QUIERE EVITAR IMPLICACIONES JUDICIALES

Junqueras ordena borrar las pruebas que le vinculen con el referéndum

El centro de datos clave para el referéndum ha quedado paralizado 'sine díe' tras la decisión del Constitucional de congelar los presupuestos de la consulta y la querella contra Meritxell Borràs

Foto: El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. (EFE)
El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. (EFE)

Oriol Junqueras no quiere dejar rastro, a pesar de estar en el centro de todas las miradas. Y no tanto por ser la cabeza visible de los preparativos del referéndum como por su habilidad, hasta el momento, para evitar su rúbrica en ningún documento que pueda tener implicaciones judiciales.

Desde hace meses, el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat solo transmite instrucciones verbales sobre cualquier tema que tenga que ver con la consulta. ¿El motivo? No dejar ninguna prueba, ningún cabo suelto, que le pueda imputar judicialmente. Así, no existe constancia de que haya dado consigna alguna a personal del Gobierno autonómico para ejecutar órdenes que pudiesen contravenir las disposiciones legales o las sentencias judiciales. Porque, subrayan las fuentes consultadas, no quiere dejar hilos sueltos a los que pueda agarrarse la justicia.

Las mismas fuentes apuntan a que Junqueras ha tenido un intenso contacto directo con Josuè Sallent, su hombre en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) —clave para el referéndum—, pero se ha cuidado mucho de que no quedasen correos y documentos por escrito que puedan vincularle directamente con los preparativos del 1-O. En algunos círculos se asegura incluso que hubo orden de borrado de documentos que pudieran utilizarse contra los que participen en el ‘procés’. Otros, resaltan las fuentes, no han tenido esa precaución, como la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, que firmó la convocatoria del concurso de compra de urnas y de este modo propició la querella en su contra.

El PDeCAT comprueba escéptico cómo órganos para la consulta están paralizados por la negativa del líder de ERC a dar consignas por escrito

La principal preocupación del vicepresidente, aseguran a El Confidencial, es evitar una posible acusación por malversación de fondos, ya que este delito lleva aparejada pena de cárcel. La prueba de su cautela es que hasta el momento no ha firmado ni una sola orden que pueda poner en entredicho su carrera, a pesar de los anuncios realizados y de las declaraciones más o menos altisonantes sobre su implicación en la organización del referéndum y su disposición a asumir sin complejos cualquier decisión importante en la materialización de la consulta unilateral. De hecho, aunque ahora ya tiene atribuidas las competencias sobre los procesos electorales, las fuentes subrayan que “no tiene intención de dejar nada por escrito que pueda ser utilizado por la justicia”. Un ejemplo de ello se ha puesto de manifiesto con la compra de las urnas, ya que, a pesar de haberse comprometido a asumir la responsabilidad, a la hora de la verdad no asumió ninguna. Al revés: obligó al Govern a 'socializar' el riesgo, comprometiendo a los 12 consejeros en la misión.

Tanta precaución es lógica desde el punto de vista soberanista: el propio consejero de Presidencia, Jordi Turull, recordó en su primera comparecencia como nuevo portavoz del Govern este martes que “existe un asedio por tierra, mar y aire del Estado español” y que “hemos entrado en una fase en la que, cuando movemos un papel, se inventan nuevos tipos delictivos”. Fuentes independentistas resaltan también a este diario que no pueden “dar facilidades al Estado, porque están esperando cualquier motivo para responder con contundencia”. “No te puedes permitir ni el más pequeño desliz porque el Estado lo utilizará en tu contra”, añaden.

El bloqueo del centro de datos

Por ahora, no solo no hay ningún miembro de ERC inhabilitado, no solo no ha caído ningún consejero de los republicanos, sino que sus socios de gobierno, el PDeCAT, comprueban ahora escépticos cómo algunos de los órganos clave para la realización de la consulta están paralizados por la negativa del líder de ERC a dar consignas por escrito. A las órdenes de altos funcionarios del PDeCAT de dejar todo reflejado en papel, se enfrentan las contraórdenes de ERC de evitar correos y documentos.

Puigdemont, junto a Junqueras. (EFE)
Puigdemont, junto a Junqueras. (EFE)

Uno de los puntos clave afectados es el CTTI, la empresa pública que controla las tecnologías TIC y los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Generalitat y que está adscrita al departamento de Presidencia. Aunque el director del CTTI es Joan Angulo, un hombre del PDeCAT, en septiembre del año pasado fue nombrado director de Estrategia e Innovación Josuè Sallent. Hace unos días, después de que el Tribunal Constitucional determinase que quedaban suspendidas las partidas de los Presupuestos destinadas a procesos electorales (es decir, al referéndum), Angulo comunicó al personal de su empresa que, desde ese instante, solo serían atendidas las órdenes de trabajo “formadas y por escrito”.

Con esta decisión, el proceso de organización del referéndum quedó seriamente en entredicho. Desde el mes de mayo, el CTTI estaba trabajando en un centro de totalización de datos para tratar los resultados del 1 de octubre, pero después de la querella de Fiscalía contra Meritxell Borràs y su secretario general, Francesc Esteve, por la compra de urnas, ¿qué funcionario iba a querer dejar por escrito una orden? La consecuencia de la decisión del TC y de la querella fue definitiva: los trabajos de creación del centro de datos han quedado paralizados 'sine die', lo que pone en peligro el hecho de que las infraestructuras telemáticas puedan estar listas el 1 de octubre.

Oriol Junqueras, que pide borrar lo que sus socios de gobierno quieren que deje por escrito, se ha revelado como un fino estratega y el político más astuto de la Generalitat. Cayó Artur Mas, cayó la anterior cúpula del Gobierno y cayó casi medio Gobierno actual. Pero él, con toda la concentración de poder que atesora, todavía no ha dado opciones a que algún tribunal o fiscal pueda actuar en su contra o le pueda achacar alguna actuación irregular.

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