Puigdemont y los 'exconsellers' arrestados en Bruselas mientras prestan declaración

Sucedió. De manera voluntaria y pactada, Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers se han presentado esta mañana en una comisaría belga. En presencia de sus abogados, se les ha notificado la orden de arresto y extradición a España que pesa sobre ellos. Y desde las 9.17h están detenidos. Poco antes de las 14.00h han sido trasladados sin ser esposados a la sede de la Fiscalía de Bruselas. En varios coches, pero sin insignias visibles de Policía, han entrado por la puerta trasera, (casi) a salvo de las miradas de los periodistas.

Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se encuentran ahora arrestados, a la espera de comparecer esta tarde ante un juez de instrucción. A lo largo de la tarde, los cinco políticos catalanes se personarán ante el magistrado -que aún no ha sido nombrado- para prestar declaración. En ésta, tendrán la oportunidad de aceptar su extradición, algo poco probable dado que Puigdemont considera que allí no tiene garantías para un juicio justo.

El proceso de comparecencias será largo y a puerta cerrada. No se espera que se conozca ningún detalle hasta última hora de la tarde o primera hora de la noche -entre 20:00 y las 22:00h- cuando la Fiscalía prevé mandar un comunicado. Los cinco arrestados pueden ser privados de libertad un máximo de 24 horas. Es decir, el juez de instrucción deberá decidir qué hacer con ellos antes de las 9:17 de este lunes por la mañana.

Tiene varias opciones sobre la mesa, tal y como ha explicado Gilles Dejemeppe, portavoz de la Fiscalía de Bruselas. No está en sus manos rechazar la orden de de extradición dictada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sino decidir si les mantiene arrestados o les pone en libertad condicional o bajo fianza.

Con este paso, “se ha cumplimentado el primer trámite del procedimiento y ahora es cuando comienza batalla jurídica que ayudará a todos los investigados”, ha asegurado Gonzalo Boye, abogado de Serret y Comín. Boye lo ha dejado claro: no pretenden fugarse, porque si han acudido a Bélgica es precisamente porque creen que aquí recibirán un trato mejor.

El riesgo o no de fuga es clave a la hora de que el juez decida si les deja o no el libertad, ya sea condicional o bajo fianza. A su favor juega el hecho de que se hayan entregado esta mañana voluntariamente, tal y como se había pactado. Pero entre las medidas cautelares que se dicten, podría incluirse una prohibición expresa de hacer declaraciones públicas. Algo que podría resultar un contratiempo para Puigdemont si finalmente se alza como candidato del PDeCAT a las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

¿Y después?

Si los afectados rechazan su extradición, tal y como se espera, en caso de que los afectados rechacen su extradición, el caso se pondrá en manos de la Cámara del Consejo de Bruselas. Quince días son los que prevé la normativa belga de plazo para que la corte se pronuncie sobre si considera o no que Puigdemont y los exconsellers deben ser extraditados a España. La decisión puede ser recurrida. De presentarse apelaciones, se abriría otro plazo de 15 días para tomar una resolución. En última instancia, la petición de extradición podría llegar a la Corte de Casación belga, que de nuevo contaría con una quincena de días para pronunciarse.

Dado lo delicado del caso y que Puigdemont ha contratado a un abogado especializado en obstaculizar extradiciones, es probable que no se resuelva la suerte de los políticos catalanes hasta dentro de dos o incluso tres meses. Resulta clave los delitos que se imputan a los políticos catalanes en las “euroórdenes” dictada contra ellos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación. Los dos primeros son especialmente delicados y pueden retrasar aún más la resolución.

Bélgica recoge en su código penal ambos delitos, el de rebelión y el de sedición, pero su definición no se corresponde exactamente con la que se da en suelo español. Esto puede suponer un problema, ya que los jueces belgas pueden rechazar extraditar a los acusados para que sean juzgados por algo que no se reconoce como delito en Bélgica.