Claves jurídicas del 'procés': así están las causas un año después

Ha pasado un año desde el 1 de octubre. Un total de 12 meses en los que el frente jurídico del 'procés' ha continuado avanzando hasta conducir a las puertas de un juicio por rebelión y malversación a los principales protagonistas políticos de aquellos días de 2017, mientras otros se mantienen a resguardo fuera de España tras el fracaso rotundo de las euroórdenes. De Puigdemont a Trapero, pasando por los 'consellers' y parlamentarios que desempeñaron uno u otro papel en las semanas previas a la declaración de independencia. Estas son las claves jurídicas de las causas del 'procés':

Juicios pendientes

Los acontecimientos del 1-O, precedidos por las concentraciones del 20 de septiembre ante la Consellería de Economía y seguidos por la declaración unilateral de independencia, dieron lugar a dos causas judiciales en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Un año después, ambos procedimientos han cerrado la fase de instrucción y se encaminan a la celebración de juicios.

El Supremo asumió la causa troncal y mantiene procesadas a 25 personas, divididas en tres grupos por su grado responsabilidad: Puigdemont y el exvicepresidente Junqueras encabezan el primero y afrontan la acusación más grave, por rebelión y malversación; un segundo grupo de 'consellers' se encuentra acusado por desobediencia y malversación, y en el último, solo por desobediencia, figuran los miembros de la Mesa del Parlament. Su juicio se prevé para el próximo mes de enero —aunque puede sufrir retrasos—, mientras que la sentencia no estará lista hasta pasadas las próximas elecciones de mayo.

La Audiencia Nacional se quedó con la instrucción de los hechos relacionados con el papel jugado en aquellas semanas por los Mossos d'Esquadra. En esa parte, que dará lugar a un segundo juicio, el mayor Josep Lluís Trapero se encuentra procesado por delitos de organización criminal y dos de sedición. La causa alcanza también al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig. Asimismo, Lamela sentó en el banquillo a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos que tuvieron lugar entre el 20 y el 21 de septiembre. No se espera que se sienten en el banquillo hasta que el Supremo se pronuncie y siente bases de jurisprudencia sobre lo sucedido. Tendrán, por tanto, que esperar varios meses para ser juzgados.

Acusados en prisión, libertad y huidos

El frente judicial alcanza, por tanto, a una treitena de personas cuya situación y circunstancias varían sensiblemente. Así, permanecen en la cárcel siete de los procesados, que fueron trasladados el pasado verano a prisiones de Cataluña. Se trata de Junqueras, los exconsejeros Josep Rull y Raül Romeva, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la 'exconsellera' Dolors Bassa.

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Beatriz Parera

Otros siete se encuentran fuera de España y, por tanto, no serán juzgados salvo que regresen a territorio español. En el grupo se encuentra Puigdemont, así como los exconsejeros Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. También, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

El resto de procesados en uno u otro procedimiento se encuentran en libertad con medidas cautelares.

La acusación

La causa principal del 'procés' gira sobre la acusación de comisión de delitos de rebelión y malversación.

Serán reos por rebelión "los que se alzaren violenta y públicamente" para alcanzar determinados objetivos, entre ellos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional, sustituir por otro el Gobierno de la nación o el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma o sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno central. El delito lleva aparejadas penas de hasta 30 años y un mínimo de cinco.

La causa principal del 'procés' gira sobre la acusación de comisión de delitos de rebelión, con penas de hasta 30 años, y malversación

Por su parte, la malversación se castiga en el Código Penal español con una pena de prisión de dos a seis años pero, si "el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros", la pena asciende hasta los 12 años de prisión. El tipo agravado puede alargar la pena hasta los 15 años.

En estos delitos se basó el auto de procesamiento que dictó el juez instructor Pablo Llarena. Su planteamiento no es definitivo: debe ser ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo la que formule la acusación principal, con la duda de si lo hará manteniendo la rebelión que ha defendido el equipo de cuatro fiscales o rebajará a delitos con penas inferiores, como la sedición. También acusan la Abogacía del Estado y la acusación popular, que ejerce Vox.

Euroórdenes

El baile de las órdenes europeas de detención ha sido una constante durante los meses transcurridos desde el 1-O. La huida fuera del territorio nacional de varios de los acusados llevó primero a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y después al juez Llarena a pedir su arresto y extradición a Bélgica, primer punto de refugio de Puigdemont y sus 'exconsellers'. No obstante, la OEDE fue desactivada posteriormente. La inesperada detención del 'expresident' en Alemania llevó a su renovación. Ni Alemania ni Bélgica respondieron a la reclamación del alto tribunal en los términos solicitados: el tribunal de Schleswig Holstein solo aprobó la entrega por la malversación, mientras que Bruselas archivó el proceso de extradición por defectos formales.

En el plano internacional, Puigdemont disputa en Bélgica otra batalla legal. La demanda civil contra Llarena que pone en duda su imparcialidad continúa abierta y las defensas ya han anticipado que plantearán nuevos recursos. Agotada la vía en España, tras el pronunciamiento del Constitucional, que ya acumula una veintena de cuestiones, se abre el horizonte del TEDH o incluso del TJUE.

Las causas en Cataluña

Fuera del Supremo y la Audiencia Nacional, los acontecimientos de hace un año generaron otras causa. La más antigua, anterior a estos hechos, corre a cargo del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga las estructuras para una Cataluña independiente y mantiene imputados a varios cargos del anterior Govern. Otros juzgados, como el de Sabadell, investigan el papel de los Mossos durante la jornada del referéndum. El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investiga el papel de la Policía el 1-O.