El caso Villarejo ahoga la agenda de Delgado: planta 'sine die' a la Comunidad de Madrid

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no tiene tiempo para recibir a la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola. Aduciendo problemas de agenda, la ministra ha declinado reunirse con el Gobierno regional, que el pasado 13 de septiembre solicitó formalmente un encuentro para tratar algunos de los temas pendientes que tienen que resolver ambas administraciones, como la firma del convenio que permitirá poner en marcha oficinas judiciales en seis centros penitenciarios o la creación de la comisión mixta con los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales.

Delgado no tuvo problemas de agenda para reunirse, el pasado 5 de septiembre, con la consellera catalana de Justicia, Ester Capella. Su homóloga madrileña, Yolanda Ibarrola, tendrá en cambio que esperar. No hay fecha para que se vean. El 13 de septiembre, muchos antes de que estallara el caso de las grabaciones del excomisario Villarejo que salpican a la ministra, el Ejecutivo madrileño pidió por escrito al ministerio mantener una primera reunión con Delgado. El 20 de septiembre, cuando El Confidencial ya había publicado en exclusiva que la Audiencia Nacional investigaba una cita de la ministra con el policía, la respuesta de Justicia a la Comunidad de Madrid llegó vía mail y de manera concisa: "Por motivos de agenda, no podrá recibirla [a la consejera] y se ha pasado su solicitud al Secretario de Estado".

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Desde la Comunidad de Madrid señalan que la consejera de Justicia está dispuesta a reunirse con la ministra cuando ella quiera. "Flexibilidad total". La respuesta del ministerio ha sido que de momento los problemas de agenda impiden ese encuentro. Sine die. Llama también la atención que la solicitud de la consejera se escenificó a través de una carta formal, firmada por ella misma y dirigida a la ministra. La respuesta se ha producido en cambio por vía mail, firmada por la Secretaría de la ministra y dirigida a la Secretaría de uno de los directores generales de la Consejería. En ese correo el ministerio incluye además el teléfono fijo del despacho del secretario de Estado por si la consejera madrileña quiere llamarle.

Hay varios temas pendientes entre ambas administraciones. El primero, la firma del convenio para ampliar las oficinas judiciales a todos los centros penitenciarios de la comunidad de Madrid. Ahora solo hay dos oficinas, en las prisiones de Estremera y Soto del Real. El pasado 5 abril, el Gobierno regional y los ministerios de Interior y Justicia (controlados entonces por el PP) cerraron un texto para ratificar un nuevo convenio que extenderá estas oficinas al resto de centros penitenciarios de la región: Alcalá-Meco, Alcalá-Meco Mujeres, Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez. Con el cambio de Gobierno, el convenio ha quedado aparcado.

El objetivo de la Comunidad de Madrid es firmar este acuerdo "lo antes posible", pero al parecer el ministerio quiere ahora introducir modificaciones que han paralizado su aprobación. Cada oficina cuenta con dos empleados públicos que pertenecen al Ejecutivo autonómico y que trabajan desde el propio centro penitenciario realizando todo tipo de trámites judiciales, como notificaciones, diligencias, exhortos, videoconferencias... que ayudan a agilizar la relación de los presos con los tribunales que los juzgaron. "Estas oficinas favorecen la comunicación de la Administración de Justicia con la del sistema penitenciario, evita traslados de presos y permite ahorro de costes y material. La experiencia ha sido muy positiva", explican desde la consejería. Como ejemplo, el año pasado la oficina en Soto del Real tramitó 5.858 notificaciones.

El Ministerio de Justicia también debe aprobar la orden ministerial que fije la fecha para la puesta en funcionamiento de seis nuevos juzgados madrileños: dos de primera instancia en la capital (el 102 y el 103), dos de lo mercantil en Madrid (el 13 y el 14), uno de primera instancia en Alcobendas y otro de instrucción en Móstoles. La Consejería ha recordado al ministerio este mismo mes de septiembre que el asunto está pendiente y proponiendo como fecha de inicio el 1 de diciembre. El Gobierno central quería posponer la apertura de los seis juzgados para el 1 de enero de 2019. De momento el ministerio sigue sin aprobar la orden, aunque ya ha comunicado a la Comunidad que ha iniciado la tramitación de la misma para que los juzgados estén ya operativos el 1 de diciembre.

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La Comunidad de Madrid también quiere firmar un convenio con Justicia para poner en marcha una comisión mixta con los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales que dependen del ministerio) "para fortalecer la cooperación con estos profesionales con el fin de mejorar la efectividad de los medios personales y materiales con los que cuenta la Administración de Justicia madrileña. Los letrados tienen un papel clave ya que son directores procesales de los órganos y sedes judiciales", explican desde el Gobierno regional. Esta comisión mixta serviría para tratar materias como la provisión de puestos de trabajo, la dotación de medios materiales, la supervisión del estado de las infraestructuras judiciales, la formación del personal, el cumplimiento de los horarios o las novedades organizativas que afecten a la Oficina Judicial.