Atrapados en la nieve: ¿a quién y cómo hay que reclamar el caos de la AP-6?

El fin de semana de Reyes ha traído consigo unos días duros para las carreteras españolas: la AP-6, la autopista de peaje que une Las Rozas (Madrid) con Adanero (Ávila) y que con la entrada del año nuevo ha subido su tarifa de 12,25€ a 12,50€, fue escenario de multitudinarios atascos, en los que decenas de vehículos quedaron atrapados en las vías de entrada y salida de la capital durante horas, con pocos recursos para hacer frente a una situación extraordinaria. La Dirección General de Tráfico (DGT) había establecido el nivel negro para esta carretera y pedía que no se circulara, pero ya era tarde.

Los conductores culpan a la DGT y a la concesionaria de la autopista, Iberpistas —del grupo Abertis—, contra la cual el Ministerio de Fomento ha abierto un expediente informativo. Desde Tráfico, sin embargo, dicen que la culpa recae en mayor medida sobre los propios conductores: el director general de la DGT, Gregorio Serrano, afirma rotundamente que se informó debidamente del riesgo de nevadas en los paneles informativos, pero que hubo automovilistas que "o no se han enterado o no han tomado las precauciones necesarias", aunque después corrigió sus palabras y dejó claro que no toda la culpa era de los conductores.

Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que desplazarse, junto a la Guardia Civil, para realizar las labores de rescate de los vehículos atrapados en la nieve, y entre 3.000 y 3.500 vehículos sufrieron las consecuencias de la nevada que hizo cerrar la autopista. Pero una vez que todos han llegado (aunque sea tarde) a su destino y la carretera ha quedado reabierta y limpia de nieve empiezan las consultas: ¿quién tiene que rendir cuentas por esta situación?

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Madrid (FACUA) recomienda que se reclame una indemnización a Iberpistas siempre y cuando se pueda "cuantificar y acreditar los daños y perjuicios económicos causados por el colapso" de la autopista, además de la devolución del peaje. Sin embargo, advierten de que es probable que la concesionaria "argumente que no tiene ninguna responsabilidad" y que haya que llegar hasta los tribunales.

¿Reclamar a la DGT?

Desde Legálitas consideran que esta es la situación que más probablemente se dé. Carlota Zapata, experta en Derecho Administrativo, ha explicado a El Confidencial que a pesar de que la titularidad de la vía sea del Estado dado que la de la concesión es de Iberpistas es a ella a quién deberán ir dirigidas las reclamaciones: DGT y Fomento alegarán que ya que la concesionaria es la empresa, es ella la que tiene sus propios medios y sus propios equipos de quitanieves y por ello, es ella la que tiene que responder.

Sin embargo, sí hay una parte del caos que sí podría derivar en una reclamación al Gobierno: la falta de previsión en la información. A la DGT corresponde la responsabilidad de anunciar debidamente la situación de las carreteras, por lo que para poder cursar una demanda contra la Administración pública —algo que se haría a través de un expediente de responsabilidad patrimonial—, es importante que se cumplan estos tres requisitos, tal y como explica Zapata: que se interponga la reclamación en un plazo de un año, que se demuestren los daños —en este caso, que no se informó con la antelación necesaria de los cortes y de la situación en carretera— y que el propio demandante sea el que fije la cantidad de la indemnización, en la que no cabe reclamar por daños morales.

Denuncia a Iberpistas

Sin embargo, la reclamación principal tendrá que dirigirse a la empresa concesionaria y en este caso sí se podrían incluir esos daños morales. Asunción Santos, experta de Legálitas en el área civil, explica a este diario que, en primer lugar, lo más recomendable es esperar unos días. "Habría que ver qué explicaciones da Iberpistas a Fomento y una vez que tomen una decisión, evaluar la situación", señala. Eso sí, si en un plazo aproximado de unos 15 días no existen datos de la situación o no se ha alcanzado un acuerdo se puede dar un primer paso enviando un burofax a Iberpistas, indicando la situación sufrida y los perjuicios que se han ocasionado, para instar a la concesionaria a que, de modo amistoso, llegue a un acuerdo con los afectados.

Para esto "es importante reunir todas las pruebas que demuestren que se vivió esta situación", señala: factura del peaje para demostrar que se pasó a esa hora por la zona del colapso, cualquier documento que acredite que se ha perdido un avión, un autobús o incluso que no se ha podido llegar a tiempo a trabajar. A estos hay que añadirles los "daños morales", todos los tipos de "molestias" que se han sufrido y que no se puede demostrar con documentos. En esta primera vía lo lógico es lograr que la empresa acepte indemnizar a los afectados con lo que se les solicita. En caso de que esto no ocurra y la vía extrajudicial no haya funcionado, el siguiente paso es llevar el caso ante un juez, aunque es importante tener en cuenta que en este caso "la parte del daño moral queda en consideración del magistrado". Además, desde Legálitas señalan en que es recomendable dar este paso en un plazo no superior a un año.

Al interponer una reclamación conjunta "se ejerce más presión sobre la empresa concesionaria, por lo que quizás es más recomendable"

¿Y qué hay de las demandas colectivas? En otros casos se han interpuesto demandas colectivas, al tratarse de una pluralidad de afectados que tienen la misma causa. Santos, de Legálitas, explica que en este caso hay que organizarse para ello y recuerda que, como ha podido verse en otras situaciones, al interponer la reclamación de forma conjunta "se ejerce más presión sobre la empresa concesionaria y también más presión mediática, por lo que quizás es más recomendable" esta opción.

En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una acción judicial colectiva para que los usuarios que sufrieron las consecuencias de la nevada puedan recibir una indemnización por los daños sufridos. La organización considera que los "graves perjuicios" que sufrieron los usuarios en la AP-6 y en otras carreteras tienen "responsables directos".

En el caso de la AP-6 la responsabilidad es compartida, según explica la OCU. "En primer lugar, de la concesionaria Abertis y, en segundo lugar, como subsidiaria, el Ministerio de Fomento", subraya la organización. Desde su punto de vista, Abertis debe responder e indemnizar a los afectados por las consecuencias de "su falta de previsión y la ausencia de medidas, que debió poner en marcha para evitar el desastre, ya que las previsiones meteorológicas eran claras para ese día". La OCU considera importante reclamar para que los damnificados consigan una indemnización por los daños sufridos, pero también "para conseguir que esta situación, que ya se ha producido en otras ocasiones, tenga consecuencias para los responsables y no se vuelva a producir".

Otras nevadas, otras reclamaciones

No es la primera vez que ocurre algo similar, aunque el resultado no fue favorable para los conductores. En la noche del 27 de febrero de 2004, la autopista de Burgos AP-1 —gestionada por Europistas— quedó bloqueada por la nieve: cientos de vehículos quedaron atrapados y más de 5.000 personas tuvieron que pasar la noche en albergues, escuelas o polideportivos de las localidades de Miranda de Ebro, Briviesta y Pancorbo. Fomento, entonces liderado por Francisco Álvarez Cascos, anunció la apertura de un expediente a la concesionaria, y más tarde la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) presentó una demanda judicial colectiva contra Europistas.

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Jesús Escudero

Cuatro años después, el 14 de diciembre de 2008, era la autopista AP-66 —gestionada por Aucalsa y que comunica Asturias con León— la que quedó cerrada al tráfico por las inclemencias meteorológicas y dejó atrapados a un millar de vehículos y ocho autobuses: la circulación tardó 21 horas en restablecerse. Fomento siguió su protocolo de rigor y abrió el correspondiente expediente informativo, y Ausbanc y la Unión de Consumidores de Asturias llevaron a la empresa concesionaria a los tribunales en nombre de 90 afectados.

Sin embargo, aunque los tribunales dieron la razón a los conductores afectados en ambos casos, los expedientes abiertos por el Ministerio de Fomento exculparon a las concesionarias.