"Sin el 155, no procede": el Gobierno se olvida de los agravios educativos en Cataluña

Con la vigencia del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, la comunidad educativa tenía todos los ojos puestos en la actuación que podría tener el Gobierno en algunos asuntos clave que llevaban mucho tiempo olvidados en el cajón. Mantener la neutralidad ideológica en las aulas tras episodios de persecución a determinados profesores —que en ocasiones han denunciado públicamente el aumento de tensión en sus puestos de trabajo— o evitar situaciones como las vividas por alumnos que son hijos de guardias civiles a los que humillaron en clase se habían convertido en una reclamación prioritaria. Pero ni estas ni otras cuestiones, como la obligatoriedad de mantener el mínimo del 25% de horas lectivas en castellano, parece que tendrán solución. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no lo atajó y el de Pedro Sánchez tampoco lo hará.

Al menos así se desprende de las respuestas que el Gobierno ha dado este mes de septiembre al grupo parlamentario de Ciudadanos, que exigió la actuación estatal durante la vigencia del 155. "No procede contestar, una vez levantada la aplicación del artículo 155". Con esta respuesta en dos líneas despacha el actual Ejecutivo socialista las exigencias lanzadas por el grupo naranja que recogían las principales reivindicaciones de los sindicatos educativos en Cataluña.

"No procede", dado que la respuesta llegó después del 2 de junio (cuando tomó posesión el nuevo Govern y automáticamente dejó de aplicarse el 155). La respuesta no solo ha sorprendido al grupo parlamentario de Albert Rivera, sino que ha levantado verdaderas ampollas en el seno de la formación. Entienden que por mucho que el 155 deje de estar vigente, "el Gobierno no puede hacer oídos sordos" a lo que siga ocurriendo en Cataluña, explica la portavoz en materia de Educación, Marta Martín.

En concreto, la contestación se refería a dos cuestiones planteadas por Ciudadanos. La primera solicitaba al Gobierno explicar si tenía pensado llevar a cabo alguna medida para evitar la persecución de profesores y garantizar la neutralidad ideológica en las aulas catalanas antes de que se levantase el 155. La segunda preguntaba al Ejecutivo si se había decidido a llevar a cabo alguna medida para inspeccionar los proyectos lingüísticos en los centros en busca de aplicar las sentencias judiciales que fijan el 25% de horas lectivas mínimas de lengua castellana.

Ley contra la lengua como requisito

Precisamente este martes Ciudadanos volverá a la carga con el asunto educativo en el pleno del Congreso. Lo hará a través de una proposición de ley (los grupos deben votar si se admite a trámite) para garantizar la igualdad en el acceso y la promoción en el empleo público sin que exista discriminación por razones lingüísticas. Es decir, lo que la propuesta defiende es que el conocimiento de las lenguas cooficiales en las CCAA correspondientes sea un mérito a considerar, pero no un requisito como tal. Una realidad que ha supuesto un verdadero agravio en muchas ocasiones.

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Este martes, Ciudadanos buscará la admisión a trámite de esta proposición y espera contar con el apoyo de PP y PSOE. No es tarea sencilla, puesto que en Galicia, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, los populares no han impulsado ningún cambio similar. En el caso del partido del Gobierno, la formación de Rivera subirá la presión para que se retrate tras lo que consideran "cesiones continuas" por tener como socios a los catalanes separatistas (que permitieron a Sánchez vencer en la moción de censura).