Las denuncias cruzadas en el tribunal de Podemos dejan al órgano en un limbo legal

La crisis por la que atraviesa la comisión de garantías de Podemos, a raíz del cuestionamiento de los nuevos estatutos y el posterior choque de legitimidades que ha dividido en dos al tribunal, sigue abierta. El expediente disciplinario por el que se ha apartado cautelarmente del cargo de presidenta a Olga Jiménez, quien impulsó un dictamen declarando la nulidad de los nuevos estatutos, será recurrido en los tribunales por la propia afectada y “carece de validez” para una parte de la comisión, ahora minoritaria.

Su sustituto en el puesto, Argiro Giraldo, ha sido denunciado a su vez por el círculo madrileño que lo avaló para presentarse a las primarias de la comisión en Vistalegre II, apuntando supuestas irregularidades en el proceso. La resolución de esta última demanda está en manos de la comisión de garantías de la comunidad de Madrid, una de las primeras en alinearse con Jiménez. La guerra interna en este órgano, lejos de resolverse, podría convertirse en un choque entre varias comisiones autonómicas y la estatal. De hecho, once de estos órganos autonómicos solo reconocen la legitimidad de Jiménez y defienden sus dictámenes.

La resolución de la demanda está en manos de la comisión de garantías de la comunidad de Madrid, una de las primeras en alinearse con Jiménez

Unos dictámenes que en el último pleno de la comisión de garantías, celebrado este jueves, ya bajo la presidencia de Giraldo, se acordó “dejar sin efectos”, al igual que “todas las actuaciones, instrucciones, nombramiento o comunicación que a nombre de la CGDE (Comisión de Garantías Democráticas Estatal) hubiere realizado la suspendida Olga Jiménez utilizando a suplentes para subrogarse y usurpar unas responsabilidades de las cuales fue relevada temporalmente y que sólo competen al pleno de titulares”.

El choque de legitimidades se centra principalmente en que solo tengan derecho a voto los cinco titulares del órgano o también los otro cuatro suplentes, como ocurría hasta que se modificaron los estatutos. El dictamen que los anuló salió adelante gracias al voto de los suplentes, aunque dos días antes la secretaria del órgano ya había firmado un escrito especificando que tenían voz pero no voto. De producirse la suspensión de Giraldo volvería a modificarse los equilibrios internos. Aunque fuentes cercanas a la comisión de garantías madrileña adelantan que se tramitará en breve la demanda, reconocen que la documentación aportada para acusarlo de irregularidades en la tramitación de su candidatura parece poco sustanciosa a expensas de analizarla en profundidad.

De lo que no tienen duda desde el entorno de Jiménez es que la crisis de la comisión de garantías se ha cerrado en falso. Una corriente minoritaria del partido ya ha presentado una denuncia en el juzgado de primera instancia de Madrid para impugnar los estatutos. Sus impulsores, pertenecientes al sector Profundización Democrática, calculan que entre dos y tres semanas será admitida a trámite, momento al partir del cual podrán adherirse a la demanda militantes de la formación que consideren que los nuevos estatutos vulneran sus derechos como afiliados.

La demanda detalla las supuestas irregularidades que "infringen la propia Ley de Partidos y sus principios elementales". El escrito, de 98 páginas, considera que se produjo una "ilegítima trasposición" en los estatutos de los documentos aprobados en Vistalegre II, principalmente en lo referente al articulado sobre el régimen disciplinario, también denominados 'ley mordaza'. Los nuevos tipos de afiliación también se cuestionan en su totalidad, al crearse la figura clásica del militantes, además de simpatizante y, como hasta ahora, inscrito.

La presidenta suspendida, por su parte, ha criticado la “usurpación de funciones” y declarado “nulo” el pleno en el que tramitó su expediente y la anulación de sus resoluciones. “No existe ninguna norma que permita apartar de sus funciones a la presidenta democráticamente elegida, excepto el revocatorio por la asamblea ciudadano”, según alega. Además de declarar el pleno “ilegítimo”, ha manifestado a través de un comunicado que “existen serias dudas en cuanto al quórum del mismo, pues no constan los miembros que acudieron ni sus circunstancias, celebrándose sin la presencia de la presidencia”. Esta última afirmación ha sido negada por fuentes de la comisión, que aseguran que la presidenta estaba al tanto del encuentro, fue convocada y se negó a participar en éste.