La historia del terrorismo llega a las aulas en septiembre: así será la asignatura

El secuestro de 532 días al que ETA sometió al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara entre 1996 y 1997, el brutal asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid formarán parte desde el próximo curso de la asignatura Historia de España que estudian los alumnos de 4º de la ESO. La unidad didáctica estará enfocada en todo momento desde el punto de vista de las víctimas, sin matiz político alguno, y abordará un relato sobre todas las organizaciones terroristas que han actuado en España, los movimientos cívicos que han surgido para darles respuesta, qué papel han tenido estos últimos y cómo han ido modificando la visión que tanto las instituciones como la sociedad tenían de estas bandas.

El Ministerio del Interior, en colaboración con el de Educación y expertos del Centro Memorial, ha elaborado el contenido de esta primera programación sobre terrorismo que se incluirá en las materias escolares y trabaja ya para desarrollar otra media docena de unidades didácticas relacionadas con este tema que se incluirán en asignaturas que actualmente se imparten entre 2º de la ESO y 2º de Bachillerato. En concreto, además de en Historia de España, la Dirección General de Víctimas del Ministerio del Interior —responsable última del proyecto— tiene intención de introducir estos contenidos en Geografía e Historia, Valores Éticos y Psicología. El objetivo, según explican desde el organismo dirigido por Sonia Ramos, es que en el curso 2019-2020 los alumnos de 2º de la ESO en adelante ya puedan estudiar terrorismo en esta última media docena de unidades didácticas.

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Los promotores de esta iniciativa pretenden que los contenidos tengan un enfoque "positivo, pedagógico y completamente alejado de una visión política". Explican que la implementación en las asignaturas es solo una de las dos patas que pretenden extender el punto de vista de las víctimas del terrorismo entre los alumnos de los mencionados cursos. La otra se basa en las charlas que muchas de las víctimas vienen impartiendo en las aulas. En concreto, hasta el momento, 52 colegios de Madrid han escuchado el testimonio de estos afectados tan directamente por el terrorismo. "Cada uno cuenta cómo experimentó su propio atentado, cómo se enteró, cómo lo afrontó su familia, cómo se recuperó", explican desde la Dirección de Víctimas, que prevé extender esta otra iniciativa a todas las comunidades autónomas. "En mayo empezamos en La Rioja y en Castilla y León", anuncian.

Los promotores, que se están reuniendo periódicamente con representantes de las comunidades autónomas —que son los que tienen las competencias en materia educativa— desde hace meses, están planificando una reforma de la Ley de Víctimas que permita dar encaje jurídico a estos dos proyectos, así como desarrollar adecuadamente el Centro Memorial en el marco de un nuevo capítulo de la norma dedicado a la construcción del relato histórico. La modificación legislativa, según explican desde Interior, reformará también otros aspectos que desde que se aprobó la norma en 2011 han quedado superados por la realidad.

Interior reformará la Ley de Víctimas

En concreto, el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido pretende crear un nuevo registro de víctimas dentro de la Dirección General coordinada por Sonia Ramos, con el fin de tener una fotografía lo más fiel posible a la realidad sobre lo que recibe cada afectado en indemnización de las diferentes administraciones, qué condecoraciones se le han concedido o cómo están las causas judiciales sobre sus verdugos. "Queremos centralizar toda la información sobre las víctimas, para valorar adecuadamente sus necesidades y porque somos una ventanilla única a la que dirigirse", explican desde Interior.

Asimismo, la reforma de la ley quiere eliminar el requisito de que las víctimas tengan que ser consideradas como tales en una sentencia judicial contra quienes mataron a sus familiares. Actualmente, hay casos sin resolver con pocos visos de ver la luz al final del túnel y no parece justo que estas personas sigan sin recibir ayudas, reflexionan desde Interior. "Nos parece de justicia que reciban lo mismo que si hubiera sentencia judicial; ellas también deben ser reparadas", añaden las mismas fuentes del ministerio, que consideran que también es necesario "flexibilizar" los requisitos para ser considerado un amenazado.

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Actualmente, señalan, es necesario que se demuestre que hubo reiteradas amenazas contra una persona que finalmente terminó abandonando el País Vasco para que esta sea reconocida como desplazada por esos motivos. Sin embargo, continúan, en no pocas ocasiones hay quien se fue simplemente por recibir una sola amenaza. Tenía familia y no quería ponerla en riesgo, agregan. "Queremos que baste con cartas de extorsión, la implantación de escoltas o informes de la Guardia Civil o de la policía para probar que estos desplazados lo fueron como consecuencia de la presión terrorista", explican.

El ministerio también pretende alargar los plazos para reclamar indemnizaciones e incluso, si fuera jurídicamente posible, eliminarlos. "Una víctima no se puede quedar sin ayudas porque haya pasado el tiempo y no se haya enterado", afirman desde Interior, que también baraja flexibilizar la concesión de las denominadas ayudas extraordinarias, concedidas para casos especiales que no encuadran en supuestos concretos. En la misma línea, el departamento dirigido por Zoido regulará en la reforma el apoyo psicológico, porque los daños de este tipo no siempre aparecen nada más sufrir un atentado, por ejemplo. "Hay gente que no lo necesita al principio, pero sí más adelante, cuando de repente su vida se desmorona y no saben por qué", explican las mismas fuentes.

En mayo, el ministerio organizará unas jornadas para debatir abiertamente la propuesta y de ellas saldrá el primer borrador de la reforma

La reforma legislativa permitirá por lo tanto que más víctimas reclamen ayudas económicas, con lo que requerirá de un presupuesto más amplio que el actual. "Esto es una prioridad para Zoido, ya veremos cómo cuadramos con Hacienda; además, hay muchas fórmulas para conseguir fondos", explican desde Interior, que ha mostrado el texto de propuesta de reforma a las asociaciones de víctimas con el fin de que estas hagan sus alegaciones o presenten nuevas propuestas de modificación de la norma o matización de las proposiciones. Las asociaciones tienen de plazo hasta el próximo 20 de abril para dar su opinión. En mayo, el ministerio organizará unas jornadas para debatir abiertamente la propuesta y de ellas saldrá el primer borrador de la reforma, explican las mismas fuentes.