La mina de la discordia: el auge del coche eléctrico amenaza Cáceres y su entorno

Cáceres vive tiempos revueltos. La causa inocente es el litio, presente en el subsuelo de su término municipal, a escasos dos kilómetros de la Plaza Mayor de esa ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986 y cuya población no llega a los 100.000 habitantes. Se trata del metal sólido más ligero del planeta, convertido en el nuevo oro desde que se ha hecho imprescindible para fabricar las baterías recargables que usan los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, coches eléctricos y las cámaras fotográficas.

Así, el litio, tan liviano que flota sobre el agua, es hoy una materia prima muy codiciada por las multinacionales mineras, electrónicas y del automóvil. Según el reputado Servicio Geológico de Estados Unidos, entre 2015 y 2016, su precio aumentó un promedio de entre el 40 y el 60% en los mercados internacionales, llegando a picos puntuales del 300% en China, uno de los grandes productores de litio.

Queda esbozada la extraordinaria importancia de ese metal en nuestras vidas como consumidores compulsivos de baterías recargables. Ahora, vamos a la historia que nos ocupa. La causa tangible por la que la ciudadanía y la política de Cáceres viven agitadas tiene que ver con el proyecto de una ‘joint venture’ hispano-australiana de explotar una mina de litio a cielo abierto a partir de 2019. Hoy día, no existe ninguna en España.

La explotación, mina de San José de Valdeflórez, se ubicaría en el espacio natural de ocio más próximo a los cacereños, la Sierra de la Mosca. Debido a sus características, es conocida como el ‘pequeño Monfragüe’, en referencia al parque nacional localizado al norte de la provincia. Hasta 52 especies de animales fueron reconocidas por la propia empresa minera en el plan de restauración ambiental que presentó ante la Junta de Extremadura, administración competente en la concesión de permisos mineros. Entre la fauna que habita la zona se encuentran el búho real, el milano negro o la gineta.

Además, la cantera de la mina tendría en un radio de dos kilómetros lugares tan significativos para Cáceres como el santuario que alberga a su patrona, la Virgen de la Montaña, el nuevo hospital, la ciudad universitaria o el propio centro histórico, que conserva un rico patrimonio medieval y renacentista. Un entorno que se vería afectado por la contaminación visual, acústica y del polvo en suspensión que provoca una mina a cielo abierto. Sus instalaciones ocuparían más de un millarde hectáreas entre el cráter, los caminos de acceso para la maquinaria pesada y las plantas de tratamiento del litio extraído.

El proyecto industrial, con una vida estimada de explotación de 24 años, está aún en fase administrativa. La burocracia de la minería es engorrosa, técnica y lenta, mucho más en este caso. En diciembre de 2015, la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura sacó a concurso casi 100 superficies de explotación minera; la de Cerro Milano, así llamado, era una de ellas.

La empresa de Sacyr especializada en proyectos mineros, Valoriza Minería SL, ha logrado desde entonces dos permisos de investigación de unas 1.360 hectáreas, una extensión equivalente a 2.000 campos de fútbol. Entretanto, en 2016 se creó la sociedad Tecnológica Extremeña del Litio, una empresa registrada ex profeso para explotar la mina de litio y cuyo capital está participado al 50% por Sacyr y la australiana Plymouth Minerals. El proyecto cuenta a su vez con un socio chino, Shandong Ruifu Lithium.

No se acomoda al modelo de ciudad que estamos trabajando: turismo, defensa del patrimonio, innovación y desarrollo sostenible

Tras las catas de investigación que se están llevando a cabo, el fin de la ‘joint venture’ es lograr la licencia de explotación e iniciar la extracción y procesamiento del litio en 2019. La empresa asegura a El Confidencial que “impulsará un actividad segura, sostenible y que fomente la creación de empleo y riqueza de la región”.

Sin embargo, el proyecto industrial cuenta con una gran oposición ciudadana y de la alcaldía de Cáceres. La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres está congregando en su contra a miles de personas desde el año pasado. La alcaldesa del Partido Popular, María Elena Nevado, siente “orgullo” por esa movilización y se queja amargamente de la falta de transparencia en la tramitación burocrática de la Junta de Extremadura, gobernada por el socialista Guillermo Fernández Vara. “Los proyectos especulativos como este no nos gustan. No se acomoda al modelo de ciudad que estamos trabajando: turismo, defensa del patrimonio, innovación y desarrollo sostenible”, cuenta a este diario la regidora.

Los argumentos del mercado

Nuestros hábitos de consumo han disparado la demanda de baterías recargables y, por tanto, se hace necesario un suministro de litio para fabricarlas. Los países con mayor producción son Australia, China, Argentina y Chile. La Unión Europea consume el 30% del litio, pero solo extrae el 2%. Ello en un contexto en que los fabricantes europeos de automóviles van a requerir más y más baterías de litio para montarlas en los coches eléctricos, un mercado en pleno apogeo: si en 2017 las ventas mundiales fueron de un millón de unidades, para 2030 se esperan vender casi 25 millones.

En la fase de construcción se crearían entre 500 y 800 puestos directos, y en la fase de producción, en torno a 200 empleos directos

Fuentes de Sacyr indican que “el objetivo es transformar el óxido de litio de las micas en carbonato de litio grado batería [pureza del 99,5%]. La capacidad de producción será de 15.000 toneladas de carbonato de litio grado batería, es decir, el suministro para la fabricación de las baterías de 300.000 vehículos eléctricos al año”. Eso situaría a España como el primer país extractor de Europa, con una media de casi 1.000 toneladas anuales, ya que la empresa espera que la vida útil de la mina sea de 16 años.

En la actualidad existen en países de Centroeuropa cuatro fábricas de baterías de litio para la industria automotriz y seis en construcción. El proyecto de Cáceres pretende suministrar materia prima a esas fábricas, que están en lugares como Alemania, Austria, Hungría o Polonia.

Además, Sacyr asegura a este diario que “en la fase de construcción se crearían entre 500 y 800 puestos directos, y en la fase de producción, en torno a 200 empleos directos y cerca de 900 indirectos”.

Pero un ingeniero de minas de dilatada experiencia que prefiere ocultar su nombre afirma que ve muy complicado que el proyecto se llegue a poner en marcha. “Me enoja que los ecologistas, los ciudadanos desinformados y ciertos partidos políticos, como Podemos, se posicionen siempre en contra de la minería a cielo abierto, ya que este tipo de explotaciones han mejorado mucho y con un buen plan de restauración ambiental no tienen por qué ser contaminantes, pero este proyecto concreto lo tiene muy difícil por la cercanía de la cantera a la ciudad”.

Rebelión ciudadana

Desde el verano de 2017 se suceden las manifestaciones ciudadanas en contra de la mina de litio tras la evidencia de que se estaban realizando trabajos de investigación agresivos contra el paraje natural: sondeos, calicatas, zanjas y la apertura de caminos con maquinaria pesada. Las protestas están canalizadas a través de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. El próximo 3 de febrero esperan reunir a cientos de personas en la Plaza Mayor.

Manuel Sánchez, de 68 años, tiene una finca en una zona que lindará con la mina si finalmente prospera el proyecto. “Vivo con una angustia tremenda que todo este paraje natural pueda desaparecer, me he criado aquí y jugué toda mi infancia en estos montes”, narra Sánchez, maestro de educación especial toda su vida.

Un buen día se levantó y vio cómo personal de la empresa minera había ocupado parte de su propiedad para hacer accesos. “Desbrozaron parte de mi finca para abrir caminos, talaron madroños y alcornoques sin mi permiso”, cuenta Sánchez. “Me pidieron disculpas y un directivo de Valoriza me mandó un contrato para formalizar el uso del terreno durante las prospecciones. Me pagaban la miseria de 400 euros anuales por el derecho a utilizar las 22 hectáreas de mi finca y no firmé, claro”, explica este cacereño que ha llegado a contar 200 milanos en la zona en otoño antes de proseguir su ruta migratoria hacia África.

Por su lado, María Angeles López Lax, abogada experta en legislación y litigios medioambientales y miembro de la plataforma ciudadana, se encarga de vigilar que los trámites administrativos respeten la legislación vigente. Denuncia el secretismo imperante en todo el proceso burocrático, todo se está haciendo al margen de los afectados. “Uno de los pilares fundamentales del Convenio de Aarhus, traspuesto a la legislación española en la Ley 27/2006, es la obligación de la participación ciudadana en este tipo de proyectos, pero la falta de transparencia en este caso es notoria”. Esa legislación versa sobre el acceso a la información, participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

López Lax muestra su asombro por que los trabajos de investigación que ya está llevando a cabo la empresa se estén realizando sin una declaración de impacto ambiental. Recalca esta abogada: “Hasta ahora, no hay garantías de que el destrozo que van a provocar vaya a ser restaurado”.

La disputa política

El Partido Socialista gobierna la Junta desde Mérida, el Partido Popular el Ayuntamiento de Cáceres. Quizás esta coyuntura no ayuda a que el diálogo político fluya mejor.

La Consejería de Economía e Infraestructuras sostiene que se están “cumpliendo estrictamente todos los requisitos legales” conforme a “la normativa minera actual”. La Ley de Minas data de 1973 y no está adaptada al Convenio de Aarhus. Confirma que no existe aún una declaración de impacto ambiental. “Pero tanto el proyecto como el plan de restauración serán sometidos a información pública”, manifiestan desde esa institución.

Cuando extraigan el litio, harán las maletas y se irán dejándonos un agujero a semejanza de como se hacía en el siglo XIX

Sin embargo, la alcaldesa de Cáceres muestra su inquietud por el proyecto y critica a la Junta de Extremadura por su opacidad. “Solo hemos sabido de una licencia de obra menor, nada más, oficialmente a día de hoy no tenemos traslado de ningún expediente público de explotación que se haya presentado”, asevera.

María Elena Nevado relata que ella y su equipo de Gobierno municipal están trabajando en un “modelo de ciudad que fomente el turismo, la defensa del patrimonio, la innovación y el desarrollo sostenible, no en una mina que no trae progreso”.

El proyecto de la mina no está asociado a la construcción de una fábrica de baterías de litio en la zona que genere más empleos y riqueza. Por esa razón, la alcaldesa recalca con vehemencia: “Cuando extraigan el litio, harán las maletas y se irán dejándonos un agujero a semejanza de como se hacía en el siglo XIX, es un modelo de los australianos a la africana y no queremos esto para nuestra ciudad”.

La realidad es que el 8 de enero pasado la empresa presentó la solicitud de concesión de explotación de la mina de Valdeflórez, derivada del permiso de investigación. “En estos momentos, los técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas están comprobando y analizando la documentación”, aseguran fuentes de la consejería. La suerte está echada.