La gestión de 3.700 aldeas, en un limbo legal: "Si cierran el concejo la montaña se muere"

Se llaman Pedrún de Torío, Manzaneda de Torío, Fontanos de Torío, Matueca de Torío, La Flecha de Torío, Abadengo de Torío... Un total de 15 juntas vecinales, pequeños núcleos de población, forman el Ayuntamiento de Garrafe de Torío, en León. En cada pequeño concejo los vecinos eligen al alcalde pedáneo en listas abiertas y luego entre todos deciden a qué destinan el presupuesto que manejan para gestionar los pastos, la caza o los montes de utilidad pública. Esta forma de Administración local, presente en el norte de España desde hace siglos, está ahora amenazada: un decreto de Hacienda ha quitado el poder a los vecinos secretarios, de forma que todo tiene que pasar por los Ayuntamientos y ha dejado los concejos vacíos de contenido. La indignación se extiende por la cordillera cantábrica. "Hablan de combatir la despoblación, pero es una milonga. Si desaparecen los concejos la montaña se muere", resume uno de los alcaldes.

Fulgencio Bandera es el presidente de la Junta Vecinal de Pedrún de Torío —82 habitantes censados y 18 manantiales— desde hace 23 años. Este ferroviario leonés pasea por el pueblo saludando a los vecinos. "Aquí salimos en listas abiertas. La gente no vota al partido sino al vecino. Ahora estoy con Unión del Pueblo Leonés, pero antes fui independiente", cuenta. El pueblo está cuidado y solo llama la atención un enorme muñeco con forma de tigre en un jardín. Pedrún tiene su propia playa de piedras en el río Torío y en verano rebosa actividad. Está verde y desde la plaza la vista es magnífica.

"Se llenan la boca hablando de frenar la despoblación, pero el que ha hecho ese decreto no ha visto un pueblo en su vida"

Junto al río, acaban de instalar unas mesas y unas barbacoas. "Es lo que llamamos una hacendera. Los vecinos nos reunimos a construir algo para el pueblo y todo el mundo aporta", cuenta Fulgencio. El Torío baja caudaloso de la montaña gracias a las abundantes lluvias de este año. "Hace un año llevaba mucha menos agua. Así da gusto". Al otro lado del río está el bar, que ocupa la sede de la antigua escuela. "Cuando yo era niño había una maestra con una casa en el pueblo. Ahora ya casi no hay niños". La despoblación es generalizada.

La junta vecinal se encarga del agua y del alcantarillado, gestiona las 960 hectáreas de monte de utilidad pública más 600 hectáreas cedidas para coto de caza y el cementerio. Dos veces al año, los vecinos se reúnen y deciden en qué gastar los 28.000 euros de presupuesto anual. "Cobramos 30 euros al año por el agua y el alcantarillado. Si el servicio lo diese el Ayuntamiento ese recibo sería trimestral. Los servicios funerarios cobramos solo el coste de construcción y son de por vida", explica Fulgencio. Un vecino hace las veces de secretario y levanta acta de los acuerdos.

Pero todo eso está amenazado. Con el argumento de racionalizar y profesionalizar la Administración local, el Gobierno del PP intentó durante años minar las juntas vecinales. La estocada salió publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 17 de marzo. Un real decreto estableció para "garantizar la profesionalidad y la eficacia de las funciones de control interno en las Entidades Locales" los vecinos ya no podrían actuar como secretarios, sino que esa función tendrían que realizarla secretarios municipales, un cuerpo por oposición.

En la mayor parte de España eso no es un problema, porque esta forma de Administración local está concentrada en el norte. León (más de 1.200 entidades locales menores), Burgos (650) y Cantabria (510) son las provincias donde más entidades locales menores hay. En algunos sitios se llaman parroquias rurales, en otras juntas vecinales, concejos..., pero la idea es la misma: una administración menor y rural próxima a los vecinos para temas cotidianos. No tienen los servicios y las competencias de los Ayuntamientos, que están por encima.

El real decreto no ha contentado a nadie y ha paralizado de facto las administraciones. El presidente de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, Andrés Buelta, que a su vez es alcalde pedáneo de Columbrianos, en León, cuenta que intentaron por todos los medios parar el decreto. "Se llenan la boca hablando de frenar la despoblación, pero el que ha hecho ese decreto no ha visto un pueblo en su vida. Sin los concejos la montaña se muere". Buelta añade que ahora mismo la actividad está paralizada. Los pedáneos no se atreven a firmar casi nada porque nada de lo que certifique el secretario vecino tiene validez. Si algún vecino recurre tiene muchas armas de recurrirlo y ganarlo en los tribunales.

Los secretarios municipales, los que ahora deben asumir las funciones, tampoco están contentos. Julio Pedreira, secretario de la Diputación de León, cuenta las dificultades que se les vienen encima: "Aquí hay 200 municipios con más de 1.200 pedanías. Si de repente cada secretario municipal tiene que levantar actas para 15 o 20 entidades más, esto es inasumible". El colegio de secretarios ha recurrido el real decreto, porque el aumento de competencias no ha ido acompañado de más plazas. Pedreira señala que él explicó a Hacienda lo que iba a ocurrir si seguían adelante. "Nos reunimos en el ministerio y no la tuvieron en cuenta las observaciones. Luego se encontraron con el problema que les anticipamos. Castilla y León tiene un problema concreto que no quieren ver". En la diputación de León solo hay dos secretarios para dar apoyo a sus 1.200 juntas vecinales. Los pedáneos no quieren que si tiene que ser un funcionario el que los controle no sea uno del municipio al que pertenecen, ya que es la Administración con la que normalmente tendrán más conflictos.

Pese a que el BOE establece que la entrada en vigor es inmediata, Hacienda interpreta que no es así y que todo sigue igual al menos un año

Manuel Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Riello, del PP, detalla las dificultades. Lo conoce bien porque su pueblo abarca 37 juntas vecinales y admite que "sería una locura que el Ayuntamiento se ocupase de la gestión del agua en todas las pedanías". "Habrá que socorrer a esas juntas vecinales con más funcionarios o de alguna forma". Rodríguez considera que hasta ahora no había problema con el funcionamiento actual aunque estima que Hacienda quería dar seguridad jurídica: "No tenemos problemas con las juntas vecinales. Quizá han pensado en juntas vecinales con grandes presupuestos, una que tenga 5.000 habitantes, pero no para la especificidad de León, donde tenemos juntas de ocho o diez habitantes y donde los secretarios y los pedáneos no cobran. Desde Madrid les suena a chino que existan todavía estas juntas vecinales. Ahora están despoblados, pero en su día todos tenían su iglesia con su párroco, su escuela con casa de maestros". Riello no es mucho mayor. Tiene dos funcionarios y 400.000 euros de presupuesto ordinario.

Hacienda intentó mitigar el incendio. La todavía secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, envió una carta a la Junta de Castilla y León, interpretando que todo seguía igual al menos hasta las próximas elecciones municipales de 2019. Es decir, que pese a que el BOE establece que la entrada en vigor es inmediata, Hacienda interpreta que no es así y que todo sigue igual al menos un año. Lo mismo señaló antes de la moción de censura una portavoz del departamento que aún dirige Cristóbal Montoro, que insistió en que no hay problema porque sigan ejerciendo, aunque el BOE no diga eso y señala que no se trata de atacar a las juntas vecinales, sino de profesionalizar su gestión.

Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y abogado de la Federación de Concejos, se molesta con esa explicación. "Si un alumno de primero de Derecho me dice que una carta privada modifica lo que publica el BOE lo suspendo inmediatamente. O publican esa carta o rectifican el real decreto, pero eso no se puede hacer así". Y añade que la carta está enviada a un consejero de Castilla y León pero no a otras comunidades y el problema se repite en otras autonomías del norte.

Los alcaldes pedáneos intuyen que el decreto esconde otras intenciones. Tres pedáneos, Fulgencio, Andrés Buelta y José Luis de la Torre, de San Andrés de las Puentes (Torre del Bierzo), se citaron con este diario en la ribera del Torío para comentarlo. "Si desaparecen las juntas vecinales, sus bienes pasarían a los Ayuntamientos, que recibirían de golpe un patrimonio enorme", opina José Luis. Fulgencio cree que también subyace una estrategia de presentar a Bruselas una reducción ficticia de la Administración después de que fracasara su plan para fusionar municipios y ahorrar. Los bienes de las juntas vecinales no son pocos. Solo en montes de utilidad pública son titulares de más del 50% del territorio de la provincia de León. Para dar prueba de la austeridad de la gestión, Fulgencio muestra la sala donde se reúne la junta vecinal. Es una habitación austera con una mesa, una maleta en un lado y un televisor de tubo acumulando polvo. Una réplica del pendón de Pedrún preside la mesa. Guardados en un lateral están los cubiertos que usan en las comilonas que suceden a las hacenderas vecinales. No hay lujos. El déficit público difícilmente sale de aquí.

González Antón hace una defensa encendida de esta forma de Administración. "En EEUU, Reino Unido, Noruega... van hacia esta descentralización. Estos montes están cuidados porque son de los vecinos. En cuanto se aleje la gestión se desatenderán y puede arder toda la montaña". González Antón, abogado con gran experiencia en temas ecologistas, destaca que este es un nuevo asalto en una pelea de siglos. "Antes eran los nobles los que querían eliminar a las juntas vecinales y controlar sus bienes. Ahora son los burócratas".

Los pedáneos insisten en que dan un mejor servicio, sus cuentas están auditadas y funcionan sin déficit, aunque admiten que hace años muchas juntas no presentaban cuentas a la diputación. "Hace dos años se rompió la toma de agua en Nochevieja y en Año Nuevo estábamos aquí trabajando para arreglarlo. Si lo tiene que hacer el Ayuntamiento tardaría más. Cobramos 30 euros por el servicio de agua y alcantarillado. Si lo hiciera el Ayuntamiento cobraría el triple. Y lo mismo con el cementerio", opina Fulgencio. Con el cambio de Gobierno, a estos pequeños pueblos se les abre una puerta a la esperanza. Confían en que el nuevo mapa político dé vida de nuevo a las juntas vecinales. Aunque son conscientes de que les queda pelea por delante.