Los policías amenazan con salir a la calle si Marlaska no les sube el sueldo antes de irse

El rechazo del Congreso de los Diputados al proyecto de Ley de Presupuestos planteado por el Gobierno ha sembrado de dudas la continuidad de gran parte de las iniciativas comprometidas previamente por el Ejecutivo. Entre ellas, la de la equiparación salarial de los policías nacionales y los guardias civiles a los cuerpos autonómicos a la que se comprometió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en no pocas reuniones con los sindicatos y asociaciones profesionales de las fuerzas de seguridad estatales.

El acuerdo, firmado inicialmente por el anterior ministro, Juan Ignacio Zoido, y ratificado posteriormente por el actual responsable de Interior, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y preveía que, en el caso de que no salieran adelante los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno aprobaría la subida salarial vía real decreto ley. Desde el propio Ministerio del Interior, de hecho, confirman este extremo. "La partida consignada para este concepto está garantizada independientemente de la aprobación de los Presupuestos; esto se dijo ya en la primera reunión que hubo con los sindicatos", explican fuentes del departamento dirigido por Marlaska.

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Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos policiales, sin embargo, no terminan de fiarse. Han pedido una reunión con el ministro con el fin de que este les aclare cuáles van a ser los pasos que va a seguir el Gobierno ahora que no hay Presupuestos y que la legislatura se aboca a una anticipación de las elecciones generales. "La no aprobación del proyecto de Presupuestos supone la no aplicación de las partidas destinadas a hacer posible el segundo tramo del acuerdo de equiparación en la cantidad de 250 millones de euros; ante tal situación, solo queda articular los mecanismos legislativos pertinentes que garanticen la continuidad de la aplicación del mencionado acuerdo, máxime cuando un eventual adelanto electoral complicaría la situación", reza la misiva remitida por las asociaciones de la Guardia Civil en línea con los representantes policiales.

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, entiende que es urgente que el Gobierno articule ya esos mecanismos e incluso los plazos en los que se van a poner en marcha. De no hacerlo, anuncia, el colectivo no descarta poner en marcha las "medidas de presión" que considere oportunas para hacer valer el acuerdo alcanzado entre ambas partes. "Después de 40 años reclamándolo, no podemos permitirnos el lujo de que no se lleve a cabo", argumenta Cosío, que entiende que el pacto alcanzado entre Interior y los representantes de los policías y guardias civiles va más allá del Ejecutivo que legisle.

Recuerda que primero lo firmó Zoido y que posteriormente fue publicado en el BOE, lo que obliga a cualquier Gobierno a cumplirlo. Esta publicación, además, según considera el portavoz sindical, permitiría a los afectados hasta ir a los tribunales para reclamar la subida. Los funcionarios, añade, están esperando a que una auditoría externa calcule las diferencias exactas que debe recomponer la iniciativa con respecto a las subidas, sobre todo, de los Mossos d'Esquadra, que se considera el cuerpo de referencia en términos salariales.

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A su juicio, el tiempo apremia, dado que el propio Gobierno ya está hablando de elecciones y los plazos se acortan. Como los guardias civiles, reclama una reunión urgente con Marlaska. "Si la respuesta no es convicente, no descartamos ningún tipo de medida de presión", advierte. "Necesitamos que los compañeros empiecen a cobrar ya el segundo plano, que está aún pendiente de la auditoría", explica Cosío. El acuerdo entre Interior y los representantes de las fuerzas de seguridad preveía una subida en 2018 que ya se ejecutó, otra en 2019 que aún está pendiente de concretarse por la mencionada falta de Presupuestos y una última en 2020.

Fuentes parlamentarias aseguran que la aprobación de un real decreto tras el varapalo a los Presupuestos y con un Gobierno de salida que ya habla de elecciones no estaría bien vista socialmente. Sin embargo, se trata de un compromiso suscrito y publicado en el BOE que dista de otro tipo de aprobación normativa caprichosa, sostienen desde los sindicatos policiales. Tanto estos como las asociaciones de guardias civiles rubricaron un acuerdo que conllevaba el desembolso de casi 1.300 millones de euros en tres años y que los funcionarios de las fuerzas de seguridad ya han notado en sus nóminas en 2018. Las cantidades concretas que engordarán sus bolsillos en 2019 y 2020 dependerán, además de la resolución de esta polémica, de lo que establezca una auditoría.