Les quitan a sus hijos y los dan en adopción porque él es "machista" y ella "inmadura"

Marcelino y Mari Carmen tienen dos hijos en común pero están a punto de quedarse sin ellos. De ser borrados como padres, como si sus nacimientos, sus desvelos a las tres de la mañana, los bocadillos para la merienda o el primer "papá" nunca hubieran existido. Así lo ha decretado la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Considera que Marcelino y Mari Carmen no son aptos para ser padres de nadie y mucho menos para ejercer como tales, y ha enviado a los niños a un matrimonio anónimo en otra provincia en régimen de preadopción, a la espera de que se confirme el tránsito. Cuando este se ejecute, Alberto*, de nueve años, y Ana, de seis, perderán sus apellidos y tendrán otra familia para siempre, a pesar de que Alberto y Ana siguen llamando papá a Marcelino y mamá a Mari Carmen, y en los cinco años y medio que llevan separados, siempre han expresado el deseo de regresar a su hogar.

Psicólogos, trabajadores sociales, la persona que acogió a los niños durante cuatro años y medio, los actuales empleadores de Marcelino y Mari Carmen. Todos sostienen que ambos son gente corriente, equilibrada y capaz de hacer frente a sus responsabilidades. Mari Carmen trabaja desde hace un año en una casa en Burgos cuidando de una anciana de 98 años y la familia se muestra encantada. Marcelino también cuida de su madre nonagenaria en casa y es responsable de una obra en una empresa de construcción de Vitoria. Sin embargo, Servicios Sociales considera que la pareja es un peligro para el bienestar y seguridad de los pequeños debido al "maltrato psíquico" en forma de poca afectividad, falta de estímulos y machismo por parte del padre, y a la "negligencia física" por escasez de higiene, alimentación deficitaria y retraso en la atención médica que, según un informe de los técnicos, dispensaban en el pasado a los pequeños.

Servicios Sociales considera a la pareja incapaz de criar a sus hijos, en contra de la opinión de expertos independientes y de su entorno laboral

Por estos motivos se declaró a los niños en desamparo en julio de 2013 y se les retiró la tutela a los padres, que se hizo efectiva ese septiembre. En cinco años y medio ha sido imposible para Marcelino y Mari Carmen recuperar a sus hijos, a pesar de que no han dejado de luchar por tenerlos de vuelta, incluidos varios procedimientos judiciales en los que se ha dado validez a los informes oficiales, como adelantó días atrás el Diario de Burgos.

En cada visita en el punto de encuentro, a las que no han faltado nunca, les han dicho a sus hijos que les quieren y que pronto estarían juntos, les han llevado regalos y material escolar. Estas visitas durante dos años fueron semanales y, desde 2016, mensuales, una vez que Servicios Sociales decidió que la adopción era la única salida. Al espaciar los encuentros a una sola vez al mes se pretendía ir debilitando los lazos entre padres e hijos, ir matando lentamente el cariño mutuo y allanar el terreno para la adopción.

Servicios Sociales argumenta que en todo este tiempo Marcelino ha sido incapaz de admitir sus pecados. Nunca ha reconocido que sus hijos estaban desamparados o desnutridos en aquel momento, y tampoco ha suavizado su carácter fuerte, malhablado y machista (los técnicos ven inadecuado su "concepto de familia tradicional, con unos roles de género estructurados"). A ojos del Estado sigue sin ser apto para criar a sus hijos y se merece no verlos nunca más.

El caso de Mari Carmen es todavía más crudo: los técnicos de Servicios Sociales la calificaron como limitada intelectualmente ("su capacidad de juicio es reducida con inestabilidad e inmadurez emocional") y descartaron desde el principio que pudiera ejercer de madre de sus hijos nunca más por esa supuesta deficiencia mental. Lo cierto es que Mari Carmen sufre una pérdida de audición del 67% en un oído por culpa de una explosión ocurrida en su escuela cuando era niña y problemas de visión en un ojo. No existe ningún informe psicológico que avale deficiencia intelectual, solo criterios subjetivos.

Los técnicos consideran a la madre discapacitada mental y la han apartado de la custodia para siempre, a pesar de que no existen pruebas

"Todas las actuaciones que se desarrollan por parte de los servicios de protección a la infancia tienen por finalidad garantizar el interés superior del menor, que prima sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir en un caso concreto", indican a este diario fuentes del organismo público. "Se prioriza la posibilidad de que el menor pueda continuar en su familia de origen y, en aquellos casos en que debe ser separado, el que pueda volver a ella en el menor plazo posible, teniendo en cuenta la evolución de la familia. La medida de adopción se promueve en los casos en que todo lo anterior no es posible y dicha medida se considera la más adecuada en interés del menor".

Sonrisas y abrazos en las visitas

Estas declaraciones chocan con el informe elaborado por la Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores (Aprome), responsable del régimen de visitas entre padres e hijos. Servicios Sociales se basa en ese informe de sus colegas en Burgos para darlos en adopción, pero el documento no parece en absoluto definitorio. Señala falta de higiene en los padres y actitudes beligerantes, con insultos incluidos, hacia la familia de acogida, pero también incluye frases como estas: "Los menores reciben a sus padres sonrientes y de forma cariñosa, especialmente con el padre”; "en una ocasión, el menor expresó llorando a su padre que lloraba por querer estar en compañía de este"; "durante los últimos meses de intervención se observaba que don Marcelino les explicaba a sus hijos que los quería, que él siempre sería su padre y que 'daba igual lo que les dijeran"; "en los momentos de las despedidas los niños se despedían de sus padres con muestras de afecto, con besos y abrazos, especialmente de don Marcelino".

¿Cuál fue el veredicto tras todo esto? "Imposibilidad de retorno con sus progenitores por no poder garantizar su seguridad y el bienestar". Se recomendó buscar una adopción "no abierta", es decir, una en la que no haya contacto alguno con los padres biológicos nunca más.

Esta medida traumática se aprobó el 21 de junio de 2017. Dos días más tarde Alberto y Ana fueron inscritos en el Registro de Menores Susceptibles de Adopción. Pronto apareció una familia candidata procedente de otra provincia. Empezaron a visitarlos en la casa de acogida en Burgos semanalmente para iniciar el acoplamiento, y finalmente se los llevaron en diciembre de ese año. Desde entonces, un año y cuatro meses, no ha existido ninguna comunicación. Los padres temen que los lazos se hayan roto para siempre, que los niños, hartos de tantos vaivenes, se rindan y declaren que ya están bien como están si un técnico o un juez les pregunta. El reloj corre veloz en contra de la pareja.

"Yo los bañaba, los cuidaba, nunca faltó comida en casa", insiste Marcelino en el salón de su hogar, un amplio chalé de 200 m² y 500 m² de jardín en Miranda de Ebro. Marcelino y Mari Carmen llevan separados desde 2015, en buena medida a raíz de la pérdida de la tutela. No quieren ni pensar en el día que se confirme la adopción. Los dos se aferran a las fotografías de los niños que tienen como salvapantallas en sus teléfonos y muestran orgullosos la galería de imágenes de los pequeños que María, la mujer que los acogió durante cuatro años, les ha ido enviando. Solo la tenue esperanza de volver a abrazarles algún día impide que se derrumben por completo.

Solo la ténue esperanza de volver a abrazar a sus hijos algún día impide que Marcelino y Mari Carmen se derrumben por completo

"Cada día pienso en la misma cosa, en tenerlos aquí conmigo, verlos jugar, llevarlos al colegio, verlos leyendo en su habitación. Tengo una casa con un jardín enorme para ellos, tienen su habitación preparada, cobro 1.300 euros y lo único que quiero es cuidarles", dice Marcelino totalmente abatido, mientras sostiene en sus manos un cuadro con fotos del primer año de vida de Ana. Solo pudo llenar nueve de los 12 espacios para fotos, los nueve meses que tuvo a su hija antes de que se la arrebataran. Mari Carmen se refiere a los niños en los mismos términos. Mira las fotos y llora. "A veces necesito pensar en otras cosas para no hundirme todavía más. ¿Cómo puede una madre dejar de pensar en sus hijos si se los han robado?", se pregunta. "Es humillante que me llamen deficiente mental para robarme a los niños, que unas personas que no saben nada de mí decidan que no sirvo para ser madre".

Una familia rota por la crisis

La historia de esta familia es la de media España en lo más profundo de la crisis. En el año 2013, la relación entre Marcelino y Mari Carmen no pasa por su mejor momento. Él, albañil de profesión, no consigue hacerse con un trabajo estable y va trampeando encargos; ella está parada de larga duración, y tras el inesperado nacimiento de Ana se sume en una depresión. Discuten con frecuencia y se culpan mutuamente del mal momento familiar. En alguna ocasión tiene que aparecer la Policía Nacional para poner paz, si bien los gritos nunca dan paso a violencia física.

Pese al mal clima, Alberto acude cada día a la escuela en Miranda de Ebro (Burgos), siempre puntual y con su bocadillo, sin signos que indiquen que tiene una vida fuera de lo común, según declaró la directora de la escuela en testimonio ante un juez en 2015. Ana es todavía un bebé de pocos meses y recibe cuidados normales según sus padres. Servicios Sociales sostiene que la niña estaba desnutrida, si bien María, la mujer que acogió a los niños, asegura que cuando llegó a sus brazos e incluso antes, Ana tenía un aspecto normal.

"Un día llegaron los técnicos a mi casa a llevarse a los niños y me negué. Así que volvieron días después acompañados de varios coches de policía. Me arrancaron a la niña de los brazos y se la llevaron. Tenía solo tenía nueve meses. Luego me enteré de que al niño lo habían sacado esa misma mañana del colegio sin saber nosotros nada. Fue muy duro", recuerda Mari Carmen. Meses antes, Servicios Sociales ya se había llevado a los dos hijos mayores de la familia, procedentes del primer matrimonio de Mari Carmen. De hecho, fue el seguimiento del caso de estos dos niños hoy adolescentes, ambos con deficiencia intelectual diagnosticada, lo que derivó en esta tragedia.

Todo comenzó en 2006, cuando Mari Carmen pidió ayuda a Servicios Sociales en Treviño para la crianza de sus dos hijos, una hora de apoyo cada día, incapaz de salir adelante sola con ellos y con un marido que la maltrataba y del que escapó en 2008 para estar con Marcelino. Los técnicos entraron en su vida y ya no volvieron a salir hasta que consiguieron que los cuatro niños desaparecieran del hogar, ya en Miranda de Ebro, siete años después. Los mayores han ido dando tumbos por distintas instituciones psiquiátricas inadecuadas para su desarrollo, según sus padres y abuelos; los pequeños, víctimas colaterales, han sufrido cuatro cambios de entorno y de colegio en cinco años.

En este rocambolesco caso, el papel de María, que ejerció como familia de acogida, es clave. Durante cuatro años y medio ejerció su papel de tutora temporal de Alberto y Ana, pero cada vez preguntaba con más frecuencia qué ocurría con los padres para que los niños no pudieran regresar. Nunca obtenía una respuesta clara. "Cuando me llamaron en 2013 me dijeron que había dos niños en situación extrema, con una madre discapacitada y un padre misógino e inestable, y que los niños sufrían graves carencias alimentarias y afectivas. No dudé en acogerlos", explica.

"Me dijeron que la madre era discapacitada y el padre misógino e inestable. Me siento engañada", dice la madre de acogida

"Pasaba el tiempo y yo preguntaba si las cosas en esa casa se estaban mejorando. Pasaron los 18 meses que marca la ley para la acogida y yo seguía con los niños. Cada vez me volví más insistente y más incómoda para Servicios Sociales. Yo les recordaba a los niños que Marcelino y Mari Carmen son sus padres, que algún día podrían volver con ellos, pero eso molestaba muchísimo a los técnicos porque decían que les confundía. Empecé a no entender nada".

En efecto, en el informe definitivo en el que se aprueba la pérdida de patria potestad y el proceso de adopción, se afea a Marcelino que dijera a sus hijos cuando se encontraban semanalmente en el punto de encuentro que pronto podrían reunirse de vuelta, como si ese no fuera el objetivo primordial en cualquier proceso de pérdida de tutela temporal. Dice textualmente el informe: "Durante sus visitas, el padre creaba expectativas falsas en sus hijos, a través de mensajes en los que les prometía un próximo retorno a casa con él, pese a no mostrar cambios para que esto se pudiera contemplar".

Los técnicos valoran como muy negativo que los padres prometieran a los niños estar pronto juntos y su enfado tras saber que se irían en adopción

A raíz de esto, y prosiguiendo con una argumentación fría como el acero, Servicios Sociales dictamina que ya basta de oír a estos padres quejarse por no estar con sus hijos en lugar de aceptar el destino que los funcionarios han dibujado para ellos. Es hora de darlos en adopción: "Todo este conjunto de circunstancias unido a la actitud, especialmente del padre, (...) que únicamente mostró su disconformidad, hacen presumir que la medida llevada a cabo de suspensión de visitas con los progenitores sea la más apropiada para facilitar la integración y posterior consolidación de los lazos afectivos necesarios para afrontar una adopción con garantías".

La acogedora se siente engañada

María lo está pasando casi tan mal como los padres. "Me siento engañada, me han utilizado para robarle unos hijos a sus padres. Cuando les conocí se me cayó el alma a los pies. Mari Carmen es una buena persona, muy generosa. Su pecado es haber tenido una vida muy dura desde pequeña. Marcelino tiene un carácter fuerte pero no es violento, nunca dejó de cuidar a sus hijos. Cuando ellos me rechazaban o Marcelino me insultaba en alguna ocasión entendía su desesperación, no es algo que yo tuviera muy en cuenta. Cualquier familia puede pasar una mala racha, pero se me encoge el corazón cada vez que pienso que esos niños van a ser adoptados por una familia y sus padres no los van a poder ver nunca más. Es la peor experiencia que he tenido en mi vida".

Servicios Sociales no visita a los padres para valorar sus condiciones personales y entrevistarles desde el año 2015. Ni María ni los expertos independientes que han valorado a la pareja entienden el motivo de no revisar el caso, sobre todo cuando en 2017 se decidió algo tan irreparable como la inclusión de los niños en las listas de adopción.

A Marcelino y Mari Carmen solo les queda una bala en la recámara: la demanda de oposición a la resolución administrativa que presentaron en 2018 a través de su abogado, Pablo Monsalve. El juicio debía de haberse celebrado en enero de este año, pero fue suspendido 'sine die' a la espera de que psicólogos de la administración valoren la situación personal de Marcelino. "Todavía no me han llamado, estoy desesperado. Puedo ir mañana si ellos quieren", resopla el padre. Estas valoraciones periciales suelen demorarse alrededor de un año, más luego la espera para la celebración de la vista oral. Es decir, hasta dentro de dos años no habrá juicio. "Todo esto juega en contra de los padres, cada día que pasa los vínculos de los niños se debilitan", sostiene Monsalve. Si en este compás de espera Servicios Sociales aprueba la adopción de Alberto y Ana por parte de la familia que hoy ejerce la guarda (algo muy probable en base a la opinión favorable de los técnicos), la celebración del juicio carecerá ya de todo sentido. Marcelino y Mari Carmen habrán perdido para siempre a sus hijos.

*Los nombres de los niños y los apellidos de los padres han sido modificados para preservar su identidad. El nombre de la madre de acogida ha sido modificado por petición expresa.