la efectividad de los centros, en duda

Los tres nuevos CIE de Zoido están pactados con la Unión Europea desde 2013

Su partida se viene prorrogando en los presupuestos generales desde hace cinco años, aunque el ministro haya defendido que ahora son "necesarios"

Foto: El CIE de Aluche, en Madrid, ha sido foco de protestas durante el verano de este año
El CIE de Aluche, en Madrid, ha sido foco de protestas durante el verano de este año

Habrá tres Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) nuevos en España antes de 2020 y así está previsto en las bases de las líneas de financiación europeas para España desde hace cinco años. A pesar de que el debate sobre el cierre de este tipo de centros para inmigrantes haya calado en las instituciones, la documentación de los fondos europeos dedicados a España y de los Presupuestos Generales del Estado demuestran que no hay nada que debatir. Su construcción está acordada con las instituciones comunitarias desde el año 2013. Las tres instalaciones se levantarán en Málaga, Algeciras y Madrid.

De los nuevos CIE, estructuras utilizadas para retener a extranjeros sometidos a expedientes de expulsión sin que hayan cometido ningún delito, se habló en público por primera vez en abril de este año. "Son necesarios tres nuevos CIE: uno en Málaga —que sustituya al que se cerró—, uno en Algeciras y uno en Madrid, dada la situación del que hoy está en vigor". Así lo explicaba el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ante una pregunta de Podemos en el Congreso de los Diputados. Lo que hasta entonces parecía ser un rumor, se confirmaba en palabras del máximo responsable de la gestión migratoria. Se daría comienzo, cuanto antes, a la construcción de los nuevos Centros.

Los documentos de los acuerdos entres España y la Unión Europea, analizados por la Fundación PorCausa en colaboración con El Confidencial, indican que su construcción se aprobó ya en 2013 en el marco del Fondo para Asilo Migración e Integración (FAMI) para los años 2014 - 2020. España presenta anualmente proyectos a este fondo para su financiación, siendo la de retorno de inmigrantes a sus países de origen (que incluye la gestión y mantenimiento de los CIE) la partida más importante. Recibe, solo para ello, 103 millones de euros, un 42% del total previsto para todo el período.

La aplicación de estos fondos tiene su reflejo también en los Presupuestos Generales del Estado ya desde 2012, es decir, un año antes de la aprobación del fondo. Esto se debe, según los expertos consultados, a la voluntad de España de marcar su compromiso ante la Unión Europea. En todos los objetivos presupuestarios desde ese año detalla su desarrollo: "Se plantea como objetivo​ ​prioritario​ ​en​ ​estos​ ​momentos​ ​la​ ​construcción​ ​de​ ​nuevos​ ​centros​ ​en​ ​Madrid,​ ​Málaga​ ​y Algeciras​". Un objetivo prioritario que se incluye también en las previsiones presupuestarias.

"La expulsión y devolución de personas que se encuentran en situación irregular en los Estados de la Unión Europea es una de las prioridades políticas en materia de control migratorio", explica Virginia Rodríguez, Coordinadora de Investigación de la Fundación PorCausa. Según datos oficiales, el índice de expulsión no supera el 60% en ningún CIE español y "desde la UE se está exigiendo mayor efectividad, algo a lo que está dedicando muchos recursos económicos".

La construcción -"necesaria" en palabras de Zoido- choca la falta de expulsiones desde los CIEs identificada desde la Unión Europea y acreditada por los datos del mismo ministerio de Interior. El único informe oficial que recoge información de la Dirección General de Policía sobre los CIE, elaborado por el Defensor del Pueblo, indica que en 2016 el 73% de los internos no fue expulsado. Un porcentaje que ha venido bajando paulatinamente en los últimos años. Según el Servicio Jesuita de Migrantes, uno de los pocos que tiene acceso al día a día de los extranjeros en estos centros, las expulsiones desde los CIE representaron ese año solo un 24% del total, frente al 47% de 2010. Unos datos que reflejan el cambio hacia el modelo de ‘expulsión exprés’ cada vez más común en la UE.

Rechazo institucional y obras en marcha

Los pasos previos a las obras de los nuevos centros, de hecho, ya han empezado. Tan solo un mes después del anuncio de Zoido, el Ayuntamiento de Algeciras acordaba ceder al ministerio un solar de 1.580 metros cuadrados para poder levantar el nuevo centro.

El Consistorio de Málaga, por su parte, se mostró más combativo, rechazando levantar unos centros que están en el foco de las criticas por parte de académicos y ONGs por las vulneraciones de derechos humanos documentadas en muchos de los que ya existen (ocho en España, actualmente). La ciudad andaluza cerró en 2012 su centro, un hecho que fue "un éxito celebrado por el conjunto de la sociedad e instituciones malagueñas", se lee en la moción de censura que la localidad presentó tras el anuncio de Zoido. "Rechazamos la futura instalación de un centro de internamiento de extranjeros en nuestra ciudad", reza el texto, firmado por todos los partidos.

Madrid, por su parte, ha asegurado no haber recibido todavía ninguna confirmación oficial. El Consistorio de Carmena se ha manifestado en varias ocasiones a favor del cierre de los actuales centros presentes la urbe.

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