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La defensa de Puigdemont azuza la campaña de 400 jueces contra Marchena en Europa
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La defensa de Puigdemont azuza la campaña de 400 jueces contra Marchena en Europa

Boye ha publicado que tras el recurso contra su nombramiento de la AJFV "no nos equivacomos cuando desconfiábamos del Supremos y decidimos acudir a tribunales de fuera"

Foto: El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en una entrevista en Catalunya Ràdio. (EFE)
El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en una entrevista en Catalunya Ràdio. (EFE)

Los abogados de Puigdemont calientan motores en el apoyo a otra causa contra la Justicia española antes del juicio contra el 'procés'. Miembros del equipo que lidera la demanda civil interpuesta contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica por falta de imparcialidad han realizado un apoyo público al recurso que una de las asociaciones judiciales españolas quiere interponer contra el futuro presidente del Supremo, Manuel Marchena. La defensa del 'expresident' mantiene así el pulso para instigar el descrédito del que acusa a la Justicia española en Europa y se ha interesado por la internacionalización de esta iniciativa que ha causado cierto revuelo en la judicatura española.

Gonzalo Boye, abogado que encabeza la defensa del 'expresident' y los cinco 'exconsellers' huidos se ha manifestado a favor de que el recorrido del recurso que 400 jueces de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) quieren interponer contra el nombramiento de Marchena como nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial no acabe en España y que cuando se agote esta vía, se lleve en instancias internacionales.

En su cuenta de Twitter, Boye ha publicado que "es necesario internacionalizar el problema de las altas instancias jurisdiccionales españolas" y que, tras este recurso se asume que "no nos equivocábamos cuando desconfiábamos del Supremo y decidimos acudir a tribunales de fuera". No es la primera vez que Boye acusa a la Justicia española de "no estar al nivel de un sistema democrático". De hecho, el abogado de Puigdemont ha aprovechado las diferencias entre el Código Penal español y el belga, el alemán o el escocés que han llevado a que la Justicia de estos países rechacen los cargos por rebelión de los que se les acusa en España.

Los ‘vitorinos’ anunciaron este martes el recurso contra el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Supremo. Marchena, ahora presidente de la Sala de lo Penal, iba a presidir, precisamente el juicio del ‘procés’ y encargarse de la ponencia de la sentencia.

Raimundo Prado, portavoz nacional de la asociación que busca recurrir el nombramiento de Marchena y que la causa llegue hasta Estrasburgo, explicó que esta iniciativa se tomó para "que se cumpla la legalidad de una vez por todas y en defensa de los intereses de toda la Carrera Judicial. No es la primera vez que la AJFV recurre el nombramiento del presidente del CGPJ. En 2014 presentó un recurso cuestionando el mismo proceso que aupó a Carlos Lesmes como presidente de la institución. Sin embargo, este recurso fue rechazado por el Tribunal Supremo.

En caso de que ocurriera lo mismo que con Lesmes, el recurso acabaría en Europa. El equipo de abogados de Puigdemont se considera pionero en la batalla judicial contra el Supremo en Europa y este nuevo frente le es, por tanto, muy provechoso.

Los abogados de Puigdemont calientan motores en el apoyo a otra causa contra la Justicia española antes del juicio contra el 'procés'. Miembros del equipo que lidera la demanda civil interpuesta contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica por falta de imparcialidad han realizado un apoyo público al recurso que una de las asociaciones judiciales españolas quiere interponer contra el futuro presidente del Supremo, Manuel Marchena. La defensa del 'expresident' mantiene así el pulso para instigar el descrédito del que acusa a la Justicia española en Europa y se ha interesado por la internacionalización de esta iniciativa que ha causado cierto revuelo en la judicatura española.

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