Vía libre del Constitucional para que Puigdemont se presente a las europeas

El Tribunal Constitucional ha inadmitido este jueves los recursos presentados por Ciudadanos y por el Partido Popular contra el fallo de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que permite a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí presentarse a las elecciones europeas. Tumba, de este modo, la oposición de los de Albert Rivera y Pablo Casado a la decisión de la Junta Electoral Central de vetar su candidatura. En su auto, el TC indica que la presencia del expresidente en los comicios no menoscaba la libre concurrencia de opciones diferentes. Asegura que los tribunales madrileños "resolvieron en virtud de una interpretación flexible y favorable al ejercicio de los derechos fundamentales".

En cuatro provindencias el tribunal de garantías se reafirma sobre la competencia de los jueces de Madrid para tomar una decisión al respecto. El asunto se fue alargando en una agonía que duró varios días. La polémica decisión de la JEC recabó, primero, la oposición de la Fiscalía, que informó a favor de que se permitiera a los tres políticos huidos en Bruselas concurrir. Cinco magistrados del Supremo indicaron, además, en un auto que, pese a no ser competentes, en su opinión, podían ser candidatos.

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El alto tribunal se pone del lado de la protección del derecho al sufragio pasivo. La decisión de la Junta Electoral estuvo teñida de controversia desde el inicio. Los siete miembros que apoyaron tumbar la candidatura aseguraban que Puigdemont y los otros dos candidatos no estaban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que ese paso era requisito obligatorio para cualquier persona que no resida en España. No les valió que hubieran presentado el documento censal de sus domicilios en territorio nacional ya que —indicaban— es evidente que no viven allí desde que huyeron en 2017. Cuatro miembros se pronunciaron en contra, entre ellos el presidente Segundo Menéndez y su vicepresidente.

El Tribunal Constitucional considera ahora que no debe admitir a trámite el recurso de Ciudadanos por "la inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". La Sala Primera considera que "no cabe esgrimir la garantía constitucional de la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos", pues esto entrañaría "no sólo una desnaturalización de la garantía misma, sino también el planteamiento ante este tribunal de impugnaciones frente a la aplicación e interpretación de la Ley llevadas a cabo por los órganos administrativos y judiciales".

El líder popular Pablo Casado anunció en rueda de prensa que consideraban un "fraude de ley" que un fugado de la justicia española aspire a representar a este país para seguir haciendo "propaganda" pagada con fondos públicos contra el mismo país al que aspira a representar.

Por su parte, el partido naranja pedía que se anulara la sentencia de los juzgados de Madrid y que, en consecuencia, prevaleciera el acuerdo de la JEC que le impedía concurrir. Ciudadanos consideraba que su presencia en las listas vulnera el derecho a la igualdad consagrado en los artículos 14 y 13.2 de la Constitución y también el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.

En un breve comunicado, la formación de Albert Rivera veía “inadmisible” que el expresident de la Generalitat tenga “privilegios y represente” a España al tildarlo de “fugado de la justicia que trabaja en contra de España”. Además señala que “es una vergüenza que los españoles tengan que pagar un sueldo con dinero público a Puigdemont después de haber dado un golpe de estado y poner en riesgo a la democracia española”.