TC, TS, el tribunal de cuentas y Hacienda contra el 1-O

Cerco jurídico y político a Puigdemont para suspender la ruptura exprés

A partir de la próxima semana cualquier paso de la Generalitat para saltarse la ley conllevará responsabilidades penales, de suspensión de funciones o de inhabilitación para sus autores

Foto:  El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, saluda al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, saluda al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)

La maquinaria del Estado está a punto de cerrar el cerco jurídico al desafío independentista en Cataluña con la suspensión de la reforma del reglamento de la Cámara autonómica aprobada para convocar el referéndum de secesión. El Consejo de Ministros tiene previsto presentar hoy el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional, órgano que la próxima semana, en aplicación de su propia doctrina, anulará los cambios impulsados por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la CUP. A partir de ahí y después de las actuaciones en contra de los impulsores del proceso de ruptura puestos en marcha por el Tribunal Supremo Catalán, el Tribunal de Cuentas y Hacienda (control del FLA), cualquier paso de la Generalitat para saltarse la ley conlleva responsabilidades penales, de suspensión de funciones o de inhabilitación para sus autores.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha movilizado todos los resortes legales para frenar los preparativos del referéndum que los independentistas anuncian para el 1 de octubre. Y con una celeridad sin precedentes el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el máximo órgano fiscalizador, la administración de Justicia y el Ministerio de Hacienda se aplican a cortar el paso a todas las medidas y gastos que el ejecutivo de Puigdemont promueve para forzar la celebración de su consulta. La citada reforma exprés del reglamento será anulada en menos de una semana. El órgano consultivo del Gobierno hizo su dictamen en un día.

La CUP asegura que """más o menos ya está todo preparado para el referéndum"""

"Han liquidado todos los trámites y plazos habituales en la reforma y corría prisa hacerlo", comentan en fuentes gubernamentales sobre la necesidad de reaccionar con rapidez al tiempo que reconocen que en las cuestiones de fondo los independentistas no disimulan: van al choque con el marco constitucional y se han apuntado a fórmulas tan peculiares y antijurídicas como la de no publicar las leyes, aprobarlas 'en secreto', a sabiendas de que no tendrán pase.

El Consejo de Estado despachó su dictamen para la Presidencia del Gobierno en una mañana y lo aprobó por unanimidad. El cambio de las reglas del juego de la tramitación proyectos de ley en una Cámara legislativa por mayoría simple, en lectura única, sin pasar por un debate de ponencia, sin posibilidad de ser enmendados, sin margen para el informe de los órganos consultivos y que al final no se publican es una violación de los derechos de la minoría parlamentaria, según el Consejo, y ofrece evidentes indicios de inconstitucionalidad.

Rajoy tiene ya el informe preceptivo para acudir al TC, órgano que ya declaró fuera de la ley cualquier acto destinado a celebrar el referéndum de autodeterminación anunciado por Puigdemont. Como la reforma del reglamento está específicamente hecha para aprobar la ley de la consulta y posteriores normativas de "desconexión", el Constitucional tampoco necesitará mucho tiempo para ordenar su suspensión. Está previsto que lo haga en su primera reunión de la próxima semana.

Cerco jurídico y político a Puigdemont para suspender la ruptura exprés

La intervención del TC coincide con el 'marcaje' del Ministerio de Hacienda sobre los responsables de los presupuestos de todas las consejerías de la Generalitat. Los interventores tienen que certificar semanalmente que hacen el uso y el gasto previsto con las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) avaladas por la Administración central para que el gobierno catalán pueda hacer frente de las nóminas de funcionarios y servicios a los ciudadanos sin 'distraer' fondos para el referéndum de Puigdemont y Junqueras.

Por su parte, el Tribunal Superior de Cataluña continúa con sus pesquisas para averiguar qué altos cargos de la Generalitat promueven actos como la presentación del borrador de la ley de la consulta independentista y de dónde salieron los fondos por si hubo malversación. La Guardia Civil, a las órdenes del juez, se ocupa de tomar declaración a los sospechosos y de recabar documentos en la sede del Ejecutivo de Puigdemont y de la Cámara autonómica.

Mientras, el Tribunal de Cuentas prosigue con sus trámites para obligar al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los principales responsables de la consulta del 9-N a que devuelvan a las arcas públicas los 5 millones de euros que gastaron en la misma pese a ser un acto ilegal.

Con toda la maquinaria jurídica y de control del presupuesto del Estado puesta en marcha para frenar el referéndum independentista, a partir de ahora Puigdemont y sus aliados se enfrentarán a las consecuencias de saltarse la ley. Y si insisten en desobedecer al TC, el Gobierno tendrá que aplicarse a hacer cumplir la ley, primero en auxilio de las propias facultades de sanción y suspensión de funciones que tiene el Constitucional. El paso siguiente sería la aplicación de la ley de seguridad nacional; y como último recurso el artículo tabú del ordenamiento democrático, el 155, del que el Ejecutivo y el PSOE de Pedro Sánchez no quieren oír ni hablar.

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