se triplican el número de embaladores ilegales

La mafia de las maletas crece impune en Barajas y ya recauda 12 millones en negro

La adjudicataria se querella contra AENA por estafa y apropiación indebida al entender que la agencia ocultó la existencia de la trama de embaladores que le hace competencia desleal

Foto: Uno de los trabajadores de la empresa que se querella contra Aena (i). Un integrante de la mafia que también plastifica las maletas (d).
Uno de los trabajadores de la empresa que se querella contra Aena (i). Un integrante de la mafia que también plastifica las maletas (d).

La mafia de las maletas se ha hecho fuerte en Barajas. Casi tres años después de que El Confidencial denunciara que decenas de personas plastifican equipajes sin control en el aeropuerto de forma ilegal, el problema no solo continúa, sino que ha crecido. La mercantil que tenía hasta ahora la concesión para explotar el servicio —Sinapsis Trading— se ha querellado contra AENA por entender que el ente público mira para otro lado. En su escrito, aún pendiente de ser admitido a trámite por el Juzgado número 12 de Madrid, cuantifica en más de 12 millones de euros el dinero que ha perdido como consecuencia de esta competencia desleal en los últimos tres ejercicios.

La empresa asegura en su querella que, gracias al trabajo realizado por detectives, ha podido confirmar que hay más de 156 embaladores ilegales –el triple que hace tres años– "no solo robando clientela sino también increpando con violencia a los empleados" de la adjudicataria. Algunos de los trabajadores de la denunciante, de hecho, relatan haber sufrido insultos y amenazas por parte de los miembros de la mafia cuando se han atrevido a pedirles explicaciones. Uno de ellos, por ejemplo, afirma que le han amenazado con pincharle las ruedas del coche o violar a su mujer y a su hija. Según fuentes de la concesionaria, muchos acuden a su puesto aterrorizados, ya que la presencia de los falsos embaladores junto a sus instalaciones es continua.

Sinapsis, que ganó el concurso en diciembre de 2015 para los siguientes cinco años, después de que la anterior concesionaria —una UTE conformada por las mercantiles Safebag y Zorpack— no pudiera asumir sus obligaciones económicas debido precisamente a esos grupos de empaquetadores irregulares, acusa a AENA en la querella de estafa y apropiación indebida. Asegura que la agencia ocultó el "gravísimo problema que había dinamitado" al anterior concesionario y ofreció "la apariencia total de ser la responsable de seguridad del aeropuerto".

La propia directora general de AENA, Elena Mayoral, sin embargo, aseguró en una reciente entrevista televisiva que "los aeropuertos son espacios públicos" y en ellos "la seguridad está encomendada a la Policía Nacional", por lo que la agencia no es competente en este aspecto. Un informe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional del pasado septiembre matiza que en virtud del convenio entre el Ministerio del Interior y AENA de 29 de junio de 1999, "el ente público, a través de su departamento de seguridad, participará (...) en la adopción de medidas de seguridad dentro de los recintos aeroportuarios".

La mafia de las maletas. Video 1

Sea quien sea el responsable de que la mafia de las maletas siga ahí, lo cierto es que sus miembros campan con sus rollos gigantes de plástico, hacen precios 'especiales' a los clientes y se ríen cuando estos les piden una factura. Se mueven a lo largo y ancho de la terminal ante la pasiva mirada de los vigilantes de seguridad del aeropuerto y los agentes de la Policía Nacional. La impunidad con que actúan, de hecho, ha provocado que el número de 'ilegales' se haya incrementado desde que comenzaron a actuar hace tres años.

Para sustentar la querella, la empresa adjudicataria ha contratado detectives con el fin de acreditar la existencia de estos falsos embaladores y ha podido contabilizar casi medio centenar de miembros de la trama que acuden a diario a 'trabajar' en las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez sin que nadie ponga remedio a la situación. "¿Qué pasaría si alguien se presenta en la terminal con un puesto móvil de hamburguesas?", se pregunta un representante de Sinapsis que, por su cara, no necesita contestación.

Es "evidente", señala la querellante, que "de haber conocido Sinapsis la confluencia de las dos cuestiones anteriores —la trama de embaladores ilegales y que la agencia no se declaraba responsable de la seguridad—, en ningún momento habría firmado el contrato de 30 de diciembre de 2015" por el que se hacía cargo del servicio mediante la adjudicación de concurso público. "Es obvio que ningún gestor (...) adquiriría obligaciones en un contexto de descontrol total del ejercicio de la actividad que se va a ejercer y en el que la otra parte contratante no es competente ni tiene responsabilidad alguna sobre la seguridad del espacio en el que debes actuar", añade la concesionaria en su escrito.

Ante el caso omiso que AENA hacía a las reclamaciones de Sinapsis, esta última tomó otras decisiones, además de interponer la mencionada querella. En concreto, la mercantil optó en julio de 2016 por no atender a su obligación de abonar las rentas pactadas, lo que provocó que AENA comunicara el 16 de marzo siguiente "su intención de dar por resuelto unilateralmente el contrato de forma anticipada", según relata la mercantil denunciante. La agencia argumenta que ese mes de marzo la mercantil acumpulaba facturas impagadas por valor de 3,1 millones de euros.

AENA y Sinapsis se cruzaron entonces sendas demandas civiles. La empresa interpuso una el pasado noviembre para solicitar que el juzgado le eximiera del abono de las mencionadas cuotas, que impidiera a AENA suspender el contrato y ejecutar el aval fijado, pretensiones que desestimó el Juzgado de Primera Instancia 19 de Madrid apenas un mes después. La agencia presentó por su parte otra solicitando el cese inmediato de la actividad de Sinapsis que aún no ha sido resuelta.

Según AENA, este último juzgado consideró acreditado que la agencia no es responsable de los operadores ilegales ni tiene competencias de seguridad. "Ninguna norma jurídica ni el contrato de arrendamiento con Sinapsis Trading imponen a AENA obligaciones de seguridad y vigilancia en relación con la zona de acceso público del aeropuerto, donde se encuentran las máquinas de Sinapsis Trading; es más, el ordenamiento jurídico ni siquiera le reconoce competencias para ello, más allá de la posibilidad de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; si bien, tampoco éstas son responsables de los daños ocasionados por los delitos que se puedan producir en lugares públicos", declaran desde AENA.

La mafia de las maletas. Video 2

"No hubo en ningún momento ánimo por parte de AENA en que el contrato se cumpliera en los términos pactados, puesto que conocían perfectamente la situación, los motivos de la salida del anterior prestador de los servicios de embalaje, y no solo los ocultaron sino que no hicieron nada por acabar con el problema", resume el querellante, que acusa a AENA de apropiación indebida por quedarse con el aval de 1,7 millones de euros una vez que Sinapsis anunció su intención de resolver el contrato.

El delito de estafa que el querellante achaca a la agencia radica, a juicio de la mercantil, en ese supuesto engaño que habría realizado AENA al ocultar "de mala fe" la existencia de la mafia de plastificadores y posteriormente no hacer nada para erradicarla. Para la agencia, sin embargo, "el problema de fondo no es la existencia de plastificadores no autorizados, que Sinapsis conocía cuando se presentó a la licitación", sino el hecho de que la empresa "pretendía forzar una renegociación del contrato en perjuicio del resto de licitadores" así como "evitar las penalizaciones previstas en el contrato para el caso de resolución anticipada imputable al arrendatario".

Este descontrol que tiene lugar en el aeropuerto de Barajas y que es responsabilidad de AENA o de la policía está teniendo lugar en una instalación sensible en plena amenaza terrorista y oleada de atentados en Europa. El nivel 4 de alerta antiterrorista establecido por el Ministerio del Interior conlleva una especial vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad ante el riesgo de un ataque contra infraestructuras críticas como aeropuertos, puertos, centros de comunicaciones o eléctricas.

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