corrupción urbanística en cataluña

El alcalde de Pretoria sometía a empresarios: "Quiero que se postre a mis pies"

El exregidor de Santa Coloma de Gramanet queda en evidencia por las conversaciones escuchadas en la Audiencia Nacional, que contradicen su declaración

Foto:  El exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz. (EFE)
El exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz. (EFE)

El exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz, del PSC, ha quedado en evidencia en la mañana de este martes en la Audiencia Nacional durante su propia declaración, después de que la fiscal anticorrupción del caso Pretoria, Ana Cuenca, le obligara a escuchar la conversación telefónica que el regidor mantuvo con el principal imputado de la trama, Luis Andrés García, el 29 de julio de 2009.

Después de negar tajantemente que conociera al empresario Josep Singla más que de haber coincidido con él en "tres o cuatro inauguraciones de obras", la sala pudo escuchar cómo en la mencionada grabación el propio Muñoz pedía a García una cita con Singla. "Quiero verle", reclama al hombre que hacía de intermediario entre empresarios y políticos antes de confesarle el motivo para el que pedía esa reunión. "Quiero que se postre a mis pies; menos lloriqueo y más agradecimiento", exigió el entonces alcalde de la localidad catalana, primer acusado que declara en el marco del caso Pretoria, que comenzó este lunes a juzgar la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Singla fue uno de los empresarios que, a través de la mercantil Proinosa, se adjudicaron el proyecto Pallaresa, que suponía la construcción de un centenar de viviendas, un hotel y un complejo comercial en 25.000 metros cuadrados concedidos por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet entre 2001 y 2004. Durante este periodo, el proyecto sufrió varias modificaciones urbanísticas que, según ha admitido el propio Muñoz, se llevaron a cabo tras ser reclamadas por los propios empresarios. En concreto, el exalcalde ha admitido haber apoyado una ampliación de las habitaciones del hotel hasta el doble de lo establecido inicialmente a cambio de una reducción de los metros cuadrados de las 100 viviendas que contemplaba el proyecto.

La mencionada conversación telefónica, así como otras dos que ha escuchado la sala, muestran la relación que el exregidor mantenía con técnicos del consistorio, con el principal líder de la trama y con los empresarios, en contra de lo mantenido durante todo el interrogatorio por Muñoz, cuya defensa ha reclamado la nulidad de las escuchas telefónicas con el fin de que no sean tenidas en cuenta por el tribunal. No en vano, se trata de los documentos que evidencian de forma más contundente la trama que planificaba supuestamente la concesión de las adjudicaciones urbanísticas.

Un diálogo mantenido por teléfono entre Muñoz y García el 12 de marzo de 2009, por ejemplo, pone en evidencia la animadversión que ambos tenían contra la interventora del ayuntamiento, Carol Sanjurjo, a quien el exalcalde llama "imbécil", "asquerosa" e "hija de puta" porque, según subraya la Fiscalía, esta funcionaria les estaba poniendo problemas para sacar adelante el denominado proyecto Pallaresa. En concreto, el informe de la interventora era necesario para llevar a cabo las modificaciones urbanísticas que pretendía realizar el ayuntamiento en torno al citado complejo de hotel, zona comercial y viviendas.

El proyecto Pallaresa sufrió dos modificaciones urbanísticas desde que fue aprobado en 2001 por la antecesora de Muñoz en el cargo, pasando de ser una zona comercial, de viviendas protegidas y con un hotel de cuatro estrellas, a un área con pisos libres, un hotel de tres estrellas el doble de grande y locales comerciales a petición de los adjudicatarios. Según el exalcalde, el proyecto inicial no era muy razonable, porque Santa Coloma no tiene suelo y los jóvenes se van fuera porque no había viviendas libres, además de porque el hotel planificado inicialmente no tendría demanda y la zona comercial tampoco, debido a que había centros similares a menos de un kilómetro.

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Un relación muy cercana

Las conversaciones han puesto en evidencia asimismo la relación tan cercana que mantenían García y Muñoz en ese tiempo, a pesar de que este último ha asegurado en todo momento durante el interrogatorio de la Fiscalía que únicamente le unía con el primero una relación de amistad desde 1975, que en ningún momento trataban temas profesionales ni vinculados al ayuntamiento. Una decena de interceptaciones telefónicas muestran que, además de temas personales, ambos interlocutores trataban sobre los planes urbanísticos del proyecto Pallaresa. El propio Muñoz ha explicado que pagó las obras en sus viviendas en metálico con el dinero que le daba su madre, al tiempo que ha admitido que facturaba el pago a través de una empresa de su amigo García.

Según el ministerio público, el 25 de junio de 2001, el ayuntamiento sacó a concurso el pliego del proyecto Pallaresa. Seis meses después, el 19 de diciembre, el consistorio adjudicó la licitación a la unión temporal de empresas conformada por Proinosa —administrada por Singla—, Excover y Construcciones Riera, concesión condicionada a la aprobación del planeamiento urbanístico, gestión que se llevó a cabo en 2003, poco antes de la materialización de la compraventa de los terrenos, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2003. El 1 de febrero de 2002, las tres sociedades se unificaron en la mercantil Centre Comercial Gramanet. El 3 de noviembre de 2004 y el 17 de enero de 2005, el consistorio aprobó sendas modificaciones urbanísticas que conllevaron "variaciones sustanciales" en los pliegos "muy favorables" a los adjudicatarios.

En noviembre de 2003, Singla logró que sus socios en Centre Comercial Gramanet vendieran su parte a una empresa (Tultar) que él les propuso, sin confesarles que los terrenos se iban a revalorizar y "experimentar un incremento notable" ni que detrás de la mercantil compradora estaba Luis Andrés García. "Con esta venta, García logró hacerse, como había planificado, con el control de la adjudicataria", aunque para "ocultar su vinculación" puso como administrador único a Manuel Valera. Al mismo tiempo, Singla y García vendieron sus acciones "por un importe muy superior al de su adquisición" a la sociedad holandesa ARD Choille BV —controlada por Eugenio de Mora Olivella y el bufete Petrus, y considerada también como la mercantil utilizada por Oleguer Pujol para ocultar las comisiones obtenidas por la venta de las 1.152 oficinas del banco Santander—. La operación arrojó una plusvalía para Singla de 861.000 euros y para García, de 1,6 millones.

La Fiscalía entiende que García "ostentaba una situación de dominio dentro del ayuntamiento" debido a "la íntima relación personal que le unía a Bartomeu Muñoz y a Manuel Dobarco, responsable del área de Urbanismo", y que cuando conoció que se iba a desarrollar el proyecto Pallaresa "decidió intermediar tanto en su adjudicación y posterior transmisión como en la determinación de las modificaciones que iban a producirse en los usos urbanísticos". Posteriormente, negoció con otros intermediarios para vender los terrenos y obtener plusvalías a cambio de una comisión.

Una revalorización sospechosa

Según Anticorrupción, el alcalde de Santa Coloma, "prevaliéndose de su cargo" y "guiado por el mismo ánimo de lucro" que García, permitió que este último "marcara las directrices y pautas de ejecución de este proyecto urbanístico" para que este fuera adjudicado a Proinosa y se revalorizasen los terrenos aprobando "cambios de uso en condiciones muy ventajosas para el adjudicatario y lógicamente perjudiciales para los intereses públicos que representaba".

La Fiscalía considera que Muñoz era solo una parte de la trama Pretoria, encabezada por García —diputado autonómico del PSC entre 1980 y 1988, y conocido en el entorno empresarial por su capacidad de influencia sobre cargos públicos que decidían las adjudicaciones urbanísticas— y conformada también por el que fuera secretario de la Presidencia de la Generalitat de 1980 a 1990, Lluís Prenafeta, y el 'conseller' de Economía de 1990 a 1997, Macià Alavedra Moner. Estos dos últimos, según Anticorrupción, mantenían una "estrecha relación personal" con el entonces presidente catalán, Jordi Pujol i Soley.

Macià, a quien el ministerio público ha ofrecido un pacto, será el próximo en declarar antes de materializarse el acuerdo, para el que la Fiscalía exige el reconocimiento de los hechos y la devolución del dinero ilícitamente embolsado por el exconsejero de la Generalitat.

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