La CUP da el espectáculo en el Supremo y se gana una multa de 2.500 euros

El 'show' de la CUP. El juicio del 'procés' vivió este miércoles por la tarde una situación sin precedentes de la mano de distintos testigos ligados a la CUP que acabaron saliendo de la sala sin declarar y con la amenaza de una investigación por desobediencia. En el centro de la polémica, Vox y la renuencia de los políticos cupaires a responder a las preguntas que formularan los de Santiago Abascal. Una pelea política que va camino de acabar en los tribunales —donde se enfrentan a penas de seis meses a un año de prisión o sanción— y que ya ha provocado que dos exdiputados de la formación tengan que pagar una multa de 2.500 euros cada uno.

La mediación del presidente Manuel Marchena a punto estuvo de salvar la situación. Pero el reto continuó y, tras una corta deliberación de los siete jueces y ante la posibilidad de sentar precedentes indeseados, al tribunal no le quedó más salida que la deducción de testimonio para que un juzgado ajeno al Supremo investigue si su negativa a declarar tendrá o no consecuencias penales. Los testigos están obligados por ley a responder y a decir verdad. A responder a todas las partes, no solo a aquellas a las que seleccionen por afinidad. Al término de la vista, el tribunal decidió la cuantía de la sanción y dio cinco días de plazo a los dos afectados para reconsiderar su actuación. Si persisten, la investigación penal será ya inevitable.

Los testigos están obligados por ley a responder y a decir verdad. A responder a todas las partes, no solo a aquellas a las que seleccionen por afinidad

El espéctaculo comenzó con el exdiputado Antonio Baños y siguió con Eulàlia Reguant. Fue Baños el que abrió la caja de los truenos. Su presencia en el juicio se admitió a solicitud de Vox y era el dos de la formación, Javier Ortega Smith, el que debía preguntar. Nada más sentarse, se negó en redondo. Ahí comenzó un intento del magistrado Marchena por reconducir la situación. Le explicó las consecuencias legales de su postura y le dijo, varias veces, que la sala no quería verse obligada a actuar en su contra.

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Hubo un minuto en el que todo pareció arreglado. Marchena ofreció la posibilidad de que Vox formulara sus preguntas y fuera la presidencia la que se las devolviera a Baños. El tertuliano 'cupaire' aceptó en un primer momento. Luego cambió de idea. Molesto por escuchar a Ortega Smith lanzar las cuestiones al aire puso, de nuevo, pegas. Hasta ahí llegó la paciencia del tribunal que, tras nuevo aviso, decidió unificar el criterio. La actitud provocó un evidente malestar de los siete jueces, más visible en el caso del progresista Luciano Varela.

Reguán se fue tras Baños y deberá explicar en los tribunales competentes no haber contestado en una violación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Cuatro minutos de intercambio de impresiones bastaron para tomar la decisión definitiva. No habría más opciones. El tribunal avisó a Baños que deducirá testimonio a la Justicia ordinaria para que valore los hechos. La escena, sobreactuada y evidentemente pactada, siguió de la mano de la siguiente testigo de la CUP, que emprendió el mismo camino ya sin posibilidad de solución.

De nada sirvió que el abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, también ligado a la CUP, pidiera el favor del tribunal admitiendo que la sala se había conducido de forma "extraordinariamente generosa". Reguant se fue tras Baños y deberá explicar en los tribunales competentes, si no reconsidera en el plazo dado, su elección de no contestar en una violación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A la salida, Baños lo explicó así: "Me he negado a responder al interrogatorio de Vox por derecho a la lucha feminista, a los derechos del colectivo LGTBI, por dignidad a la lucha antifascista y por dignidad democrática. Yo no permito ser interrogado por un grupo fascista y por lo tanto les he dicho que no contestaría a ninguna de sus preguntas". Agregó que, tras acordar que se haría a través de la sala, "el señor de Vox continuaba hablando".