordi Pujol que se dedicó a la política.

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La Fiscalía había advertido de que conceder el tercer grado a Oriol Pujol transmitía a la sociedad "un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir" y de que "la ley no es igual para todos", al no castigarse "con la misma severidad" a los delincuentes con "elevado estatus social" respecto a los "desfavorecidos".

Pujol ingresó en la cárcel de Brians 2 el 17 de enero y únicamente iba a dormir a prisión desde que el 29 de marzo empezó a disfrutar del régimen abierto que le concedió la Generalitat. Esta resolución supone que a lo largo de este jueves, cuando Pujol regrese al centro penitenciario para pasar la noche, reingresará en un módulo ordinario y ya no podrá salir de prisión durante el día (al menos hasta que se resuelva el recurso que puede presentar).

Oriol Pujol cumple una condena de un año y dieciocho meses de prisión por la comisión de un delito continuado de cohecho cometido por autoridad y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la atenuante de confesión.

En el auto se recuerda que Pujol ya ha abonado la multa de 5.000 euros que se le había impuesto, y que cuenta además con la inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo durante dos años y seis meses, junto a otra inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante tres años.

El cálculo que se realiza en el documento es que el 30 de agosto de este año Pujol cumplirá una cuarta parte de su condena; el 25 de noviembre de 2020 habrá alcanzado las tres cuartas partes; y obtendrá su libertad definitiva el 9 de julio de 2021.

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Esos cálculos son los que permiten a la juez de vigilancia penitenciaria revocar el tercer grado de Pujol, ya que, según el Reglamento Penitenciario, "para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o condenas pueda ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el Art. 102.2, valorándose, especialmente, el historial delictivo y la integración social del penado".

El "tiempo de estudio suficiente" lo contempla el artículo 103 del Reglamento Penitenciario, que recoge una serie de plazos tanto en la propuesta efectuada por el equipo técnico (que a ser de dos meses desde que se recibe en el Establecimiento del testimonio de la sentencia), como respecto a la resolución que ha de efectuar el Centro Directivo (plazo máximo de dos meses desde su recepción).

Pujol, que no había cumplido en el momento que se le concedió el tercer grado la cuarta parte de su condena, ingresó en el centro penitenciario el 17 de enero de 2019 y la fecha en la que la Junta de Tratamiento propone la clasificación inicial en tercer grado es de fecha 14 de marzo. Por lo tanto, el auto destaca que "ni tan siquiera habían transcurrido dos meses desde su ingreso, por lo que no puede afirmarse que se ha cumplido con un periodo razonable de observación" que permita al equipo técnico estudiar al interno para tener un conocimiento del mismo.

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Así, la jueza justifica que es "a todas luces insuficientes el escaso tiempo de observación transcurrido (menos de dos meses) para poder diseñar el programa de tratamiento más apropiado para el penado".

Además, en el auto se señala la "especial relevancia" que adquiere este caso en términos de repercusión institucional y social, al haber generado la conducta de Pujol "un gran descrédito de las instituciones dada su condición de diputado del Parlamento de Cataluña" y aprovechando así su "privilegiada condición política y actividad pública".

La juez concluye que ha existido una "desproporción" entre la entidad de los delitos por los que fue condenado -tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental- y la clasificación en tercer grado que le concedió la Generalitat a los dos meses de ingresar en prisión.También admite como ciertos algunos de los elementos que llevaron a darle el tercer grado, como la falta de antecedentes, que reconoció los hechos y pagó todas las multas, el bajo riesgo de reincidencia, su diagnóstico social positivo, su integración socio-familiar y que tenía un empleo como agente comercial.

No obstante, advierte de que estos aspectos no pueden ser "determinantes" a la hora de conceder un tercer grado en este momento, porque "de los informes aportados no se observa que se haya producido durante el escaso periodo de ingreso cambio alguno en los déficit tratamentales determinantes de su comportamiento delictivo".