El pueblo que vive aislado tras un guardarraíl: "Nos tratan como a ganado"

El protocolo de evacuación ante una emergencia médica en San Vicente de Leira es el siguiente. Se coge a la persona en su cama, en el suelo o donde quiera que se encuentre, se la mete dentro de un carretón y se la lleva rodando 500 metros fuera del pueblo, adonde el corte de la carretera. Se levanta al enfermo por encima de la barrera y se espera a que algún familiar del otro lado lo meta en un coche y se lo lleve pitando al hospital. Lo normal es que quien vaya dando brincos en el carretón sea un anciano, pues casi todos los vecinos tienen más de 70 años. ¿Llamar a una ambulancia? Sería la opción más lógica si las ambulancias pudieran entrar en el pueblo. Tampoco pueden los camiones de bomberos, ni el del butano, ni el de la fruta ni los congelados. San Vicente es la versión española de 'La Cúpula' de Stephen King. Una comunidad técnicamente aislada del mundo por culpa de la negligencia política y los intereses empresariales.

La historia se resume en tres actos. La llegada al pueblo de la empresa Canteras Villamartín (Cavima) hace 25 años, a quien le faltó tiempo para dinamitar y extraer pizarra bajo la misma carretera que une el pueblo con el exterior, la comarcal OU-0807. En pocos meses la ladera se volvió muy inestable, hubo grietas y desprendimientos, y la salida y entrada del pueblo comenzó a ser peligrosa. Esto llevó al segundo acto, puro esperpento. La Diputación de Ourense, titular de esa carretera, decidió hace 10 años instalar una señal de 'Peligro. Carretera cortada' justo a la entrada del pueblo y así dio por resuelto el problema. Ocurre que San Vicente se sitúa al final de la OU-0807, es decir que por el otro extremo no hay salida. Conclusión: desde hace 10 años es imposible entrar o salir del pueblo sin infringir el código de circulación.

Como es lógico, nadie respeta esa señal. Con lo que el paso sigue siendo igual de peligroso para ancianos, trabajadores y niños que van a la escuela. La ladera se ha descompuesto con el tiempo y hace diez días ocurrió el tercer acto. Grandes desprendimientos, con piedras de hasta 400 kilos, cayeron sobre la carretera a causa de las intensas lluvias. Ante el enorme riesgo de muerte, la diputación optó por fijar un guardarraíl en mitad de la calzada. La escena se produjo el pasado sábado y fue surrealista. De un lado, operarios clavando 'quitamiedos' de margen a margen. Del otro, una veintena de vecinos contemplando resignados como se quedaban aislados del mundo porque en 25 años nadie ha sido capaz de arreglar su única carretera.

"¿Qué podemos hacer? Habrá que aguantar. Si se me acaba el butano ya me echaré encima una manta y comeré chorizo. Y si me quedo sin comida pues ya le pediré a algún vecino que me traiga algo si sale del pueblo. Ya estamos acostumbrados", dice Saturnino Delgado, de 68 años, mientras llena una botella de plástico en la fuente del pueblo. En San Vicente hay 100 empadronados pero residen unas 30 personas. Casi todos ancianos cuyos hijos y nietos viven en los pueblos aledaños. Hace 20 años, la población superaba los 150 vecinos. "Es lógico. ¿Quién va a querer vivir en un pueblo al que no se puede llegar, o en el que tienes que jugarte la vida cada vez que pasas por la ladera?", dice Saturnino antes de regresar a casa. Él, como muchos otros, ni siquiera puede salir caminando del pueblo porque las piernas no le dan para saltar la barrera.

Jugársela en el sendero

Además de la carretera cortada, existe un sendero municipal que serpentea por la ladera y conecta San Vicente con el mundo. Algo más de un kilómetro de grandes pendientes sin visibilidad y anchura para un solo coche. Los camiones y furgonetas hace años que no se atreven a pasar. Si hay helada o nieve, ni siquiera transitan los todoterreno. La Guardia Civil concluyó en un informe años atrás que esa pista no es apta para la circulación. Pero si uno no quiere violar la señal de 'Prohibido el paso' debe jugarse el tipo en este sendero. Solo el panadero se ha atrevido estos días a usar esta vía para acceder al pueblo. Al butano, al camión de los congelados o a la ambulancia ni se les espera.

"Me pongo en el lugar de los vecinos y yo también estaría indignado. Son ya 25 años con este problema y a nadie le gusta tener una barrera en su pueblo. Pero hay unas grietas tremendas y ante las llamadas de la Guardia Civil yo tengo que ordenar el corte físico de la carretera. Si yo no pongo ese guardarraíl y a alguien le cae una piedra de 400 kilos y muere, incurro en delito penal. No es agradable, pero esa barrera era la única solución", explica Pablo Pérez, responsable de Cooperación en la Diputación de Ourense y la persona que ordenó instalar el quitamiedos.

"Si yo no pongo ese guardarraíl y a alguien le cae una piedra de 400 kilos y muere, incurro en delito penal", argumenta el responsable

Igual que los vecinos, Pérez no comprende que en 25 años la diputación haya sido incapaz de arreglar el trazado. "Yo empecé a trabajar en el año 2015 y desde entonces no he parado de elaborar proyectos para buscar una solución definitiva. No sé lo que hicieron anteriores diputaciones, pero está claro que aquí ha habido un conflicto de intereses entre varias administraciones. Hemos avanzado mucho y pronto aprobaremos el proyecto definitivo", adelanta. El proyecto es un nuevo trazado de 1,2 kilómetros y 13 millones de presupuesto que discurre por la vaguada del monte evitando el terreno agrietado e inestable.

Antes, sin embargo, hay que levantar la cúpula que aísla San Vicente. Cada minuto que pasa es tiempo en el que los vecinos están desvalidos ante cualquier emergencia médica o incendio. El ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, cabecera municipal de San Vicente, y la diputación de Ourense acordaron de urgencia este jueves desmontar el guardarraíl para permitir el paso de ambulancias y bomberos. A cambio, se colocará una barrera móvil con el compromiso de que ningún vecino transite por allí, por lo que el acceso sigue cortado.

Este jueves se aprobó desmontar el guardarraíl para permitir el paso de ambulancias y bomberos, pero la carretera seguirá cortada con una barrera

Si el clima acompaña, en unas dos o tres semanas, una vez las máquinas hayan ensanchado el paso y asentado mínimamente la ladera, ese tramo de la carretera OU-0807 volverá a reabrirse como 'paso minero', calificación que ha tenido todos estos años. Los vecinos adelantan que van a cruzar la barrera móvil por muy prohibido que esté porque llevan haciéndolo 25 años y "no hay otra solución para salir y entrar". El responsable de la diputación advierte: "Si ocurre una desgracia, la responsabilidad será de esas personas. He puesto a su servicio un transporte a la demanda para quien no tenga coche o no se atreva a cogerlo. Solo tienen que hacer una llamada".

Dinamita bajo la carretera

Los hombres se cobijan de la lluvia torrencial bajo un lavadero público mientras las mujeres preparan el almuerzo. Solo hay un tema de conversación: la carretera. Todos cargan tintas contra la diputación por haberles enjaulado, pero la historia de este esperpento se remonta al año 1993 y tiene un nombre propio: Canteras Villamartín SL, conocida como Cavima. Todos los jubilados de San Vicente trabajaron en algún momento para esta empresa, igual que muchos adultos trabajan ahora para la vecina Pizarras Gallegas, a poco más de un kilómetro de la aldea.

"Cuando Cavima compró la cantera al anterior propietario comenzaron a reventar la ladera. Entraron como elefante en cacharrería, se lo cargaron todo y hasta desviaron el curso del río. Pero ni Minas ni la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil dijeron nada. Ellos son más culpables que la diputación", afirma Leopoldo Nogueira, portavoz de los vecinos. "Yo fui de los pocos en plantarle cara al gerente y me crucificó por ello. Pero me dio igual. Sabía que estaban arruinando el pueblo a cambio de cuatro puestos de trabajo mal pagados y no podía cargar con eso en mi conciencia. Por desgracia, muchos vecinos callaron y aquí estamos".

La situación se volvió tan clamorosa que en el año 2001 la Dirección General de Energía y Minas de Galicia retiró la licencia de explotación a Cavima. En 2011 la empresa retomó la actividad sin siquiera haber corregido uno solo de los puntos que exigía la administración gracias a que el ayuntamiento le concedió una licencia de construcción que, indirectamente, permitió Cavima volver a extraer pizarra. Entre 2001 y 2011, con la cantera paralizada, la diputación fue incapaz de hacer otra cosa que plantar la señal de 'Prohibido el paso'.

Entre 2001 y 2011, con la cantera paralizada, la diputación fue incapaz de hacer otra cosa que plantar la señal de 'Prohibido el paso'

Nunca hubo una explicación clara de por qué era tan difícil solventar este asunto. Presiones de la empresa, falta de voluntad, falta de presupuesto. Quizá todo eso a la vez unido al clásico silencio y halo de sospecha con que se solventan los conflictos entre administraciones y empresarios en las zonas rurales. Afortunadamente nunca hubo que lamentar una desgracia personal en San Vicente en los 25 años en que las familias tuvieron que sacar a los niños al otro lado de las grietas a que los recogiera el bus escolar.

Cavima necesitó solo tres años para volver a perder la licencia. De nuevo, por manipular la ladera y el curso del río a su antojo. En octubre de 2014 se produjo un desprendimiento similar al de ahora que dejó al pueblo un mes incomunicado. Fue el fin de Cavima en San Vicente. Desde entonces, la nave de la empresa sirve únicamente como almacén para sus otras explotaciones en la región. Los vecinos presentaron una querella ese mismo año por "daños, delitos de ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio y el medio ambiente". En 2015 el juzgado de O Barco de Valdeorras archivó la causa, que se encuentra hoy en la audiencia provincial de Ourense. Este diario trató repetidamente de contactar a los responsables de Cavima sin éxito.

Encerrado en el ayuntamiento

Cuando la ladera se vino abajo hace diez días, el alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, inició un encierro voluntario en el ayuntamiento como símbolo de protesta y solidaridad con sus vecinos. Duerme en un colchón situado en la esquina de una sala de reuniones, cuelga su ropa en un perchero y asegura que no piensa moverse hasta que la diputación resuelva el problema. Tras la reunión del jueves, Álvarez es optimista y cree que en pocos días al menos podrán entrar las ambulancias a San Vicente.

"Llevamos muchos años reclamando a la diputación que haga algo pero no nos escuchan. Cuando el sábado vimos que nos instalaban un quitamiedos no dábamos crédito. Mucha gente de 80 años que ha nacido allí no se lo podía creen. Lo único que pedimos es una seguridad mínima, pero en las mil reuniones que hemos tenido siempre nos dicen que están en ello, que hay un proyecto en marcha, y nunca lo ejecutan. Espero que esta vez sea verdad", dice el alcalde.

Los vecinos, reunidos en una charla en el lavadero, apoyan a su alcalde pero le afean haber concedido la licencia a Cavima en 2011 para regresar a la cantera. Álvarez dice que "tal vez fue un error" pero que no tenía argumentos jurídicos para denegar la licencia de explotación. "Sabía que quizá volverían a destrozar la ladera, pero creí que debía aprobar esa licencia", explica. Los vecinos protestan y aluden a la relación de parentesco del alcalde con uno de los socios de Cavima. Aunque el foco de todas las iras es sin duda la diputación. "Nos tratan como a ganado, les da igual que estemos encerrados o que alguien se muera aquí dentro", se queja Antonio Trincado. Sus compañeros asienten y miran al suelo.

El responsable de Cooperación de la diputación, Pablo Pérez, quita dramatismo al mal estado de la pista municipal, única conexión de San Vicente con el mundo junto a otra pista en peores condiciones que va directamente a la cabecera municipal pasando por O Mazo. "Tiene pavimento y 3,5 metros de ancho. En Galicia hay muchos pueblos a los que a una ambulancia le cuesta acceder. Yo no comparto que el pueblo esté aislado". Los vecinos disienten y aseguran que solamente con buen tiempo es posible transitar por ahí. Como resume el alcalde, "si esa pista ofreciese seguridad la hubiésemos usado desde hace 25 años en lugar de ponernos cada día en peligro cruzando una carretera que la diputación debería tener en condiciones".

En cuanto los operarios retiren el guardarraíl e instalen la barrera móvil surgirá el gran dilema. La diputación prohibe expresamente pisar ese terreno salvo emergencia, pero los servicios más básicos como los víveres y el butano no tienen otra forma de llegar. ¿Deben infringir la ley y, lo peor, jugarse la vida para dar servicio al pueblo, o deben acatar las normas y dejar a los vecinos de San Vicente sin suministros básicos durante semanas?