La Fiscalía ofrece un pacto al consejero de Economía de Pujol en el caso Pretoria
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El ministerio público pretende oír al acusado

La Fiscalía ofrece un pacto al consejero de Economía de Pujol en el caso Pretoria

El ministerio público, que pretende escuchar la declaración del acusado, ha propuesto al tribunal hacerlo así para ver si el procesado admite los hechos que le imputa la Fiscalía

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La Fiscalía ofrece un pacto al consejero de Economía de Pujol en el caso Pretoria

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que está abierta a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el exconseller de Economía desde 1990 a 1997 de Jordi Pujol i Soley, Maciá Alavedra Moner, en el marco del juicio de caso Pretoria, que comienza este lunes en la Audiencia Nacional. El ministerio público, que pretende escuchar antes la declaración del acusado, ha propuesto al tribunal hacerlo de este modo con el fin de ver si el procesado admite los hechos que le imputa la Fiscalía antes de concretar el acuerdo y conocer elementos que ayuden al resto de la vista.

Anticorrupción considera que Alavedra, junto a Lluis Prenafeta -secretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990-, desempeñaron "un papel relevante" en la "actividad delictiva desplegada" por la trama en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona, donde el mediador entre las empresas beneficiadas por la adjudicación de concursos públicos amañados y las administraciones locales, Luis Andrés García, ejercía su influencia.

En concreto, Alavedra y Prenafeta, según el ministerio público, "sabedores de la facilidad con la que se movía García en estos municipios y del ascendente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el anterior -García-, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos de desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron ganar los concursos".

La Fiscalía pide casi siete años de prisión para Prenafeta por un delito continuado de blanqueo de capitales y dos más de tráfico de influencias, además de la entrega de los 5,8 millones de euros obtenidos de modo ilegal; otros siete para Alavedra por los mismos ilícitos penales junto a la devolución de los 3,2 millones presuntamente sustraídos; y ocho para García por blanqueo y tres delitos de tráfico de influencias, además de la entrega de los 5,8 millones que supuestamente se llevó ilícitamente. Además, Anticorrupción también acusa a Bartolomé Muñoz Calvet, Manuel Dobarco Touriño, Manuel Valera Navarro, José Singla Barcelo, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip McMahan Bolich y María Lluisa Mas Crusells.

Además del de Alavedra, el ministerio público ha ofrecido un acuerdo a Carrillo, a Bolich y a Torres. Al primero también pretende escucharle en declaración judicial, no así a los otros dos, para los que pide seis meses de prisión y una multa de 2,2 millones y 315.000 euros respectivamente.

Algunas de las defensas, por su parte, han reclamado -durante la exposición de las cuestiones previas al inicio del juicio- la nulidad de las escuchas por falta de motivación y porque los hechos descritos por la Agencia Tributaria se delimitaban a dos operaciones inmobiliarias desarrolladas hasta 2006, pero las intervenciones se hicieron en 2009 por el supuesto principio de necesidad, lo que a juicio de Cristóbal Martell, abogado de García, provocan "una invasión" del mencionado principio así como "una investigación prospectiva".

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