Registro de las sedes de iDental en toda España para recuperar activos

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó este jueves el registro de todas las clínicas de la franquicia iDental en España. Según informan fuentes jurídicas, el objetivo de la operación es realizar un inventario de activos y, en segundo lugar, recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos que contengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes.

La Policía accedió a una veintena de locales de la compañía, que echó el cierre y está siendo investigada por fraude. La clausura de las clínicas iDental ha afectado a decenas de miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional decidió asumir la investigación ante el "volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por todo el territorio y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.

La Audiencia Nacional inició la instrucción sobre iDental el pasado 26 de julio, a raíz de una denuncia presentada por afectados en Andalucía, y ordenó un día después una operación policial con registros en 17 clínicas de ocho comunidades autónomas en los que se incautaron información societaria e historiales de pacientes. De la Mata investiga al grupo empresarial por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Esta clínica 'low cost' se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía con ellos un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuales percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, "los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos".

El operativo, en el que participan más de 300 agentes, corre a cargo de la UDEF. En octubre pasado, la franquicia dejó de pagar a sus proveedores y trabajadores, y comenzó una avanlancha de denuncias por daños médicos provocados por los tratamientos. El alcance del fraude es tal que el magistrado instructor se vio obligado hace unos días a convocar una reunión con los departamentos de Sanidad de todas las comunidades autónomas para coordinar la investigación.