Las familias de la concertada piden "calma" y Cs lleva el debate de las donaciones al pleno

"Creo que no hay que alarmarse. Tiene que haber un mensaje de tranquilidad para las familias". Son las palabras de José María Alvira, secretario general de la patronal Escuelas Católicas —que aglutina el 60% de la oferta educativa concertada a nivel estatal, con más de 2.000 centros— tras la información de este diario sobre la posibilidad de que el Gobierno comience a revisar las deducciones por donaciones en el IRPF que hacen las familias con hijos en estos colegios. "La respuesta parlamentaria recuerda las disposiciones legales y dice que el Gobierno se atendrá a la legislación, como no podía ser de otra manera. Ha habido reclamaciones muy puntuales en ciertos casos, pero no creemos que en general la postura vaya a ser esa", asegura Alvira.

La organización que defiende los centros religiosos, la mayor parte de ellos con algún nivel concertado, asegura que los ministerios de Hacienda y Educación han llevado a cabo actuaciones "que se restringen a casos aislados" y rehúsa que exista un aviso concreto de la Agencia Tributaria "que vaya a afectar a la generalidad de los padres" que han elegido la enseñanza concertada y efectúan donaciones. Alvira, en conversación con este diario, se muestra convencido de que las cosas no van a cambiar en lo que atañe a donaciones, "que son desgravables según establece la ley". En efecto, la deducción por donativos en el IRPF está regulada en el artículo 68.3 de la Ley 35/2006 de ese impuesto y en la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y la Agencia Tributaria ha ido admitiendo dichas deducciones con carácter general desde hace 20 años.

Escuelas Católicas se escuda en que "siempre que cumplan los requisitos" presentes en la legislación —carácter voluntario y sin exigencia de contraprestación—, las aportaciones "pueden seguir siendo objeto de desgravación fiscal". La cuestión es que, como publicó este diario, el Gobierno se pronunció por primera vez por escrito sobre esta cuestión a raíz de una pregunta del grupo parlamentario de Ciudadanos. Y dejó claro que la Agencia Tributaria está "obligada" a controlar las donaciones que las familias hacen por la escolarización de sus hijos, haciendo especial hincapié en que se debe analizar el "ánimo de liberalidad" de esas donaciones (comprobar que no se hacen a cambio de algo). Un análisis a todas luces complicado para el que el Ejecutivo pide acudir a "criterios objetivos", sin especificar cómo lo hará.

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J. G. J.

Precisamente, este es el punto que más preocupa a Ciudadanos, como expresó el diputado e inspector de Hacienda Francisco de la Torre a este diario, insistiendo en que "es alarmante y sorprendente" que el Gobierno se abra a hacer estos controles y "considere que las aportaciones que los padres hacen a las fundaciones de los colegios no tienen el ánimo de donar". La formación naranja advierte además de posibles "desequilibrios en el sistema educativo" si las familias se enfrentan a una devolución de lo desgravado en los últimos cuatro años.

Este miércoles, el grupo parlamentario naranja registrará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para llevar el debate al pleno. Según ha podido saber este diario, la iniciativa pretende instar al Gobierno a evitar la "inseguridad jurídica" y el "menoscabo económico" a las familias por la posible retroactividad si se confirma el cambio de criterio interpretativo de la normativa. La propuesta también recoge un apartado dirigido a garantizar que las familias que optan por un colegio concertado "no tengan que pagar más cuotas que las voluntarias" para, precisamente, clarificar las donaciones.

Por otro lado, Ciudadanos también propondrá asegurar la suficiencia de medios para la educación, tanto pública como concertada, revisando la cuantía de los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos.

Hacienda, por su parte, insistió este martes a través de un comunicado en que "no se ha producido ningún cambio de criterio" al respecto y que "simplemente se vienen realizando controles puntuales desde hace tiempo". El ministerio que dirige María Jesús Montero asegura que la regularización se produce solo cuando la Agencia Tributaria detecta una contraprestación por ese pago y el supuesto donativo no tiene carácter voluntario o financia una actividad ordinaria del colegio que repercute en el alumno.

La cuestión es que hasta ahora ningún Gobierno se había abierto a aplicar este control de forma generalizada a las familias con hijos en la escuela concertada, tal y como se desprende de la respuesta del Gobierno y como expresó la propia ministra en Antena 3 este martes por la mañana, cuando llegó a afirmar que Hacienda podría reclamar una declaración complementaria a los padres y madres con hijos en estos colegios.

Con todo, Escuelas Católicas aboga por la "prudencia" y confía en que efectivamente no se produzca ningún cambio en la práctica. Hace apenas unos meses, esta patronal cuestionaba otros planes del Gobierno sobre la escuela concertada tras declarar la ministra de Educación, Isabel Celaá, que planeaba eliminar el principio de "demanda social" recogido en la polémica Lomce, conocida como ley Wert. Este concepto, lo que hace es que los colegios concertados saquen más plazas si las familias así lo demandan. Celaá tildó entonces de "eufemismo" ese término y confirmó que el objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que la red pública tenga "preeminencia" y la concertada simplemente actúe de modo "complementario". Este martes, la titular de Educación evitó pronunciarse sobre la noticia de este diario insistiendo en que era "una cuestión de Hacienda".