Nueve años por estafar a 400 embarazadas con falsas células madre de cordón umbilical
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hasta 2.200 € por congelar sangre inexistente

Nueve años por estafar a 400 embarazadas con falsas células madre de cordón umbilical

Raúl Conejero abusó de la confianza de las pacientes. Para montar su macroestafa, extendida en ocho provincias españolas, Conejero montó hasta cinco páginas web

placeholder Foto: Una mujer embarazada. (Reuters)
Una mujer embarazada. (Reuters)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido nueve años de prisión para el cabecilla de la macroestafa que afectó a 400 familias que contrataron sus servicios para la congelación de células madre del cordón umbilical. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal describe cómo el principal acusado, Raúl Conejero, abusó de la confianza de las pacientes de distintos servicios de Ginecología a las que cobraba hasta 2.200 euros por almacenar y conservar las muestras en laboratorios que resultaron ser inexistentes.

Según explica en su escrito el fiscal Pedro Martínez Torrijos, Conejero trabajaba como comercial de una empresa dedicada a este servicio. Tras ser despedido montó su propio 'chiringuito' pero siguió empleando el nombre comercial de su antigua empresa, Stem Cell, lo que le daba una pátina de credibilidad profesional ante los futuros padres a los que embarcó en el engaño.

El acusado recibía entre 1.800 y 2.200€ que los futuros padres entregaban confiados pensando que las muestras se conservaban en centros

Numerosos clientes cayeron en la trampa, disfrazada de realidad gracias a una compleja operativa dirigida a conseguir la confianza de los afectados. Por ejemplo, entregaba a los estafados documentación simulada con firmas de médicos inventados que certificaban que las muestras de córdon recogidas se habían analizado. Entre los papeles, certificados genéticos 'cocinados' para pasar por reales. También contó con la ayuda de médicos que le recomendaban a las pacientes aunque el ministerio público no ha podido probar que estuvieran vinculados al fraude.

Lo cierto es que las células madre recogidas no se almacenaban en ninguna parte ya que el acusado, o bien no había contratado realmente con los laboratorios internacionales auténticos que prometía o bien había enviado muestras a centros médicos fuera de España pero no había pagado el importe pactado para la crioconservación, a pesar de haber cobrado previamente cantidades económicas a los perjudicados.

placeholder Raúl Conejero a la salida de los juzgados de Alicante, en marzo de 2012. (EFE)
Raúl Conejero a la salida de los juzgados de Alicante, en marzo de 2012. (EFE)

Recibía entre 1.800 y 2.200 euros que los futuros padres entregaban confiados pensando que las muestras se conservaban en centros de Bonn y Sulzbach. "Seguían los consejos de los ginecólogos que atendían a las embarazadas y que, en algunos casos, informaban favorablemente a las futuras madres en hospitales y clínicas privados", dice el escrito.

El fiscal reclama en concreto tres años de prisión para el acusado por falsificación de documento oficial y otros seis por estafa

Para montar su macroestafa extendida en ocho provincias españolas, Conejero montó hasta cinco páginas webs. Remitía a las parejas supuestos análisis de la sangreque recogida, remitidos por la empresa ficticia Bocryo Stammzellteconolgie. La compañía estaba supuestamente radicada en Suiza pero no existe ninguna mercantil autorizada con esa denominación y el código postal de su dirección en Zug era falso. El fiscal reclama en concreto tres años de prisión por falsificación de documento oficial y otros seis por estafa. Pide también indemnizaciones para los cerca de 400 perjudicados de cantidades que rondan los 2.000 euros por familia a lo que añade una multa de 4.320 euros.

Foto: La feria sobre maternidad subrogada 'Surrofair' está prevista para los días 6 y 7 en Madrid. (Reuters)

El caso estalló en marzo de 2012, cuando la Guardia Civil detuvo al acusado, a su esposa y a otra mujer. Las denuncias de los afectados fueron claves para detectar la estafa que se extendió en Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Salamanca y Granada. La causa recayó en un principio en el Juzgado de Instrucción 3 de Alicante que entendió que debía investigarlo la Audiencia Nacional. Fue el Supremo quien resolvió que debía ser este último tribunal quien se ocupara de investigar la estafa ya que afectaba a cientos de personas y contaba con componentes internacionales.

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