Carmena avala a RIU en su guerra con Baraka: la obra del Edificio España es segura

El grupo hotelero RIU y el 'holding' Baraka, liderado por el empresario Trinitario Casanova, han entrado en una guerra abierta a cuenta del emblemático Edificio España de Madrid. A través de un duro comunicado, Baraka reclamó al Ayuntamiento de Madrid y a la Justicia que paralizara las obras de reforma del inmueble que está acometiendo RIU para transformar la construcción en una edificación moderna con amplias zonas comerciales y un hotel que pretende convertirse en la punta de lanza del conglomerado. Argumentó que el dueño se niega a ejecutar "todas las obras de refuerzo y consolidación estructural" necesarias para adecuar la edificación a la normativa vigente, una decisión que a juicio de Baraka "podría poner en peligro la estabilidad" del inmueble.

La nota del 'holding' de Casanova se hizo pública cuando en el imaginario colectivo de los madrileños aún andaba caliente el desplome del edificio situado en el número 19 de la calle General Martínez Campos, ocurrido el pasado 23 de mayo, en el que murieron sepultados dos empleados que estaban trabajando en las obras de rehabilitación, y el del hotel Ritz, del más reciente 19 de septiembre, en el que falleció otro operario y resultaron heridas 11 personas más. Baraka tachó de insuficientes las labores de refuerzo de las estructuras y anunció que interpondría una nueva demanda contra RIU, la segunda después de que denunciara en agosto al grupo hotelero por rechazar la oferta de Casanova por la superficie comercial, una operación que según el demandante estaba comprometida.

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Fuentes del sector consultadas por El Confidencial ya denunciaban antes del comunicado que RIU no tenía intención de reforzar la estructura de las plantas destinadas a hotel, en concreto las denominadas en el argot técnico vigas frente al viento. Aseguraban también las mismas fuentes que tanto el estudio de ingeniería MC2 como el de arquitectura RCCyP se retiraron de la dirección técnica de la obra el pasado junio precisamente por discrepancias con la cadena hotelera mallorquina en este punto. El responsable de RCCyP, Luis Galiano, se niega a confirmar este extremo.

"Renunciamos nosotros, hace tres meses, a la dirección técnica y facultativa por motivos sujetos a confidencialidad", explica el fundador del estudio de arquitectos, que deja claro en cualquier caso que su renuncia a continuar en el proyecto de reforma "no tiene nada ver" con las discrepancias entre Baraka y RIU. "Nosotros lo dejamos amistosamente", subraya Galiano, quien únicamente se limita a señalar que sus razones eran relevantes. "Nadie renuncia a una obra de este tipo si no es por motivos importantes", explica el responsable del estudio. Según publicó el pasado 19 de octubre 'OKdiario', Galiano esgrimió el motivo de la resistencia al viento y sus consecuencias en la estabilidad del edificio en el burofax que remitió a RIU el pasado agosto para desvincularse de la obra.

Las fuentes consultadas por El Confidencial explican que el ahorro para la cadena hotelera en este supuesto atajo en el refuerzo de las estructuras no sería tanto económico sino de tiempo, ya que acortaría sustancialmente los plazos. Desde RIU, sin embargo, se limitan a señalar que tanto esta queja de Casanova como la anterior relativa a la supuesta adquisición comprometida de la zona comercial son protestas "oportunistas e infundadas" que "carecen de cualquier fundamento legal" y "no han encontrado ningún respaldo por parte de las autoridades encargadas de la supervisión de las obras".

Desde la Comunidad de Madrid explican a El Confidencial que su papel se limitó a la comisión de Patrimonio Histórico a la que el Ayuntamiento de Madrid decidió trasladar la reforma. El Gobierno regional, agregan, rechazó el desmontaje. "A partir de ahí, la Comunidad de Madrid no tiene constancia de nada", se desmarcan desde el Ejecutivo autonómico. El consistorio madrileño, por su parte, también se desvincula. "La competencia municipal no alcanza a la seguridad estructural de las obras, ya que dicha responsabilidad compete a los arquitectos autores del proyecto, a la dirección facultativa, a los coordinadores de seguridad y a las empresas intervinientes", detallan fuentes del ayuntamiento, que aseguran que "a pesar de esto" han decidido "mantener reuniones con los equipos de arquitectos y con RIU".

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"Nos han dado las explicaciones respecto a las discrepancias en la ejecución de las obras, que en ningún momento y por ninguna de las dos partes se ha manifestado que respondan a ningún problema de seguridad estructural en el edificio, y hemos visitado la obra para ver la ejecución 'in situ", añaden desde el consistorio, y agregan que "las pequeñas modificaciones que se han efectuado respecto a lo previsto en el proyecto de consolidación inicial han ido en aras de mayor seguridad en la ejecución de las obras". La contratista Ortiz, subrayan, es una "empresa con mucha experiencia en obras de rehabilitación y es una de las contratadas por el ayuntamiento para el control de la edificación en mal estado". "Las pequeñas modificaciones en la actuación de consolidación estructural y el mantenimiento de las dos hojas de la fachada se han sometido a dictamen por la CPPHAN, que ha sido favorable", insisten desde el consistorio, que califica de "muy irresponsable denunciar un problema de seguridad estructural". "Desde el punto de vista municipal, no existe ninguna razón para paralizar las obras, que se corresponden a las autorizadas en las licencias concedidas", concluyen.

Un portavoz de Ortiz explica a El Confidencial que ellos se están limitando a "ejecutar el proyecto que nos ha encargado RIU". Desde RIU, por su parte, se niegan a entrar en un debate público sobre las características técnicas de la estructura porque entienden que la esfera pública no es el lugar para hacerlo. Otras fuentes diferentes a las críticas con la obra apuntan que RIU está reforzando la estructura en línea con las exigencias legales. Explican que la norma exige actualmente que cada metro cuadrado de zona comercial debe estar preparado para soportar 500 kilos y cada metro de espacio destinado a habitaciones debe ser capaz de aguantar 200 kilos. La exigencia, añaden, es diferente porque se trata de lugares con distintas funcionalidades. En un área comercial, se prevé que haya más personas que en las habitaciones, argumentan en la misma línea.