Los juzgados congelan por la "inseguridad" las causas sobre el impuesto de hipotecas

Juzgados de toda España han congelado la deliberación y fallo de todos los asuntos relacionados con el impuesto de las hipotecas a la vista de la situación creada en el Tribunal Supremo, donde, tras una sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que hacía recaer en los bancos este gasto, el presidente, Luis Díez-Picazo, anunció que un pleno compuesto por más de 30 magistrados analizará y determinará cuál debe de ser el criterio a seguir.

Los acontecimientos han creado evidente desconcierto en los clientes de la banca, las entidades y los notarios que se encargan de tramitar este gravamen de actos jurídicos documentados, pero también una "inseguridad jurídica" que se extiende a todos los tribunales, que carecen ahora de jusrisprudencia válida. La existente hasta el momento cargaba en el hipotecado el pago y fue modificada por la resolución 'sorpresa' de la pasada semana. Horas después, vino el frenazo del presidente Díez-Picazo, que se ha interpretado como una vía inusual y sin precedentes para parar los efectos de esa decisión de su propia sala.

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Beatriz Parera Borja Rodrigo

Por ello, los jueces del territorio nacional consideran más prudente aguardar para conocer cómo deben proceder ante reclamaciones sobre las que ya instruyen. Es el caso, por ejemplo, de un juzgado de Valencia que ha comunicado de este modo la paralización de los procedimientos: "Las circunstancias provocan una grave situación de inseguridad jurídica, dado que la sentencia contradice la doctrina jurisprudencial anterior y establece un nuevo criterio cuya confirmación se cuestiona".

El lío con epicentro en el Supremo no se solucionará hasta dentro de al menos 14 días. El discutido pleno se ha fijado para el próximo 5 de noviembre. La situación generada se alargará, por tanto, hasta entonces.

Los magistrados están adoptando la decisión de parar el análisis de asuntos vinculados con esta cuestión de forma colegiada tras analizarlo en junta. Supone suspender todas las audiencias previas y vistas afectadas por esta materia. En concreto, procedimientos ordinarios en los que se reclame la nulidad de cláusulas sobre gastos contenidas en escritura de préstamo hipotecario y la solicitud de devolución de esta cantidad.

El Juzgado de Primera Instancia de Valencia lo deja claro en su decisión. "Siendo conscientes de que esta medida supondrá retrasos en la tramitación y resolución de los asuntos afectados, con el consiguiente perjuicio que supone para las partes, consideramos que la decisión adoptada es la más responsable dadas las circunstancias expuestas", dice.

Avalancha desde el jueves

Para entender lo sucedido, hay que remontarse al pasado jueves. Ese día se notificó la resolución en que se concluyó que no es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, sino la entidad que presta la suma correspondiente. La decisión anulaba un artículo del reglamento del impuesto y modificaba toda la jurisprudencia anterior.

Casi de forma automática, el presidente de la sala a la que pertenecen los seis magistrados que fallaron con este criterio anunció un pleno con la intención patente de enmendar la decisión. La sentencia ya no puede cambiarse, pero sí sus efectos generales en revisión de otros casos similares. Díez-Picazo convocó esta reunión por tratarse de un "giro radical" en la jurisprudencia y habida cuenta de "su enorme repercusión económica y social". Fuentes jurídicas aseguraron que no conocían el sentido de la resolución.